Usted está aquí: lunes 31 de diciembre de 2007 Estados Siquiátrico público de Tamaulipas cobra hasta 20 mil pesos al mes

Madre de un enfermo rechazado dice que los familiares también deben pagar medicinas

Siquiátrico público de Tamaulipas cobra hasta 20 mil pesos al mes

El director de la institución se deslinda; las tarifas se fijaron en la anterior administración, dice

Personas con desórdenes mentales merodean escuelas de educación básica, advierten padres

Julia Antonieta Le Duc (Corresponsal)

Ampliar la imagen Enfermos mentales viven en las calles de Matamoros, a falta de instituciones donde puedan recibir atención médica gratuita Enfermos mentales viven en las calles de Matamoros, a falta de instituciones donde puedan recibir atención médica gratuita Foto: Julia Antonieta Le Duc

Ampliar la imagen Villas siquiátricas con todos los servicios permanecen vacías debido a que las familias de los pacientes no pueden pagar las tarifas fijadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas Villas siquiátricas con todos los servicios permanecen vacías debido a que las familias de los pacientes no pueden pagar las tarifas fijadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas Foto: Julia Antonieta Le Duc

Matamoros, Tamps., 30 de diciembre. Como si fuera una institución privada, el Centro Estatal de Salud Mental, ubicado en la zona rural de Matamoros, exige hasta 20 mil pesos para aceptar pacientes canalizados por hospitales públicos, sin importar que sus familias sean de escasos recursos.

Trabajadoras sociales del nosocomio, formado por ocho villas siquiátricas ubicadas en el ejido La Gloria, informan a los parientes de los enfermos que la cuota por ingreso es de 3 mil pesos, más una mensualidad que, según el tratamiento que necesite el paciente, llega a 17 mil pesos.

Marta Sánchez Cruz, obrera, recuerda que por falta de dinero el centro rechazó a su hijo, José Antonio Amaro, a quien Enrique Sánchez de la Barquera, siquiatra del Hospital Civil de Matamoros, le diagnosticó esquizofrenia.

“Antes de que siquiera vieran a mi hijo me informaron que tenía que pagar 3 mil pesos para darle ingreso, más una mensualidad que podía ser de 7 mil, 10 mil o 17 mil pesos, de acuerdo con el tratamiento que necesitara, que no incluye los medicamentos, porque ésos los tenemos que llevar nosotros”, denunció.

Sánchez Cruz, habitante de la colonia La Amistad, una de las más pobres de Matamoros, dice estar desesperada, ya que el estado de su hijo pone en riesgo su propia seguridad y la de otras personas, especialmente la de su hermana Dora Luz, de cuatro años, quien ha sido víctima de varias agresiones. Esta situación ha obligado a la mujer a amarrar a su hijo a un árbol.

“Ya no lo puedo tener en casa. Por eso estoy pidiendo el apoyo del centro siquiátrico, pero con esas cantidades que me piden prácticamente me están cerrando la puerta, pues ni con trabajos puedo juntar los 3 mil del ingreso, menos el otro dinero que quieren por mensualidad, más el tratamiento.”

Juan Héctor Ortega, director del complejo médico inaugurado en el último año del sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba, señaló que fue la Secretaría de Salud de Tamaulipas la que estableció los tabuladores que condicionan el ingreso al nosocomio.

“A las familias se les realiza un estudio socioeconómico para establecer sus condiciones y ver cuánto pueden pagar por los servicios que se les prestan, que son muy calificados, ofrecidos por especialistas de primer nivel, y tienen como propósito lograr para nuestros pacientes una rehabilitación integral”, agrega.

Según el portal de la Secretaria de Salud (www.salud.tamaulipas.gob.mx), en el estado existen sólo dos nosocomios especializados para personas con enfermedades mentales: el Hospital Siquiátrico de Tampico, en el sur de la entidad, y el Centro Estatal de Salud Mental, en Matamoros. “Los pacientes que padecen de cuadros agudos, recaídas o requieren de hospitalización son canalizados a instituciones más especializadas con equipos multidisciplinarios, y al ser dados de alta son contrarreferidos al módulo de salud mental que realizó la remisión”, de acuerdo con la versión oficial.

La dificultad para cumplir los requisitos obliga a los familiares de los pacientes a tenerlos en casa, aun atados, como ocurre con José Antonio Amaro. Otros optan por dejarlos que deambulen por las calles, lo que pone en peligro su vida y la de otros.

Efraín Elizalde Villa, jefe de seguridad escolar de la Secretaría de Educación, ha escuchado a padres de familia y maestros de escuelas públicas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad quejarse de los enfermos mentales que merodean los planteles.

“Ya pedimos el apoyo de todo mundo, del DIF (Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia), del sector salud, de la presidencia municipal, para que alguien nos apoye, pero nada: siguen llegando estas personas que están mal, que se desnudan o agreden a los padres, incluso a los niños, porque no hay un control o una institución que los atienda desinteresadamente”, concluye.

 
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