Usted está aquí: sábado 5 de enero de 2008 Política Tardía y tibia respuesta de la cancillería a nueva norma contra mexicanos en EU

Señala que esa ley “no contribuye a resolver el tema de la migración laboral”

Tardía y tibia respuesta de la cancillería a nueva norma contra mexicanos en EU

Los consulados intervendrán en cualquier situación que vulnere derechos, expresa

De la redacción

Ampliar la imagen En Chihuahua, un indocumentado camina a unos metros del cauce del río Bravo, que ha servido de frontera entre México y Estados Unidos En Chihuahua, un indocumentado camina a unos metros del cauce del río Bravo, que ha servido de frontera entre México y Estados Unidos Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó cuatro días después de la entrada en vigor de una nueva ley antimigrante en Arizona, Estados Unidos, con una crítica tibia. Medidas como ésta, aseveró, “no contribuyen a resolver el tema de la migración laboral entre ambos países”.

En un comunicado de cuatro párrafos, señaló que desde el primero de enero da “seguimiento puntual” al impacto que pudiera tener la llamada Legal Arizona Workers, que obliga a los patrones a verificar si sus empleados están autorizados para trabajar de manera legal en Estados Unidos mediante el uso de una base de datos federal conocida como E-Verify.

La cancillería aseguró ayer que los consulados en Phoenix, Tucson, Nogales, Douglas y Yuma intervendrán en cualquier situación que vulnere los derechos de los trabajadores mexicanos, independientemente de su calidad migratoria.

Manifestó que medidas como la aprobada en Arizona no contribuyen a resolver el tema de la migración laboral y desconocen las aportaciones que hacen los migrantes a la sociedad y a la economía de esa nación.

Para sustentar esa afirmación citó resultados de estudios de la Universidad de Arizona, según los cuales la población migrante del estado contribuye con 2.3 mil millones de dólares a los ingresos fiscales estatales. De acuerdo con otras estimaciones, su poder adquisitivo ascendió a más de 4.3 mil millones de dólares en 2004.

La nueva disposición comenzó a aplicarse tras haber superado dos demandas en las cortes, interpuestas por grupos defensores de los derechos civiles, para tratar de frenar sus efectos. Esas agrupaciones consideran que la ley “castiga” a las empresas, al obligarlas a verificar la autorización de empleo de las personas.

 
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