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Margo Glantz

Libertad de expresión y censura

Hagamos balance de Año Nuevo. ¿Se han cumplido las promesas hechas en 2007? Sí, sólo las negativas: el gasolinazo, falta de empleos, alzas en la tortilla, el huevo, el pan, las medicinas, el arroz, el frijol, las frutas y verduras, que casi siempre ostentan la etiqueta de calidad Made in USA para advertirnos que si esos productos hubiesen sido cultivados en México no tendríamos necesidad de importarlos y el campo mexicano no estaría en las condiciones desastrosas en que se encuentra, gracias a las medidas que nuestros ¿dirigentes? consideran pertinentes para convertirnos en un país perfecto, de cuento de hadas o de dibujos animados a la Disney, aunque bien sabemos que por más mayúsculas con que se escriba su nombre y mientras más bicentenarios suntuosos se preparen, más disminuida nos va quedando la patria.

Esta patria aureolada por el milagroso TLCAN que nos permitirá salir de la pobreza, según Felipe Calderón: “Como todo acuerdo de esta naturaleza presenta retos y oportunidades. Pero en general ha sido benéfico para los mexicanos”. Y agrega: “Ha permitido que nosotros como consumidores podamos contar con productos de mayor calidad y a mejores precios (¿?) , y al mismo tiempo ha permitido exportar más productos mexicanos (...) convirtiendo a nuestro país en el segundo proveedor de Estados Unidos y Canadá”. No se alude a la escalada de precios que encarece la vida ni a las medidas denigrantes que en Estados Unidos se toman contra los braceros. En cambio, hemos entrado en la fase de apertura total de nuestras fronteras a la importación de maíz, frijol, leche en polvo, maíz, azúcar, con la consecuencia de que estamos llegando a la pérdida total de soberanía, no sólo alimentaria, sino de identidad, proceso iniciado hace varios sexenios, pero en sólo un año de gobierno se incrementó el poder del Ejército sin que haya disminuido la violencia del narcotráfico, como si ese reforzamiento tuviese como único objeto maniatar a los ciudadanos.

En un solo año de gobierno hemos comprobado cada vez más que la fuerza de la Iglesia aliada con el Estado nos impulsa a caminar con pasos de cangrejo, como si la Guerra de Reforma no hubiese sucedido. En un solo año de gobierno hemos comprobado que los cambios prometidos son el retroceso, la abolición del Estado laico, de la educación pública y la más absoluta dictadura de los medios coludidos con las autoridades para invalidar cualquier intento de crítica o de avance de los derechos humanos.

No hace mucho nos congratulamos de la decisión de la Suprema Corte de acotar el poder de los medios de comunicación y sobre todo el de la televisión, pero, como si aún estuviésemos en el periodo virreinal, el resultado ha sido aplicar la regla: “Acátese, pero no se cumpla”.

Y es evidente, en el programa matutino de Carmen Aristegui, cancelado recientemente por la W y el Grupo Prisa por “una supuesta incompatibilidad entre distintas concepciones editoriales”, se comprueba la intención de instalar cada vez una mayor censura contra los periodistas honestos que nos informan con ecuanimidad de las distintas posiciones que los mexicanos tienen en distintos asuntos y nos permitían estar al tanto con mayor claridad de hechos siniestros que enumero aunque sean por todos conocidos: el combate a la corrupción de los funcionarios, de los diputados y senadores cualquiera sea el partido a que pertenezcan, la omnipotencia del Ejército en contra de los campesinos y la violación de las mujeres que encuentran a su paso, el hostigamiento que se hace a quienes tratan de exponer esos casos y defender a quienes han sido ultrajados, obviamente el caso de Lydia Cacho y el gobernador Mario Marín, con la sorprendente y vergonzosa actitud de la Suprema Corte, y la cauda de corrupción que conlleva y hace coincidir los distintos casos de pederastia cometidos por sacerdotes y soslayados por la alta jerarquía eclesiástica (Marcial Maciel, por ejemplo, para sólo mencionar un caso flagrante), o la protección a empresarios, como Jean Succar Kuri, acusado de ser traficante de drogas y de niños, los comportamientos sospechosos de varios funcionarios públicos, las incómodas presencias de los familiares de quienes gobiernan –hijos o hermanos–, y la cada vez mayor influencia de trasnacionales españolas que de repente me hacen pensar que en lugar de celebrar el bicentenario de nuestra independencia deberíamos subrayar el de nuestra cada vez más creciente dependencia.

 
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