Exige alcalde que asuman costo de embargos a viviendas
Cruzada contra bancos en Cleveland; los culpan de la crisis inmobiliaria
Cleveland, 27 de enero. La ciudad estadunidense de Cleveland, asfixiada por la crisis inmobiliaria, ha lanzado una cruzada contra los bancos, a los que quiere obligar a asumir el costo social y económico de los embargos de las viviendas de miles de sus habitantes. El alcalde Frank Jackson acusa a 21 bancos y organismos de crédito hipotecario de ser los causantes de las dificultades actuales de la ciudad, en la que el número de embargos pasó de 120 en 2002 a 70 mil en 2007. “El subprime ha desfigurado mi ciudad y perturbado el orden público y ahora amenaza a los barrios económicamente frágiles”, alegó.
Más pobres, en general inquilinos, los negros estadounidenses habían solicitado, más que otras comunidades, préstamos inmobiliarios de alto riesgo, conocidos como subprime. Hoy muchos están arruinados y denuncian un nuevo apartheid financiero.
“Los estadunidenses fuera de la comunidad blanca están tres veces más afectados por los subprime”, indicó la asociación United for a Fair Economy (UFE) en un informe reciente, estimando entre 163 mil y 278 mil millones de dólares el patrimonio de las minorías que se hizo humo en el sector inmobiliario desde el año 2000.
En entrevista, el alcalde mencionó que “ese modelo de préstamo –con tasas iniciales bajas para más tarde cobrarle al cliente el doble o el triple– era inapropiado para personas con empleos precarios, como ocurre aquí. Pero a los bancos eso no les importaba porque era dinero fácil y se aprovecharon demasiado de nuestra miseria. Ahora tendrán que pagar”.
Antigua ciudad industrial recostada sobre la orilla del lago Erie, Cleveland (Ohio, norte) vio su población caer a menos de la mitad en pocas décadas, de 950 mil a 450 mil habitantes, al compás de las olas de despidos y relocalizaciones de empresas. La ciudad se ha convertido en símbolo de los desgastes originados por la crisis hipotecaria, en un país donde 2.1 millones de tomadores de préstamos está en mora en el mercado inmobiliario.
La municipalidad exige a los bancos cien millones de dólares para cubrir el costo de la demolición de los edificios abandonados, trabajos en los jardines, gastos en reforzar la seguridad de las viviendas vacías o habitadas por 'dealers' u ocupantes precarios, y para compensar los lucros cesantes por impuestos. La alcaldía de Baltimore (noreste) inició un procedimiento análogo.
“Son ellos (bancos y organismos de crédito) los que nos han llevado a esta situación desastrosa, caracterizada por la actividad del crimen organizado que se apoderó de los barrios vacíos, y la desvalorización de sus bienes. Si no hubieran ofrecido esos préstamos, todo esto no habría ocurrido”, señala Jackson.
Los bancos sacan las uñas
Varios bancos consultados han manifestado que están listos para refutar estas acusaciones (Citigroup), mientras otros admiten comprenderlas (JP Morgan). “Es un poco la lucha de David y Goliat; imagínese una pequeña ciudad como la nuestra contra Wall Street”, observa por su parte el concejal Michael Polensek, al subrayar sus intenciones con grandes gestos. Mientras ellos subrayan el efecto simbólico de la iniciativa municipal, juristas y asociaciones se muestran escépticos sobre sus resultados.
“Es ambicioso, pero no va a funcionar porque los bancos no han violado ninguna ley. Todo lo que han hecho es perfectamente legal”, explica Kathy Hessler, profesora de derecho de la Case Western Reserve, de Cleveland. Pero tal vez eso no sea lo más importante”, indica.
“¿Cómo perseguir judicialmente a las empresas que han quebrado, cuando muchas de ellas ya no existen? Es un chiste”, dice Mark Seifert, director de la East Side Organizing Project, una sociedad de ayuda a las víctimas.
“Todo esto ha sido movido con fines políticos; hace dos años que le avisamos al alcalde. Dos años durante los cuales tratamos infructuosamente de llamarle la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Ahora, como los concejales se disponen a decirle ‘mire cómo se han degradado nuestros barrios’, se decidió a reaccionar”, afirmó.
En esta ciudad, donde casi 27 por ciento de los habitantes vive bajo el umbral gubernamental de pobreza -unos 20 mil dólares por año para una familia de cuatro personas- todos dicen tener un amigo, un primo, un hermano, un ex colega o vecino que perdió su casa porque ya no puede pagar su hipoteca mensual, cuyo monto se multiplicó.