Carlos Montemayor /IV y última

Recordar Acteal

Después de que el Ejército buscó tenazmente armas entre las víctimas y no entre los agresores; después de que realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas y ninguna en comunidades a las que pertenecían los agresores de Acteal, congruente con el propósito de distorsionar los hechos de la masacre, el 31 de enero de 1998, en Davos, Suiza, el entonces presidente Zedillo afirmó, aludiendo al EZLN: “no ha habido violencia entre el gobierno y este grupo. Desafortunadamente, ha habido violencia entre este grupo y otros grupos en Chiapas, y esto ha sido sumamente traumático, pero realmente albergo la esperanza de que, tomando en cuenta toda la situación que tenemos en el país, aliente a todos los involucrados en este problema a que regresen a la mesa de negociación y que tengamos un acuerdo para poder resolverlo”.

Estas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo, mas volvían a pasar por alto que las consecuencias políticas de la masacre de Acteal fueron descomunales en el aparato de gobierno por las renuncias del gobernador de Chiapas y del secretario de Gobernación. ¿Por qué un “pleito de indios” afectó a los gobiernos estatal y federal?

El 3 de enero de 1998, Emilio Chuay-ffet Chemor renunció a la Secretaría de Gobernación y lo remplazó Francisco Labastida Ochoa, quien en su discurso de toma de posesión, además de insistir en el carácter intercomunitario de los conflictos de Chiapas, apuntó lo siguiente:

“Es indispensable que demos forma jurídica a los propósitos planteados en San Andrés Larráinzar. Estos propósitos no están a discusión, reflejan en esencia el espíritu de lo que las partes buscamos; pero a este espíritu y a estos propósitos, en los cuales coincidimos, debemos darles expresión jurídica. Hay que transformar los pronunciamientos y los acuerdos en leyes; éstas no se conforman sólo con exposiciones de motivos: se integran con artículos que responden a técnicas jurídicas”.

Designar los acuerdos de San Andrés Larráinzar como los “propósitos planteados en San Andrés” fue un retroceso. El gobierno mexicano suscribió esos acuerdos, se comprometió; no firmó “buenos propósitos”, sino acuerdos. Pacta sunt servanda, decían los viejos romanos. Los pactos deben cumplirse. El nuevo secretario de Gobernación pareció confundir el desistimiento de un compromiso con el refrendo de un buen propósito, confusión que se avenía perfectamente con la estrategia gubernamental de negar al EZLN en los discursos oficiales y de afirmar de manera reiterada el carácter intercomunitario del conflicto de Chiapas.

Pues bien, la masacre de Acteal no fue la primera ni la única, habíamos dicho. La guerra contra las bases sociales del EZLN empezó en fecha temprana. Así lo demostró un relevante documento militar dado a conocer por el periodista Carlos Marín en la revista Proceso el 5 de enero de 1998, dos días después del discurso del nuevo titular de Gobernación.

Marín me hizo llegar el documento completo, que yo integro y analizo en mi novela Los informes secretos a partir del reporte, que tiene fecha del 25 de julio. No afirmo que el documento militar que me hizo llegar y que aparece en mi novela sea el que aplica actualmente el Ejército Mexicano, pero sí que se trata de uno de los documentos que sirvieron de base para la estrategia finalmente establecida.

El documento quedó elaborado entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 1994, y empezó a aplicarse cuando se celebraban las primeras reuniones de San Andrés, en 1995. Se compone de tres cuerpos principales. El primero es un estudio histórico firmado por el general de brigada José Rubén Rivas Peña, en ese momento destacado en el cuartel de Rancho Nuevo; ese estudio funge como un diagnóstico social del estado. El segundo, sin firma, es un amplio análisis de los contingentes, localización y opciones militares y políticas del EZLN. El tercero, más voluminoso, también sin firma, contiene las cuatro fases de un plan de guerra del Ejército en Chiapas.

En la sección llamada “Plan General de Maniobras Estratégicas Operacionales para destruir la estructura política y militar del EZLN y mantener la paz” se describe un apartado de Asesoramiento para grupos paramilitares. Esa sección del documento dice así: “El Plan de Asesoramiento describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo... En caso de no existir fuerzas de autodefensa civil, es necesario crearlas”.

En otro apartado titulado “Segunda Fase de la Campaña Ofensiva” se enlistaron varios procedimientos en cuatro principales bloques. Éstos son datos exactos del primero: “En esta fase las operaciones se conducirán en cuatro etapas. Primero, la suspensión de las garantías individuales en la entidad. Esto se efectuará con el desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales. Con la neutralización de la organización y actividades de la diócesis de San Cristóbal de las Casas... Con la muerte o control de ganado equino y vacuno. Con la destrucción de siembras y cosechas. Con el empleo de grupos de autodefensa civil y la suspensión, en el área de influencia del EZLN, del correo, telégrafo y teléfono”.

El “desplazamiento forzado de la población” y el empleo de “grupos de autodefensa civil” o grupos paramilitares resultan esenciales como contexto de los discursos que intentaban distorsionar los hechos de la masacre de Acteal. La masacre no fue un drama de conflictos intercomunitarios, sino un grave error en el plan militar que el gobierno de México instrumentó para socavar las bases sociales del EZLN; un error, además, previsible. Fue, pues, un grave error de Estado.

Para comprender la firmeza de los planes militares en la creación, entrenamiento y pertrechamiento de los grupos paramilitares mencionemos otro hecho. Tres años después, con notable “retraso”, se efectuó el primer operativo policial de desarme en Chenalhó, exactamente en Los Chorros, la principal comunidad de los que perpetraron la masacre. A las 5 de la mañana del 12 de noviembre del año 2000, dos centenares de elementos de la PGR pertenecientes a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados se presentaron en esa comunidad. Fueron repelidos por la población, atacados con armas de fuego y perseguidos hasta Majomut, donde los paramilitares de ese sitio habían puesto un retén exactamente frente a una base militar, que presenció con indiferencia, por decir lo menos, las agresiones a los elementos de la PGR. Es decir, el Ejército Mexicano permitió de buen grado que los paramilitares atacaran a elementos del propio Estado mexicano. Esta información no fue difundida. La omite la propia PGR en su boletín número 591/00, del 11 de noviembre de 2000. Hay sólo un pasaje sugerente en la edición del periódico Cuarto Poder del día 13 de noviembre del año 2000, en la página 21, donde se narra lo siguiente:

“Cinco kilómetros antes de Los Chorros, cerca de Majomut, otro grupo indígena bloqueó el camino con piedras, un camión de volteo, una combi del ayuntamiento y otro vehículo más. Y otra vez hubo forcejeo entre policías y campesinos. No llegaron a ningún arreglo, a pesar de que ahí se encontraban funcionarios del ayuntamiento de Chenalhó. Los judiciales abrieron paso por la fuerza, empujando camiones y levantando los obstáculos del camino. En ese tramo, ubicado junto a una base militar, por segunda ocasión los judiciales hicieron disparos al aire para dispersar a los pobladores. De entre el monte se escuchó que los indígenas respondieron a balazos. Ahí se reportó que resultó herido un campesino en un brazo”.

Es ilustrativo el comportamiento solidario y permisivo del Ejército Mexicano con los grupos paramilitares, incluso cuando atacaron a policías federales. Es significativo el esmero con que las autoridades se refieren a los paramilitares: el Ejército los llama grupos de “autodefensa civil” y la PGR “probables grupos civiles armados”. Estamos ante una estrategia de guerra, no ante un episodio de “pleitos de indios”. En este contexto se explica que la policía del estado haya tratado de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la mañana del 23 de diciembre de 1997 y después, al menos, intentado alterar los hechos de la masacre. Así se explica la aparente actitud errática de los discursos presidenciales antes y después de la matanza. Así se explica que la policía del estado y el Ejército hayan apoyado, por omisión o acción, a los grupos paramilitares antes, durante y después de la masacre. Así se explica que el Ejército haya emprendido una agresiva campaña de desarme entre las víctimas, no entre los agresores. Así se explica la renuncia inmediata de los altos funcionarios estatales y federales. Así se explica la administración de la guerra en Chiapas, no su solución política. Así se explica el surgimiento y perseverancia de grupos paramilitares en el Chiapas de ayer y hoy.