Rechaza Ortiz Mayagoitia solicitud de investigación de pobladores agredidos
Indagar en el caso Zimapán, sólo por petición de un ministro: Corte
Ofrece Góngora a la APPO recibir a víctimas de la represión en Oaxaca en 2006
La SCJN debe exigir a autoridades federales informe sobre su participación en el conflicto, demandan
La decisión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de investigación, para conocer las presuntas violaciones a las garantías individuales ocurridas en diciembre pasado en Zimapán, Hidalgo –donde el gobierno de la entidad reprimió a opositores a la construcción de un basurero de desechos tóxicos–, depende de que uno de los ministros “haga suya” dicha petición, pues los inconformes no están facultados para hacerlo.
Lo anterior fue expuesto por el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a la dirigencia nacional del Barzón Popular, al precisar que los barzonistas no están legitimados constitucionalmente para pedir que la Corte investigue, y que en todo caso, al menos un ministro tendría que solicitarlo; para tal efecto, los barzonistas se entrevistarán con los 11 integrantes del pleno para plantearles su demanda.
Por otra parte, la APPO llegó a un acuerdo con el ministro Genaro Góngora Pimentel para que reciba, en los próximos días en una audiencia, a las 84 personas reprimidas, o sus familiares, como parte de la investigación que lleva a cabo la Corte sobre los hechos ocurridos en Oaxaca en 2006.
En acciones por separado, appistas y barzonistas se manifestaron ayer ante la sede del máximo tribunal para exigir justicia.
Los primeros confirmaron que Góngora Pimentel se comprometió a recibir en audiencia a 84 oaxaqueños reprimidos por el gobierno de Ulises Ruiz.
Por otra parte, los demandantes le solicitaron a la Corte que a su vez le exija a autoridades federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Secretaría de Marina, que rindan un informe sobre su participación en el conflicto en esa entidad durante el año 2006.
Por otra parte, el dirigente nacional del Barzón Popular, Crescencio Morales Ávila, lamentó que en la entrevista que sostuvo –junto con la abogada Patricia Barrios– con el ministro Mayagoitia, éste les haya comentado que si la Corte toma una determinación sobre la denuncia de violaciones graves a las garantías individuales de los habitantes de Zimapán, la decisión de los ministros sería “como un llamado a misa.
“Estamos preocupados, porque si la autoridad no actúa se van a seguir dando violaciones a las garantías, por parte del gobierno del estado y las autoridades municipales”, señaló la dirigencia.
Sin embargo, subrayó en entrevista, “vamos a cumplir con nuestra obligación, como ciudadanos, de informarle a la Corte cuál es nuestros sentir y ellos tendrán la responsabilidad de permitir el confinamiento y la represión”.