Usted está aquí: lunes 14 de enero de 2008 Política Nuevo caso de corruptelas implica a ex funcionario del Fobaproa y el Infonavit

Acusan al instituto de favorecer a la empresa Scrab II con la venta de cartera vencida

Nuevo caso de corruptelas implica a ex funcionario del Fobaproa y el Infonavit

Según el Consejo de la Vivienda, la compañía fue beneficiada sin estar dada de alta

Compró deudas a 27 mil pesos y ahora exige pagos por más de 200 mil: Itzel Castillo

Alma E. Muñoz

En 2006, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) favoreció con la venta de su cartera vencida y fuera de subasta pública a la empresa Scrab II, cuyo presidente del consejo de administración es Roberto Enrique Colliard López, ex coordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el Consejo de Defensa de la Vivienda, creado a iniciativa del equipo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, la firma obtiene beneficios millonarios con la operación, pues por cada crédito pagó alrededor de 27 mil pesos y ahora se dedica a cobrarlos en más de 200 mil.

Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del “gobierno legítimo”, explicó que luego de revisar las operaciones llevadas a cabo en ese entonces, detectaron que Colliard López, como representante legal de Scrab II, pagó al Infonavit con un cheque de caja mil 173.1 millones de pesos el mismo día en que la firma se constituyó y varios meses después de que se publicaron las convocatorias correspondientes para dos subastas públicas. Es decir, la empresa no estaba dada de alta ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 15 de junio de 2006, cuando fue beneficiada con la adjudicación de la cartera vencida del instituto.

En 2005, el Infonavit declaró “en quiebra” alrededor de 110 mil créditos, ante la imposibilidad de pago de los titulares. Entonces puso a la venta 56 mil 491 mediante subasta pública, cuyas convocatorias fueron publicadas en diarios nacionales los días 31 de octubre de ese año y 3 de abril del siguiente.

“Y resulta que la compañía denominada Scrab II, que a su vez es del grupo inversionista Pendulum Associates, representada por Colliard López, compró gran cantidad de esa cartera vencida con un cheque de caja de mil 173.1 millones de pesos el mismo día en que se constituyó ante el notario 221 del Distrito Federal.” Así que para esa fecha, continuó Laura Itzel Castillo, la empresa no contaba con inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

La documentación con que cuenta el Consejo en Defensa de la Vivienda revela que el 12 de enero de 2006 vendió la primera parte de su cartera vencida a Recuperadora de Deuda Hipotecaria S de RL de CV, conocida como Capmark, por 415.7 millones de pesos, y el 15 de junio siguiente comercializó un segundo paquete con Scrab II S de RL de CV” por la cantidad antes mencionada. Esa operación, afirmó la colaboradora de López Obrador, arroja que el promedio de venta de cada crédito fue de 27 mil pesos.

Se presentará denuncia penal, adelanta Itzel Castillo

Por supuesto, manifestó, “estamos ante una gran irregularidad, contra la cual interpondremos una denuncia penal, porque este caso comprueba que, como ocurrió con los hermanos Bribiesca Sahagún, el gobierno federal remató a instancias privadas las viviendas de los trabajadores otorgándoles un jugoso negocio a partir de las necesidades de la gente y del desempleo en que mucha han caído”.

No puede ser, insistió, que un ex empleado del Fobaproa compre en alrededor de 27 mil pesos cada uno de estos inmuebles y los venda a precio mucho mayor, “obteniendo ventajas por más de mil por ciento sobre lo que pagó y más de 300 por ciento de lo que fue el crédito otorgado a cada derechohabiente”.

Tenemos el caso de una trabajadora, comentó a La Jornada, que adquirió un crédito por 90 mil pesos y pagó durante 10 años, y cuando ya no pudo hacerlo cayó en cartera vencida. Su deuda fue vendida a Scrab II, donde a los trabajadores les llegan a cobrar hasta más de 296 mil 977 pesos, sin considerar los pagos mensuales que hayan hecho.

Inclusive, le dan tres opciones para conservar su vivienda: “pagar en una sola exhibición 206 mil 884 pesos, 12 mensualidades de 18 mil 562 cada una –que significarían un desembolso de 222 mil 744 pesos– o un enganche de 30 mil 173 pesos más 42 mensualidades de cinco mil 29”.

Y si no pagan continúan en cartera vencida, con el riesgo de perder el inmueble a través de desalojos si están desempleados. Cómo va a pagar la gente, dijo, si les cobran, por ejemplo, mensualidades de más de 5 mil pesos, cuando acostumbraban pagar entre 800 y mil 200.

Lo cierto, indicó la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del “gobierno legítimo”, es que hubo “arreglo para beneficiar a esa firma, por encima de las necesidades de la gente”.

 
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