Usted está aquí: miércoles 23 de enero de 2008 Política Desarma el Ejército a policías de Tamaulipas

Militares ocuparon las principales direcciones de Seguridad Pública

Desarma el Ejército a policías de Tamaulipas

Fueron acuartelados al menos mil agentes municipales y de vialidad

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, entre las ciudades revisadas

De los corresponsales

Ampliar la imagen "Revisión de rutina" del armamento de las corporaciones municipales de Nuevo Laredo “Revisión de rutina” del armamento de las corporaciones municipales de Nuevo Laredo Foto: Carlos Figueroa

Elementos del Ejército Mexicano ocuparon ayer las direcciones de Seguridad Pública en las principales localidades de la frontera y del sur de Tamaulipas, acuartelaron a por lo menos mil agentes municipales y de vialidad, mientras pasan revista al armamento y a las patrullas que utilizan, igual que a los vehículos particulares de los mandos.

Ives Soberón Tijerina, secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, informó que en estas acciones el Ejército Mexicano detuvo a cinco agentes preventivos, además de los otros cuatro entregados el pasado fin de semana a la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con el crimen organizado.

Agregó que como parte del Operativo Noreste, que aplica el gobierno federal dos veces al año, en esta ocasión correspondió la revisión a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, además de Río Bravo, Valle Hermoso y Miguel Alemán. Asimismo, se llevó a cabo en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Oficinas cercadas

En cada localidad, más de 100 soldados boinas rojas cercaron las oficinas de Seguridad Pública. La tropa se hizo cargo de la custodia de los penales de máxima seguridad de Altamira y de Santa Adelaida, en Matamoros, donde revisaron las armas de cargo de los custodios, igual que las celdas.

En Nuevo Laredo, elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Aerotransportadas ocuparon el edificio de Seguridad Pública, acuartelaron a unos 300 agentes municipales y de tránsito, y sometieron el armamento a una “revisión de rutina”, según notificó el general Rigoberto García Cantú al alcalde Ramón Garza Barrios. Este último explicó que, mientras tanto, el Ejército Mexicano contribuirá a la vigilancia de la ciudad.

Por otra parte, unos 300 habitantes de Matamoros –incluidos familiares de policías– encabezados por la dirigente priísta Martha García Santoyo, marcharon a la plaza de armas para solicitar al alcalde Erick Silva Santos que sea su interlocutor ante el gobierno federal para demandar que sean retiradas del norte de Tamaulipas las fuerzas militares de elite, a las que atribuyen abusos que “han enlutado a familias enteras, porque se les va la mano”. El alcalde se negó a atender la petición.

Media docena de crímenes en cinco estados

Seis personas fueron asesinadas ayer, presumiblemente a manos del crimen organizado. Las víctimas fueron identificadas como José Basurto Sustaita, en Tijuana, Baja California; el abogado Rodrigo Tapia Alcázar, en Acapulco, Guerrero; Juan Hernández, en Celaya, Guanajuato, y Juvenal Velázquez Padilla, en el municipio michoacano de Ziracuarétiro; las otras dos personas murieron en un enfrentamiento entre gavilleros presumiblemente vinculados con el narcotráfico y habitantes de la zona serrana de San Ignacio, Sinaloa. Estos últimos son el comisario ejidal Ricardo González Estrada y Clemente González Jiménez, ambos vecinos de El Carrizal, quienes perseguían a personas armadas que operaban en la región, sin que las pudieran detener.

Un vecino de la colonia Tierra Blanca, cercano a la vivienda donde la madrugada del lunes fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, supuesto operador de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del cártel de Sinaloa, afirmó que “veíamos a gente armada afuera, cuidando la casa, pero pensábamos que allí vivía un comandante, porque frecuentemente llegaban policías y hasta soldados y hasta los saludaban”.

Asimismo, la ejecución del juez tercero penal Ernesto Palacios López, ocurrida el lunes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tiene vinculación con el crimen organizado por la actuación “responsable y seria” que tuvo como funcionario judicial al tratar ese tipo de casos, aseveró el gobernador José Natividad González Parás.

Por otro lado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos del Ejército y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) iniciaron patrullajes en las principales avenidas y colocaron retenes para la detección de armas o la detención de quienes atentaron contra Fernando Lozano Sandoval, primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación. El funcionario convalece en el Centro Médico de Especialidades, donde le fueron extraídas las cinco balas que recibió y es vigilado por militares, más de 20 agentes estatales y otros tantos municipales.

Los alcaldes de Juárez, José Reyes Freís, y de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, fueron citados de emergencia a una reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobierno estatal, con la presencia de funcionarios de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la AFI y las instancias de seguridad estatal, para discutir acciones que frenen los ajustes de cuentas entre grupos criminales.

En el estado de México se desató una balacera entre 10 presuntos integrantes del grupo Los Zetas y más de 100 elementos del Ejército, de la AFI y de la Agencia de Seguridad estatal. El enfrentamiento tuvo lugar en la comunidad Cerro Colorado, municipio de Valle de Bravo, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro presuntos narcotraficantes.

Los ahora detenidos, además de al menos cinco que huyeron, viajaban en dos camionetas con placas del Distrito Federal, mismas que fueron decomisadas, igual que armas largas, 9 mil dólares y envoltorios de droga que iban en los vehículos. Rafael Mendoza Valencia, Antonio González Huerta y Luis Miguel Carvajal, originarios del Distrito Federal, además de José Ángel Rivera Magaña, oriundo de Morelia, Michoacán, fueron trasladados en un helicóptero de la PGR a la SIEDO.

A todo esto, el gobernador de Aguascalientes, el panista Luis Reynoso Femat, pidió “perdón” a su homóloga de Zacatecas, la perredista Amalia García Medina, por los señalamientos que el pasado 17 de enero hizo ante el pleno del Congreso local Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública estatal, quien indicó que en hoteles de los municipios zacatecanos de Villa Hidalgo, Pinos, Loreto y El Refugio, entre otros, se encontraban hospedados narcos de los cárteles de El Chapo Guzmán y de los hermanos Valencia y Arellano Félix.

(M. Sánchez, C. Figueroa, J. Le Duc, I. Dávila, A. Heras, D. Carrizales, J. Valdez, R. Villalpando, M. Breach, M. Habana, C. Bañuelos y Notimex)

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.