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Estudio sindical revela precarias condiciones laborales de migrantes mexicanos

Sufrir múltiples abusos, destino de los trabajadores temporales en Canadá

Denuncian incumplimiento de contratos, violencia y falta de apoyo de autoridades consulares

José Antonio Román /II y última

Al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en Canadá se suma el de empleados extranjeros “no calificados”, que ofrece aún menos protección para los trabajadores temporales, situación que se ha extendido a otras industrias como los sectores de servicios, salud, construcción e incluso a campos petroleros en la provincia de Alberta.

El Sindicato de Trabajadores Unidos de la Alimentación y del Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) señala que con este nuevo programa los empleadores tienen todavía menos obligaciones respecto de las condiciones de vida y de trabajo que aquellos que participan en el contrato del ya conocido PTAT

Con su aplicación se ha hecho presente el riesgo de crear animosidad en los lugares donde los participantes del PTAT y los trabajadores extranjeros “no calificados” laboren juntos con diferentes reglamentos y prestaciones. Por ejemplo, los salarios y los costos de vivienda va-rían entre los dos programas.

En su reporte La situación de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá 2006-2007, la organización sindical –que agrupa a 240 mil trabajadores canadienses de la industria de la alimentación– advierte que el movimiento laboral considera que este nuevo programa, aprobado y facilitado por el gobierno local a escala nacional, servirá para degradar las condiciones de trabajo y los salarios en el país.

“La verdadera solución para los problemas del mercado de mano de obra e incremento de la competitividad es capacitar mejor a los trabajadores nacionales y lograr reformas en el sistema de inmigración”, además de que todas estas iniciativas están destinadas a beneficiar a los granjeros y empleadores, dejando de lado los más elementales derechos laborales.

Aun cuando reconoce que ambos programas proporcionan a los países de origen –entre ellos México, Jamaica, Trinidad y Tobago y otras naciones caribeñas– oportunidades de empleo temporal para muchos ciudadanos, que sería muy poco probable que pudiesen encontrar un puesto con un salario similar –entre ocho y nueve dólares la hora, según el contrato– en su país de origen, lamenta que no existan incentivos para mejorar las condiciones laborales y salariales.

Los trabajadores migrantes que llegan a Canadá, sean o no calificados, saben que deberán trabajar duro. Sin embargo, no esperan –ni deberían esperar– que ocuparse en ese país signifique que sus derechos sean vulnerados por los empleadores solamente porque no son ciudadanos canadienses, señala el sindicato, que desde hace más de una década ha tenido un papel creciente en la defensa de los derechos laborales de los migrantes.

En su reporte presenta una larga y detallada lista de problemas a los que se enfrenta el trabajador, entre los cuales están el incumplimiento de contratos, maltrato y violencia, descuentos no aclarados, repatriaciones ante el reclamo de derechos, retención de documentos por el empleador, viviendas inadecuadas y discriminación de autoridades federales. Todas esto ocurre en las provincias de Ontario, Quebec, Manitoba, Columbia Británica y Alberta, principalmente.

Señala que aun cuando los centros de apoyo al trabajador reciben muchas de estas denuncias, el UFCW Canadá señala que existen muchos conflictos y que las anomalías siguen sin ser sancionadas debido a que los trabajadores no pueden comunicarse con los puntos de atención, no están enterados de sus derechos o temen la repatriación ante cualquier reclamo.

El presidente nacional del UFCW, Wayne Hanley, ha señalado que los consulados mexicanos tienen una actitud más cercana a los intereses de los empleadores que a los de los trabajadores migrantes, por lo cual muchos de éstos prefieren acercarse a la organización sindical y no a su representación consular, situación que se confirma con un reporte de la Comisión de Población y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, tras una visita realizada a varias provincias canadienses para revisar la situación de los trabajadores temporales mexicanos.

Subraya que, con frecuencia, los empleadores intimidan y coaccionan a los trabajadores migrantes para que les entreguen sus pasaportes y tarjetas de salud tan pronto llegan a Canadá.

En algunos casos, los funcionarios del consulado también presionan a los trabajadores para que firmen formularios de consentimiento, mediante los cuales se autoriza a los empleadores agrícolas a retener sus documentos.

Esta medida es no sólo paternalista y discriminatoria, sino abiertamente ilegal. Cada empleado debe tener acceso a un casillero en el cual pueda guardar en forma segura sus bienes de valor, incluyendo sus documentos personales.

Entre las recomendaciones presentadas por el UFCW para mejorar los programas temporales está crear un procedimiento de apelación transparente e imparcial antes de tomar cualquier decisión de repatriación; que el contrato incluya y respete el derecho de los trabajadores a la libre asociación y a la negociación colectiva; publicar las estadísticas en las que el gobierno canadiense se basa para determinar el salario anual que debe pagar a los trabajadores, y hacer cumplir la ley que marca que los migrantes deben recibir el mismo salario promedio que los canadienses.

Además, plantea la necesidad de inspeccionar todas las viviendas de los trabajadores antes y después de su ocupación, así como revisiones sorpresa e inclusive despedir a empleadores participantes en el PTAT que no cumplan las normas exigidas respecto de mantener viviendas adecuadas, y reconocer al UFCW como un socio igualmente legítimo en las negociaciones del acuerdo del programa de trabajadores agrícolas temporales.

 
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