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Carlos Beas Torres

La impunidad, crimen de Estado

Al cumplirse 10 largos años de la terrible matanza ocurrida en Acteal, los autores intelectuales y algunos de los asesinos materiales de este crimen que conmovió a la opinión pública aún no han sido castigados. A pesar de los argumentos endebles de un puñado de intelectuales ligados al poder, es evidente que el operativo que le costó la vida a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fue realizado por un grupo entrenado para matar. Antes de este crimen, varios prestigiados organismos de derechos humanos y personalidades ya habían denunciado la existencia en Chiapas de grupos paramilitares adiestrados por militares e incluso por mercenarios extranjeros. Es obvio que ninguna autoridad actuó para evitar la matanza.

En Acteal, como ocurrió en Aguas Blancas, El Charco, Atenco o en Oaxaca, altos funcionarios gubernamentales y mandos policiacos y militares ordenaron acciones represivas que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos de cientos o miles de mexicanos. Sin embargo, y a pesar de las numerosas denuncias realizadas, los responsables de los atropellos han sido protegidos.

Esta protección en nuestro país no es un hecho aislado, es ya una política de Estado, por la cual a criminales responsables de decenas de muertes, detenciones arbitrarias y torturas, se les ha brindado cobertura, lo cual les permite seguir violando sin temor alguno las garantías y derechos de los ciudadanos.

El caso de Lydia Cacho es un ejemplo de la forma como opera la justicia en México; en donde funcionarios como el gobernador Marín obtienen protección a pesar de que es pública su relación directa en actos de corrupción y en abusos en contra de una ciudadana mexicana. Es indignante que con los impuestos que paga el pueblo de México sea mantenida la onerosa nómina de magistrados y ministros de la Suprema Corte de justicia –si con minúscula–; quienes con la resolución emitida en este caso envilecen aún más al sistema judicial mexicano.

La impunidad en México provoca una profunda crisis en el sistema judicial y contribuye, sin lugar a dudas, a que grandes sectores de la población de nuestro país no crean en el llamado estado de derecho. La ley se aplica con rigor a los rebeldes de Atenco o de Oaxaca; a los criminales que han ordenado masacres, torturas y otros delitos de lesa humanidad, se les retribuye con nuevos cargos y protección. Bonito país.

Es evidente que en México no son respetados los derechos humanos, como tampoco merecen la mínima atención de las autoridades, los informes de prestigiados e imparciales organismos internacionales, los cuales una y otra vez, por ejemplo en el caso de Oaxaca, han referido violaciones extremadamente graves en la integridad de cientos de personas. En un país básicamente democrático, hechos como los que han conmovido a la opinión pública, sin lugar a dudas hubiesen dado lugar a investigaciones, destituciones y castigo para los funcionarios responsables de los mismos. En Oaxaca, movilizaciones masivas y 26 muertos no han servido siquiera para castigar a un siniestro jefe policiaco del ayuntamiento de la capital del estado, el cual sigue actuando sin el mínimo respeto a la ley.

Mientras en nuestro país no sean llevados ante la ley y castigados con rigor los responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos, México no transitará hacia un régimen de convivencia democrática. Seguiremos siendo una nación donde una partida de truhanes y bandidos se han apoderado del aparato estatal para saquear al país y para contener con el garrote los justos reclamos de los mexicanos.

Crímenes como los cometidos el 2 de octubre de 1968 o el 10 de junio de 1971, las muertes de Ernestina Ascensión o de Digna Ochoa; las matanzas que han segado la vida de humildes campesinos, hombres y mujeres indígenas en Chiapas, Oaxaca o Guerrero; o los atropellos como los sufridos por la gente de Atenco, Oxcum o El Ciruelo, no sólo no deben de ser olvidados, deben de ser enérgicamente castigados para no alentar la impunidad. De otra forma se permitirá que criminales con cargo público violen de manera cínica y recurrente los derechos de los ciudadanos, y que hechos tan brutales como el asesinato masivo de niños y de mujeres mientras rezaban, se repita de nuevo. No queremos un nuevo Acteal.

 
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