Usted está aquí: viernes 28 de diciembre de 2007 Sociedad y Justicia Crisis inminente en el modelo de gestión del agua, alertan expertos

Resulta anacrónica la política de solventar el abasto mediante el incremento de la extracción

Crisis inminente en el modelo de gestión del agua, alertan expertos

La “creciente escasez relativa de los recursos hidráulicos es precursora de un aumento de la tensión social”, señalan

Se requiere mejorar radicalmente la eficiencia en el uso del líquido

Laura Poy Solano

Ampliar la imagen Una fuga de agua se inició el martes pasado en la entrada al puente vehicular de República Federal casi esquina con Zaragoza, en la delegación Iztapalapa, el cual permanece cerrado para que trabajadores efectúen la reparación del desperfecto Una fuga de agua se inició el martes pasado en la entrada al puente vehicular de República Federal casi esquina con Zaragoza, en la delegación Iztapalapa, el cual permanece cerrado para que trabajadores efectúen la reparación del desperfecto Foto: Alfredo Domínguez

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) alertaron que de continuar en México con una política hidráulica y de gestión del agua con un enfoque centrado en incrementos sucesivos de la disponibilidad cubierta por crecientes extracciones podría profundizarse un escenario de crisis.

En su informe Agua. Seguridad nacional e instituciones. Conflictos y riesgos para el diseño de políticas públicas, advierten que ante las crecientes “fricciones y enfrentamientos” entre gobiernos municipales y estatales, así como entre entidades y la Federación, es evidente que se “alcanzó un límite bajo el modelo predominante de gestión del agua”.

La insuficiencia “relativa” del líquido en el país, afirman, genera competencia y conflicto entre los actores que intentan lograr una mejor posición en relación con el acceso y el aprovechamiento del recurso.

Las manifestaciones de su escasez son “múltiples, pues por un lado destacan segmentos poblacionales que no tienen acceso a los servicios de agua, en particular en las regiones rurales, mientras que en los ámbitos urbanos subsisten núcleos cuyo acceso está restringido en las cantidades o la calidad de los flujos que pueden consumir”.

El informe revela que frente a una creciente demanda del líquido los ajustes tarifarios tendrán un efecto “limitado” si se carece de una estrategia para que el nivel federal de la gestión del recurso pueda establecer mecanismos de coordinación más eficientes, tanto en los ámbitos estatales y municipales, a nivel de las iniciativas de leyes estatales y la promulgación de bandos, pues de lo contrario las “iniciativas de tarifación no tendrán mayores efectos sobre el consumo nacional de agua”.

La investigación, coordinada por Roberto Constantino Toto, catedrático del Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco, señala que la persistencia de relaciones sociales conflictivas en torno al agua es más frecuente en localidades donde prevalece un estrés hídrico mayor. Por ello, revela que una condición de “escasez relativa creciente de los recursos hidráulicos es precursora de una creciente tensión social”.

En México, señalan los expertos, es urgente una transición en la política de gestión de los recursos, pues tradicionalmente tiene como base incrementar la disponibilidad de abasto a partir de crecientes extracciones, pero en la actualidad este esquema de aprovechamiento es “anacrónico y socialmente insuficiente”.

Por ello, destacan, la transición en la política de gestión del agua no sólo es necesaria para alcanzar un abasto suficiente a nivel nacional, “también porque debe ser incrementada la eficiencia con que la sociedad emplea este recurso”.

El riesgo implícito de una disminución en la capacidad institucional para garantizar la estabilidad del abasto de agua en las cantidades y calidad necesarios para garantizar el desarrollo social y el patrón de crecimiento económico, alerta el informe, resalta el tema del agua, “que por sus implicaciones en el bienestar nacional y la articulación social, debe ser considerado una prioridad para reducir la probabilidad de conflictos crecientes que comprometan las prácticas sociales”.

 
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