Usted está aquí: jueves 10 de enero de 2008 Política EU: chicanería electoral

Jorge Eduardo Navarrete

EU: chicanería electoral

Iniciados ya los procesos de selección de candidatos presidenciales del duopolio partidista estadunidense, en un ambiente no exento de sobresaltos del que los medios han dado cuenta y analizado en forma exhaustiva, conviene ver qué ocurre tras bambalinas, es decir, lejos de los reflectores, en el más bien turbio ambiente de los organizadores electorales. Algunos medios se refieren de modo marginal a esta cuestión, menos atractiva, pero que puede resultar decisiva para llegar a un resultado que –como ha ocurrido en el pasado– no refleje la voluntad de la mayoría de los votantes. A lo largo de este año electoral, habrá que prestar atención, de cuando en cuando, a las peligrosas consecuencias para la salud y funcionalidad de la “gran democracia” del Norte del recurso al vasto arsenal en ella disponible de chicanería electoral.

En forma por demás oportuna apareció un libro que, de publicarse en México podría titularse Confesiones de un mapache. How to Rig an Election: Confessions of a Republican Operative, muestra la forma en que su autor, Allen Raymond, se movió en un mundo en el que “los trucos sucios son la norma”. La empresa de Raymond organizaba campañas de llamadas telefónicas a domicilios de electores blancos, urgiéndolos a votar por los demócratas con la voz del “habitante de un gueto negro”, o a trabajadores sindicalizados, con una voz de fuerte acento hispano. Otro recurso es llamar cientos de veces al mismo teléfono repitiendo el supuesto mensaje de un mismo candidato. Se suele también usar el remarcado automático para saturar las líneas del partido rival. Aunque parecen trucos inocentes, Raymond señala que son de uso sistemático, pues en su negocio, “los medios de comunicación son armas letales, sobre todo en las peleas sucias”. El autor se confesó culpable de “acoso telefónico” y purgó una condena de cinco meses, a cuyo término publicó su obra. Declaró que el Partido Republicano lo arrojó bajo las ruedas del autobús y después lo acusó de hacerse atropellar.

Los caucuses de Iowa constituyeron, en esta ocasión, un excelente ejemplo de la influencia del dinero privado en las campañas políticas. Estuvieron muy activos los llamados “grupos políticos independientes” –que, casi sin limitación, pueden obtener fondos de sindicatos, empresas o individuos opulentos– y a los que una decisión reciente de la Suprema Corte levantó la disposición que les prohibía hacer propaganda en los 30 días previos a los comicios. La prensa informó que “en las dos últimas semanas, los grupos independientes gastaron alrededor de 5 millones de dólares en el estado”. Los mensajes negativos difundidos fueron los predominantes: a menudo con alegatos no sustanciados de actitudes asumidas en el pasado por los precandidatos, sobre temas como los impuestos o el aborto. La Ley McCain-Feingold, orientada a reducir el papel del dinero en las campañas, prohibía este tipo de publicidad 30 días antes de una primaria y 60 antes de la elección general. Su anulación, predijo un experto, “significa que habrá más dinero, más anuncios y más saturación”. Fortune estima que el gasto total en la campaña electoral en 2008 puede rebasar los 3 mil millones de dólares, marcando un nuevo récord.

Esta situación se ve complicada por un hecho insólito. Se informó que la autoridad encargada de vigilar, regular y supervisar el torrente de gasto político-electoral, la Comisión Federal Electoral (CFE), dejó prácticamente de funcionar a principios del año, coincidiendo con el inicio de la temporada de primarias. El Congreso no ha logrado alcanzar un acuerdo para confirmar las designaciones hechas por el presidente Bush para integrarla, por lo que tiene ahora sólo dos de seis miembros y no puede reunir el mínimo de cuatro votos necesario para adoptar decisiones. El personal técnico –375 auditores– continúa laborando, pero todas las materias que corresponde decidir a los comisionados continuarán en suspenso. Destaca entre ellas la relativa a decidir si deben investigarse posibles violaciones a las normas de financiamiento y determinar las penalidades respectivas. Le corresponde también aprobar el apoyo público compensatorio que tienen derecho a recibir los partidos, que es esencial para cubrir el costo de sus convenciones. La CFE está compuesta por tres comisionados de cada partido, todos designados por el presidente. Antes de fin de año había una vacante y expiraban los nombramientos provisionales hechos por Bush durante el receso del Congreso. Las campañas se han iniciado sin que esté debidamente integrada la autoridad regulatoria electoral.

Hay numerosas otras cuestiones –sobre los requisitos de identificación de los votantes, que a veces discriminan contra los más pobres o menos educados; sobre el empleo de máquinas de votación electrónicas que han mostrado ser muy escasamente confiables; sobre la clara afiliación partidista de muchos funcionarios electorales de condados y estados– que seguirán discutiéndose a lo largo del año. Son muchos los que temen, sin embargo, que Estados Unidos llegará a noviembre con un aparato organizativo electoral que suscita más dudas que certidumbres. Los fantasmas de Florida en 2000 y de Ohio en 2004 recorrerán América.

 
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