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José Blanco

Aristegui

La salida de W Radio de Carmen Aristegui –la mejor comunicadora de México, según mi opinión, en la que no tomo en cuenta el género– es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público por encima del derecho a la libertad de expresión. El comunicado de prensa de la empresa radiofónica, entre otras cosas, dice: “el nuevo modelo de organización y trabajo que se viene implantando en W Radio es el mismo que funciona en 10 países de habla hispana con éxitos y liderazgos incontestables”; tal argumento es desmentido con la información que Carmen diera en su despedida: “nos vamos justo cuando mejor y más alto marcaban nuestros registros en rating y en audiencia, lo cual sólo es posible con una audiencia como la que usted conforma”.

Carmen se va porque su voz es un caso ejemplar de libertad de expresión y porque dio voz en libertad a ciudadanos de todo tipo que algo tenían que decir sobre temas candentes, algunos de los cuales la propia Carmen ha enumerado: “las elecciones presidenciales de 2006, el debate de la Ley de Radio y Televisión, la reforma electoral, los procesos judiciales contra el cardenal Norberto Rivera en Estados Unidos, los casos Zongolica y Lydia Cacho”. Recordó asimismo que en su emisión matutina se difundieron las llamadas telefónicas de los inefables Kamel Nacif y Mario Marín, y el reconocimiento que hiciera al trabajo de la Suprema Corte “donde puso por delante el tema del servicio público de los medios de comunicación y su sentido fundamental” para una vida democrática en México.

El debate sobre el liberalismo en nuestro país, con demasiado infortunio, se redujo a la descalificación de un “neoliberalismo” económico que ha acarreado desgracias sin fin a amplias zonas del planeta. Puesto en su contexto histórico, se habría podido ubicar en coordenadas más informadas y mucho más amplias. Los “liberalistas”, como los llama Luis Medina para referirse entre otros a quienes comúnmente llamamos neoliberales, acabaron abarcando en los hechos al liberalismo en todas sus facetas y sus historias diversas.

El liberalismo, para seguir a Medina, es una cultura. Agregaría, una cultura que ha formado parte central del ethos de todas las épocas de la historia conocida. Las posiciones, actitudes, idiosincrasias, resortes, del liberalismo, han sido muy anteriores a su propio nombre y pueden resumirse en una breve frase: la lucha por la libertad. Por eso el liberalismo, en perspectiva histórica, no es un conjunto de preceptos o “valores” ideológicos ahistóricos. Siempre han tenido un contenido distinto, porque diferentes han sido las condiciones opuestas a las libertades.

De otra parte, la Asamblea General 217 A (iii) de Naciones Unidas aprobó y proclamó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La Declaración fue recogida, ampliada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13, fracción 3ª, señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

De ahí pasó a casi todas las estructuras legales de los países democráticos. Ese derecho acaba de ser conculcado por la empresa de W Radio a Carmen Aristegui, a todos a quienes habría podido seguir dando esa libertad, y nos ha negado a todos sus oyentes el derecho a la información sobre asuntos centrales para la vida democrática y civilizada de este país, que ella era capaz de hallar y proporcionarnos.

La libertad de expresión y de opinión no es un derecho humano más; es un derecho sin el cual muy difícilmente pueden ejercerse los demás derechos humanos. Pero como todo derecho referido a la libertad es tema de debate, casi siempre referido a sus límites, por cuanto la vida en sociedad obliga a que el ejercicio del derecho de uno no afecte el de otro(s).

Los liberalistas sostienen, en breve, esta posición: la libertad de prensa es una extensión del derecho sobre la capitalización del trabajo personal, por lo cual todos tienen derecho a poseer una empresa de comunicación a condición de haberla creado y que se sostenga por el propio esfuerzo.

El pueblo como colectividad no representa al pueblo, sino la sociedad civil formada por una pluralidad autónoma de individuos. Considerando a éstos como origen de toda voluntad, sólo el derecho de propiedad privada posibilita la representación real de las opiniones particulares (http://es.wikipedia.org/prensa).

Es claro que esta posición está en contra del espacio radio eléctrico y de las ondas hertzianas como bien público concesionado. La superioridad para la sociedad del derecho a la libertad de expresión, sobre los derechos derivados de la capitalización hecha sobre un bien público, la resolvió adecuadamente la Corte y la ley correspondiente que, inexplicablemente, sigue sin ser publicada por el Ejecutivo. Esta tesis la ha defendido siempre Carmen Aristegui. Acompañémosla en esta lucha.

 
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