Condiciona pago salarial al traslado a otro inmueble
Pretende la SEP desconocer amparo otorgado a empleados
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) denunciaron que aunque el juez quinto de distrito en materia laboral del Distrito Federal, Angel Ponce Peña, otorgó desde el pasado 10 de enero un amparo definitivo contra la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de trasladar a unos 70 empleados a las oficinas de Cuauhtémoc 614, las cuales, aseguran los quejosos, no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, autoridades educativas pretenden desconocer dicha resolución.
Afirmaron que tras una reunión, el pasado lunes, a la que asistieron representantes jurídicos de la SEP, y el director general de la DGEI, Paulino Canal Pacab, en la que se les informó que “teníamos un amparo para evitar el traslado, simplemente argumentaron que ya era un acto consumado, cuando es de su conocimiento que este recurso protege los derechos de todos los trabajadores que no hemos aceptado cambiarnos a un inmueble inseguro”.
En entrevista con La Jornada, Joaquina Sandoval e Isabel Robledo destacaron que las autoridades de la DGEI, dependiente de la Subsecretaría de Educación, no acudieron a “escuchar nuestras razones, sino a imponer sus condiciones, pues se nos advirtió que para acceder al pago de nuestros salarios, suspendidos desde la segunda quincena de octubre de 2007, debemos aceptar incorporarnos a laborar en las oficinas de Cuauhtémoc 614, pero para ello se nos exige desistirnos de todas las demandas interpuestas por falta de materia de trabajo y por denunciar las condiciones en que están los inmuebles”.
A ello se suma, indicaron, que un “descuento de 30 por ciento de nuestro salario, porque no hemos ido a trabajar donde ellos quieren, pese a que explicamos que no lo hacemos por faltar a una orden de un jefe, sino porque pone en riesgo nuestra integridad física”.
Afirmaron que como trabajadores de la DGEI “nunca pusimos en entredicho la facultad de los directivos para dar indicaciones, pero tampoco se puede soslayar que fue precisamente por no aceptar una decisión que nos pone en riesgo, por lo que hemos tenido que luchar por casi cinco años”, y agregaron que “nosotros siempre hemos dicho que si la SEP demuestra que no es un inmueble inseguro, nosotros nos vamos, pero sabemos que tenemos la razón”.
Norma Torres, una de las afectadas, agregó que ante la negativa de las autoridades educativas a entregar los salarios retenidos, “presentaremos de forma individual una petición para que se nos informe cuáles son las causas por las cuáles se nos niega el pago, ya que en reiteradas ocasiones hemos demostrado que acudimos cotidianamente a laborar y cumplimos con un horario”.