Sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas, señala Hugo Valdemar

Nuevo rechazo de la Iglesia a la confusión en el caso Posadas

Duda también que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del asesinato

Han pasado tres presidentes y las autoridades no tienen interés en ir al fondo del asunto, dice

Angélica Enciso y Ciro Pérez

La Iglesia católica rechazó una vez más que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, haya sido producto de la confusión y que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del crimen.

Esto lo señaló Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, quien también sostuvo que el gobierno federal ha mantenido la hipótesis de “la confusión” una y otra vez, “lo cual quiere decir que las autoridades no tienen interés en ir al fondo, porque sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas”.

Declinó decir quiénes son esas “personalidades pasadas” y aseguró que en ningún momento la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se ha dado por satisfecha con la investigación y, “si no aceptamos esa tesis, tampoco creemos que esta persona que detuvieron sea uno de los autores materiales del crimen”.

Fue un “crimen de Estado”

Ayer, Valdemar Romero, en entrevista en la Catedral Metropolitana, dijo que el propio cardenal Juan Sandoval Íñiguez, también arzobispo de Guadalajara, “ha insistido una y otra vez en que se trató de un crimen de Estado”. Y agregó que sobre lo ocurrido hay muchas dudas y preguntas en el aire que no se han podido contestar. “No hemos recibido una respuesta satisfactoria; han pasado tres presidentes, estamos en el cuarto y hasta ahora la Iglesia no se da por satisfecha por las explicaciones, que resultan ridículas, de la confusión del asesinato infame y sacrílego del cardenal Posadas”.

Al final de la misa oficiada por el cardenal Norberto Rivera, Valdemar Romero dijo sobre la detención de Alfredo Araujo: “No sé si sea un chivo expiatorio; es seguir con esa trama inverosímil, ridícula que los obispos no han aceptado”. Precisó que la detención de “este delincuente no resuelve nada”.

Insistió en que la Iglesia católica continuará con su exigencia de que “se haga justicia, que salga a la luz la verdad, sea cual sea, caiga quien tenga que caer. Se trató de un asesinato cobarde de un cardenal y de su chofer; entonces, en éste y cualquier otro crimen, la sociedad amerita (sic) saber las causas y que se haga justicia. Cosa que hasta el momento no se ha hecho”.

Dijo que la CEM no ha recibido informes concluyentes y fehacientes sobre el caso y puntualizó que “no sería responsable de parte de la Iglesia señalar a alguien; si bien puede haber ciertas pruebas, no se tienen las suficientes como para señalar con el dedo a los autores intelectuales y materiales”.

El vocero de la Arquidiócesis insistió en que “seguimos sin saber por qué este asesinato. No sabemos si los Arellano Félix fueron los responsables, ni podemos decir que en particular sea alguien, pero por supuesto que no es una confusión: iban a matarlo a él (a Posadas), fue a quemarropa, a unos cuantos metros. Esto no puede ser confusión”.

Hace casi 15 años, el nuncio Girolamo Prigione llegó al aeropuerto de Guadalajara la tarde del lunes 24 de mayo de 1993, fecha del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, quien acudió a recibirlo a bordo de un auto Grand Marquís. En esa fecha el funcionario del Vaticano declaró que la Iglesia católica estaba dispuesta a “esperar un tiempo prudente” para que se esclarecieran los hechos y rechazó que hubiese sido un atentado o un crimen de Estado.

El entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, aseguró que la muerte del cardenal y de otras seis personas fue una confusión durante el enfrentamiento de los cárteles de Sinaloa y de Tijuana. Inclusive declaró presuntos responsables a El Güero Palma, El Chapo Guzmán y los Arellano Félix.

Pero pronto la misma Iglesia católica, en voz del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, calificó de “inaceptable la versión de la confusión”, mientras que el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, ratificó: “Está descartado que hubo una confusión; ni el fuego cruzado lo admitimos... las conclusiones de la procuraduría son ridículas”, y planteó una serie de interrogantes:

“¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la procuraduría, enviados desde (la ciudad de) México a investigar el homicidio, salieron antes de que éste fuera cometido? ¿Por qué no se investiga a los altos funcionarios de la PGR que llegaron al aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el crimen? ¿Por qué no se indagan las presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?”

Los jerarcas católicos también cuestionaron que aún no se indague sobre “el vuelo militar que sacó de Guadalajara a El Chapo Guzmán después del asesinato, así como las intervenciones telefónicas a varios representantes de la Iglesia católica”.

La averiguación sobre el homicidio está integrada por 25 mil 167 fojas, distribuidas en 61 tomos. La inició el procurador Jorge Carpizo en el sexenio de Carlos Salinas, y la continuó en el sexenio de Ernesto Zedillo el procurador (panista) Antonio Lozano Gracia, quien cerró el caso, no sin antes declarar que “fue una investigación verdaderamente exitosa”, que llevó a la misma conclusión de Carpizo.

En julio de 1998 se creó un grupo interinstitucional del que formaron parte el obispo de Cuernavaca, el arzobispo de Chihuahua, José Fernández, funcionarios del gobierno panista de Jalisco y de la PGR. Tiempo después, el cardenal Sandoval Íñiguez volvió a rechazar la postura oficial, descalificó el trabajo de la comisión y, sin proporcionar pruebas contundentes ni establecer móviles precisos, acusó al gobierno federal de encubrimiento y de tener poca voluntad política para esclarecer el asesinato, e insinuó que los responsables están en las entrañas del sistema y ocupan posiciones en sus más altos niveles.

Años después, la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido reabrió la indagatoria, que incluyó diligencias adicionales en los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara y la ciudad de México, para determinar qué ocurrió el 24 de mayo de 1993 en la terminal aérea de la capital jalisciense, cuando al filo de las 15:35 fueron asesinados el cardenal Posadas, Pedro Pérez Hérnández, chofer del prelado; Martín Alejandro Aceves Rivas, chofer del alcalde de Arandas; José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina, escoltas de Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente prófugo; José Manuel Vega Rodríguez y Francisco Rodríguez Cabrera.

En el contexto de la indagatoria se ha investigado a mil 784 personas, 824 números telefónicos, 700 domicilios, 194 armas, 177 vehículos, así como 22 cuentas bancarias.