Los asesinos de Acteal: ¿por qué este caso y no otros?
Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González en su artículo “Acteal: algunos trasfondos del debate” (La Jornada, 22/12/07) hacen cuestionamientos pertinentes sobre el intento revisionista de la matanza de Acteal. Se preguntan por la intención de los defensores de los asesinos ya sentenciados: “¿por qué luchar por la vía jurídica, si como dicen hay tantas fallas en el proceso?”
El pasado 17 de diciembre, en conferencia de prensa organizada por Ricardo Raphael, dirigente de la asociación política nacional Alternativa Ciudadana, los defensores de los asesinos presentaron su caso a la prensa capitalina. El director del área de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) explicó que esa institución pública –dependiente de la Secretaría de Educación Pública, (SEP)– tomó la defensa porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. Se trata de demostrar, dijo, mediante este ejemplo gravísimo, que los sistemas mexicanos de investigación criminal, procuración de justicia y castigo de los delincuentes son completamente inadecuados.
En abstracto, esta explicación del CIDE responde sobradamente el cuestionamiento de Camacho y Lomelí. Pero nos deja mal sabor de boca. Sucede que hay muchos otros casos paradigmáticos que se ajustarían a los criterios del CIDE. ¿Por qué tomar este caso y no otros? El CIDE no dijo nada cuando se cuestionó esto en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque responder develaría necesariamente la afiliación política de la defensa y le haría perder la aureola de defensores puros de la ley con que se presentan.
La defensa de los asesinos ha tratado de velar su identidad política, pero hay suficientes elementos públicos que nos la muestran. Ya Luis Hernández Navarro documentó el pacto político entre Hugo Eric Flores Cervantes (profesor del CIDE, dirigente de una asociación política nacional de filiación evangélica y origen intelectual de la versión de la defensa) con el PAN durante la campaña presidencial de 2006 (“Dios los hace y la Presidencia los junta”, 24/12/07). Ese pacto incluía revisar el estado procesal de los expedientes de la matanza de Acteal. Calderón ha cumplido: la revisión la ha hecho el CIDE. Pero hay más. Se argumenta que ante la manifiesta inocencia de muchos de los indígenas sentenciados es éticamente imposible desdeñar este caso por ser “políticamente incorrecto”. Esto, en referencia a que lo “socialmente aceptable” en Chiapas es atacar al gobierno y a sus aliados en la lucha contra zapatistas y otros opositores. Esto lo ha manifestado en muchas ocasiones la abogada Ana Laura Magaloni, cabeza de la clínica jurídica del CIDE. El mismo día de la conferencia de prensa organizada por Alternativa Ciudadana, en el programa Espiral que conduce Raphael en Canal 11 (emisora pública del Instituto Politécnico Nacional, otro organismo de la SEP federal) aparecieron, en calidad de colaboradores, los abogados del CIDE y Héctor Aguilar Camín. La conducción de Raphael facilitó que Magaloni presentara el caso judicial mientras Aguilar Camín desplegaba el caso político, incluida su ya muy trillada interpretación de que los zapatistas son los responsables últimos de toda la violencia ocurrida en Chiapas desde 1994. Lo más interesante de la emisión, sin embargo, fue la clara afirmación de Magaloni de que a partir de las pruebas existentes en el expediente no es posible hablar de la existencia de grupos paramilitares en Chenalhó. Esta misma posición la manifestó de nuevo, el mismo día, en Contrapunto (Canal 2 de Televisa), donde ella se presentó junto con Raphael en una mesa moderada por Denise Maerker y en la que ambos debatieron con Luis Hernández Navarro.
Una semana antes, Magaloni y Aguilar Camín habían aparecido como entrevistados, manifestando las mismas posiciones, en el reportaje sobre la inocencia de los asesinos sentenciados que realizó el martes 11 de diciembre el programa El Rotativo, de Canal 22, otra emisora pública (dependiente del CNCA, también organismo de la SEP y, por cierto, frecuencia ligada históricamente al grupo Nexos que encabeza Aguilar Camín). De hecho, el anuncio de la conferencia de prensa de Alternativa Ciudadana se dio en esa emisión de El Rotativo. Estamos, pues, ante una liga o coalición de organismos públicos federales (CIDE, Canal 11, Canal 22) e intelectuales involucrados directa o indirectamente en política partidista y pública (Raphael como parte de Alternativa Ciudadana y ombudsman del televidente en Canal 11, y Aguilar Camín como consejero áulico de ya varias presidencias). Con la excusa de un caso paradigmático, esta coalición desliza en cadena nacional una y otra vez dos especies: una, que el neozapatismo es el generador original de la violencia en Chiapas; otra, que es imposible demostrar legalmente que haya habido (y haya) grupos paramilitares en Chiapas. Recapitulemos ahora. ¿Por qué defender a los asesinos de Acteal y no a las muchas decenas de perredistas, zapatistas y opositores que, en los mismos años, fueron (y son) acusados incorrecta y frívolamente por las procuradurías estatal y federal? Éstos también podrían ser casos paradigmáticos de acuerdo con los criterios del CIDE. Respuesta: porque el caso paradigmático de los asesinos de Acteal es la única causa penal seria abierta en contra de los paramilitares y la única que tendría el potencial de demostrar la responsabilidad política del Ejército Mexicano y del gobierno de la República en la campaña contrainsurgente desplegada desde 1994 (y hasta nuestros días) contra el zapatismo chiapaneco.
La defensa de los asesinos correctamente diagnostica que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) es defectuosa, que su versión de los hechos no se sostiene y que, ante la duda, debería haber imperado el principio garantista de in dubio pro reo. Hasta aquí, nadie en su sano juicio se opondría a tal exposición. Pero notemos cómo los defensores de la revisión histórica deslizan otra idea: que de las pruebas recabadas por la PGR tampoco puede demostrarse la existencia de grupos paramilitares. Efectivamente, si la acusación no puede demostrar la culpabilidad de los autores materiales, mucho menos podría demostrar que éstos formaban una asociación delictuosa (grupo paramilitar) ni la colusión de servidores públicos con ese grupo armado. Por cierto, este defecto de la acusación fue el único reconocido por los tribunales federales cuando en apelación eliminaron la imputación de asociación delictuosa en 1998; hecho que Las Abejas ha venido denunciando desde entonces.
Lo sospechoso es que ni el CIDE ni Canal 11 ni Canal 22 ni Raphael ni Aguilar Camín reaccionan de la misma manera ante esa también terrible injusticia. No hay en su discurso un reclamo consistente, ni serio, para que se investigue la existencia de los grupos armados que operaban y operan en contra de los zapatistas y de cualquier opositor al gobierno. No nos extrañemos: estas personas no pueden asumir esta actitud porque a quien defienden es precisamente a quien es responsable último de la política, violatoria de la ley, la Constitución y los derechos humanos, que fomentó a esos paramilitares.
* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas