Aparecen autoridades estatales junto con el Ejército
ONG denuncian hostigamiento contra campesinos de Ocosingo
Diversas organizaciones sociales, encabezadas por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Fundación Diego Lucero, denunciaron que la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) del ejido El Carrizal, en Ocosingo, Chiapas, ha sufrido amenazas e intimidaciones del gobierno estatal, por lo que emitieron una acción urgente para que se garantice la seguridad e integridad física y sicológica de campesinos de la región.
En el documento, dirigido a los gobiernos federal y estatal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Poder Legislativo federal, a la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONG explican que los días 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2007 una avioneta sobrevoló permanentemente el ejido mencionado, “lo que causó preocupación entre los pobladores, ya que podría ser la señal de una incursión policiaco-militar”.
Denuncian que el 25 del mismo mes los vuelos se reanudaron, además de que de manera sorpresiva apareció en El Carrizal el subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, Alejandro Gamboa, y otros representantes gubernamentales a “solicitar que se reiniciara la mesa de negociación para resolver un conflicto agrario” entre la OCEZ y la Organización de Caficultores de Ocosingo.
Sin embargo, la presencia de los representantes del gobierno estatal –señalaron las ONG– se dio con la presencia de un importante número de militares y policías, por lo que existe preocupación ante una posible irrupción represiva.
“Integrantes de la OCEZ han sufrido hostigamiento, y para criminalizar su lucha y confundir a la opinión pública, los gobiernos federal y estatal han tratado de fabricarles delitos y vincularlos con grupos armados para justificar la represión”.
“La situación de militarización en Chiapas es preocupante”, por lo que exigieron además “el cese del hostigamiento del Ejército; que se informe oficialmente de las acciones tomadas por las autoridades; el cese de amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana, y que las autoridades se apeguen a pactos y tratados internacionales en materia de garantías fundamentales ratificados por México.