Concluyó seminario efectuado en la UNAM sobre la interrupción del embarazo
Temen activistas que impere criterio conservador de la Corte sobre aborto
La pérdida de la legitimidad moral de la Iglesia y la secularización cada vez más clara en la sociedad ha permitido que las personas tomen decisiones con base en su autonomía y conciencia individual, y con independencia de sus creencias religiosas, advirtió Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.
En el caso del aborto, dijo, las mujeres, aún las católicas, seguirán decidiendo si interrumpen su embarazo, con o sin despenalización. En el último día del seminario Aborto, un debate abierto, se abordó el tema a partir de los problemas sociales que se generan alrededor.
Marisa Belausteguigoitia, directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el aborto es un problema de salud pública por las consecuencias físicas que trae para las mujeres que se realizan el procedimiento en condiciones inseguras e insalubres y por los daños sicológicos que sufren quienes no desean tener hijos, pero que por las condiciones de pobreza en que viven ponen en riesgo su salud y su vida.
No pasa lo mismo en los sectores económicos más favorecidos, en los que las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, lo hacen con la certeza de la calidad y seguridad para su bienestar.
La académica llamó la atención sobre la importancia de que la población femenina pueda decidir por sí misma lo mejor, de acuerdo con sus convicciones, y separar el placer de la reproducción de la especie, sin que por ello se le considere como un peligro, incluso para la paz mundial.
Recordó las diversas conferencias y acuerdos internacionales sobre población y derechos de las mujeres, en los que se ha determinado que tienen derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Ayer, igual que los tres días anteriores, el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estuvo lleno para escuchar a los ponentes que desde distintas perspectivas e ideologías expusieron sus puntos de vista.
María Luisa Sánchez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), comentó, que la postura que plantea la penalización del aborto, que ha sido ineficaz; nadie persigue ni sanciona el “delito”, mientras que el planteamiento opuesto forma parte de un ejercicio democrático.
Afirmó que el aborto es un drama, pero para las mujeres que carecen de los recursos económicos para pagar los servicios de una clínica u hospital que le pueda ofrecer una atención sin riesgos.
Al referirse a la reforma al Código Penal aprobada en abril de 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y por la cual se elimina todo tipo de sanción al aborto voluntario que se realice antes de la semana 12 de gestación, dijo que representa apenas una ampliación de la libertad de las mujeres.
Todavía falta, apuntó, que en la causal que permite la interrupción legal del embarazo cuando está en riesgo la salud de la mujer, además de los aspectos biológicos se tomen en cuenta los problemas mentales y emocionales.
Luis Miguel Cano, integrante de Fundar Centro de Investigación y Análisis, asociación civil, comentó sobre la discusión que en breve tendrá lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma legal aprobada en el Distrito Federal.
Recordó que en diferentes momentos, cinco de los ministros ya han planteado su posición en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por lo que lo mínimo que se espera de ellos es que en este caso mantengan una actitud congruente.
Sin embargo, dijo no esperar mucho de la Corte porque el ministro ponente del caso, Salvador Aguirre; el presidente del máximo tribunal del país, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el ministro Mariano Azuela fueron quienes en el año 2000, cuando analizaron la Ley Robles, se pronunciaron por la defensa de la vida desde la concepción.
En cualquier caso, agregó, el debate de los ministros no puede darse a partir de elecciones morales. En tanto, María Luisa Sánchez destacó que en los nueve meses que se ha aplicado el nuevo Código Penal del Distrito Federal, no se ha registrado ninguna complicación ni deceso alguno en las más de 5 mil mujeres que han solicitado la interrupción de su embarazo.