Deben ser absueltos: Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas
Dos tzeltales, a punto de ser condenados por asesinatos que no cometieron
Tras revisar el expediente, la ONG infiere que los homicidas son dos supuestos testigos
Llama a la sociedad a enviar una “acción urgente” sobre el caso al gobierno chiapaneco
Ocosingo, Chis., 14 de enero. La justicia chiapaneca tiene una papa caliente esta semana. Podría condenar a dos campesinos tzeltales a 25 años de cárcel por un crimen que no cometieron. La sentencia deberá ser emitida por el juez de Ocosingo este miércoles. Los indígenas son Fidelino Ruiz Hernández, de 73 años, y Alfredo Hernández Pérez, de 48 años, acusados de “homicidio calificado” por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Están recluidos en el penal de Ocosingo desde 2002. Otra de las acusaciones que pesan sobre ellos es que “son zapatistas”.
Tras casi cinco años de cárcel (los que ha llevado el proceso, lleno de trabas, triquiñuelas y acciones amenazantes por parte de los acusadores, también familiares de los occisos), nadie ha podido probar que Fidelino y Alfredo son los asesinos. Ni siquiera que se hayan encontrado en el lugar de los hechos.
En su reporte sobre el caso, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) relata que en febrero de 2002, en la ranchería Banavil, municipio oficial de Ocosingo, murieron en condiciones violentas José Orlando y José López.
Se acusó del crimen a Fidelino y Alfredo, señalados también de “zapatistas” (como si serlo fuera delito). Dos supuestos “testigos presenciales” podrían ser los responsables de los homicidios.
Juan Lorenzo Silvano, agente auxiliar de Banavil y dirigente regional de Opddic, fue quien levantó los cuerpos y solicitó la prueba de rodizonato de sodio para las víctimas.
“Extrañamente, no solicitó la misma prueba para Fidelino y Alfredo, ni para los supuestos testigos presenciales (legalmente testigos de cargo). Una de las victimas dio positivo en la prueba balística”, reporta el CAPISE.
Todos son familiares
Los testigos de cargo presenciales y no presenciales, así como el agente auxiliar y las víctimas, todos, son sus familiares directos. El expediente ilustra una y otra vez contradicciones.
Todos son miembros de Opddic. La autopsia de ley no se efectuó debido a que tras los hechos, estos familiares se presentaron en la morgue e impidieron por la fuerza que el patólogo la realizara.
Así quedó asentado en el dictamen médico del expediente. No hubo necropsia, no se acreditó el delito y, por tanto, no se acreditó responsabilidad, señala el CAPISE.
Abundan las contradicciones de los testigos. “Por ejemplo, Isaías Lorenzo López, principal testigo de cargo, un día declara que él y dos personas más fueron testigos presenciales de los hechos, otro día dice que sólo él”. Los indicios reales apuntan a que la muerte de Orlando y López se debió a una riña entre ellos, involucrando a los hoy testigos, donde los acusados no tuvieron nada que ver, mas se “fabricó” su culpabilidad.
José Orlando dio positivo a la prueba balística, pues él habría asesinado a José López. Y los familiares de éste habrían ultimado a Orlando.
En Banavil, los de Opddic, involucrados en los asesinatos, sellaron un pacto para encubrirse mutuamente y desviaron la responsabilidad hacia personas inocentes. Por cierto, Orlando trabajaba para López, y existía allí un conflicto de tierras, y José López ya debía un asesinato previo que nunca pagó. Los “testigos” son el agente Lorenzo Silvano, el mencionado Isaías Lorenzo y Salomón López Méndez. Cabe apuntar que los otros agentes auxiliares de Banavil, amedrentados, ya no quieren testificar.
CAPISE añade: “hace año y medio aproximadamente, Alfredo y Fidelino fueron sentenciados por homicidio calificado a 25 años de cárcel cada uno. Se presentó una apelación contra la sentencia, y meses después el Tribunal Supremo de Justicia del Estado (TSJE), sala regional colegiada mixta, zona 3, ordenó la reposición del caso retornando el expediente 025/2002 al juzgado de Ocosingo.
“En una revisión meticulosa del juicio, y con suficientes elementos tipificados en el Código Penal Estatal y el Código de Procedimientos Penales, sostenemos que Ruiz Hernández y Hernández Pérez deberían ser absueltos, y además nunca debieron haber sido detenidos.”
Al ordenar la reposición del caso, el TSJE confirma las inconsistencias del mismo. Según CAPISE, “la Fiscalía General del Estado debió desistirse de la acción penal contra don Alfredo y don Fidelino, ordenando su liberación inmediata”. Este miércoles, el juez mixto de primera instancia en Ocosingo emitirá nueva sentencia.
Ante ello, CAPISE solicita a la sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales civiles, sociales y de derechos humanos enviar una “acción urgente” al gobierno chiapaneco sobre el caso y estar pendientes del resolutivo del juez mixto de primera instancia para el caso de Alfredo Hernández Pérez y Fidelino Ruiz Hernández, “presos injustamente, acusados por quienes, se presume por la revisión minuciosa del expediente, cometieron el delito”.