Usted está aquí: sábado 19 de enero de 2008 Política El Huitepec está bajo amenaza de desalojo por autoridades priístas

“Avanzada” oficial prepara operativo, temen bases de apoyo del EZLN

El Huitepec está bajo amenaza de desalojo por autoridades priístas

La reserva ecológica comunitaria zapatista, manzana de la discordia en Chiapas

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Huitepec Ocotal Segunda Sección, Chis., 18 de enero. El “area natural protegida y reserva ecológica comunitaria zapatista El Huitepec”, establecida por el EZLN y la otra campaña el 13 de marzo de 2007 en las tierras altas de esta comunidad, se encuentra bajo seria amenaza de desalojo por parte del nuevo gobierno municipal priísta de San Cristóbal de las Casas.

El mediodía de hoy se presentaron aquí nueve personas, funcionarios estatales y municipales, en lo que pareció una “avanzada” para estudiar el terreno y posiblemente planear un operativo policiaco para desalojar el campamento de bases de apoyo del EZLN de los distintos municipios de los Altos, establecido por la junta de buen gobierno (JBG) de Oventic, así como a los pobladores de Huitepec Ocotal Segunda Sección, igualmente zapatistas, que resguardan un área de 102 hectáreas.

Irrumpiendo en el territorio declarado área protegida por la JBG, e interceptado por la guardia de indígenas zapatistas y observadores civiles que vigilan diariamente los parajes altos del Huitepec, el delegado de Gobierno, Adán Ruiz Guillén, encabezaba un grupo de licenciados: Gustavo Herrera, de la Físcalía Altos; Magín Flores Vidal, comisionado para la conciliación de comunidades y pueblos en conflicto; Javier Trinidad Ortiz, de la subsecretaría de Operación Regional Zona Altos, y Gregorio Pérez Gómez por la Fiscalía Indígena.

Menos de 24 horas antes, el presidente municipal coleto, Mariano Díaz Ochoa, reiteró ante los medios su intención de desalojar con la fuerza pública a las bases zapatistas: “estamos platicando con el agente del Ministerio Público Federal y con la policía estatal, y analizando las declaraciones de los agentes municipales para tomar las acciones correspondientes de acuerdo con la ley” (Cuarto Poder, 17 de enero).

Desde su campaña electoral, el edil y cacique priísta –quien ya gobernó San Cristóbal en tiempos del gobernador Roberto Albores– anunció que terminaría con la “invasión” ante los pobladores priístas de las comunidades vecinas de Alcanfores y Huitepec Ocotal, aquejados de pronto por un amor a la naturaleza sobre tierras que no les pertenecen, luego de mostrarse dispuestos a ceder las propias ante la creciente presión inmobilaria de San Cristóbal en el vecino valle de Jovel (una de las ciudades que más crecen en el país).

En declaraciones a la prensa, Díaz Ochoa desestimó que el desalojo cause algún problema con el EZLN. Con impecable razonamiento, explicó: “No creo que haya problemas porque es una reserva que conocemos de toda la vida los sancristobalenses, que la han cuidado de siempre”. (En realidad, si esta área se mantiene tan extraordinariamente conservada es porque la ciudad coleta no se ha enterado bien de su existencia o no la conoce).

Dos horas antes de la irrupción de funcionarios y agentes gubernamentales este mediodía, los observadores civiles de la otra campaña y los indígenas vieron llegar por Alcanfores a un hombre con un gran perro; nunca antes habían visto los indígenas a esta persona. Se identificó como Javier Gómez Nájera, “amigo y vecino” del alcalde coleto. Según versiones recogidas por La Jornada, la guardia le habría indicado que “por donde entró podía salir” de la reserva.

Siguieron apareciendo desconocidos, y luego otro señor con un gran pastor alemán. Después arribarían, en dos camioneta y un Volkswagen sedán, los funcionarios referidos, quienes dijeron venir “a ver qué problemas había”, y como quien no quiere la cosa, preguntaron “por un señor con un perro”.

Cabe recordar que desde finales de 2005, las bases zapatistas de Huitepec Ocotal propusieron declarar 102 hectáreas como “reserva ecológica comunitaria zapatista”, para ser protegida y reforestada por la propia comunidad con el respaldo de la JBG de los Altos, la cual reconoció “su total derecho de proponer o decir cómo reservar sus terrenos ancestrales”, y expuso: “las bases de apoyo zapatistas de la comunidad nunca estuvieron de acuerdo en regalar las tierras que heredaron de sus padres y abuelos, por eso se mantienen firmes en defender sus tierras. Los manantiales se han explotado para abastecer otras poblaciones y a empresas extranjeras como la Coca Cola, sin que hayan pedido permiso o tomado en cuenta a los verdaderos dueños”.

Inmediatamente después, el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía y el Congreso del estado presentaron la iniciativa para declarar el sitio “área natural protegida” (ANP). Y un día antes de la anunciada declaración por parte del EZLN de su área natural y reserva ecológica, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que designaba el sitio como ANP, y daba su jurisdicción al municipio de San Cristóbal. Ahora, el alcalde (y repentino ecologista) Díaz Ochoa declara ufano: “Voy a trabajar para que sea desalojada esa zona”.

 
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