Usted está aquí: viernes 1 de febrero de 2008 Capital Impugna el gobierno de la ciudad la ley fiscal ante la Suprema Corte

Argumenta afectación de 22 mil 500 millones por la reducción de participaciones federales

Impugna el gobierno de la ciudad la ley fiscal ante la Suprema Corte

Iniciará un cabildeo intenso en el Congreso para impedir que el DF siga siendo perjudicado

El daño presupuestal se extendería a los siguientes 5 años, afirma la consejera jurídica

Ángel Bolaños Sánchez

El Gobierno del Distrito Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, y otras disposiciones legales, que reducen las participaciones federales a la entidad, provocando un daño continuado durante la actual administración de alrededor de 22 mil 500 millones de pesos.

Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales (CJSL), acudió al medio día de ayer a entregar el texto de la controversia al máximo órgano judicial del país, donde informó que el gobierno de la ciudad iniciará también un intenso cabildeo en el Congreso de la Unión, para impedir que la entidad siga siendo afectada e incluso para que haga modificaciones constitucionales sobre el sistema de coordinación fiscal, acordes con los tiempos políticos actuales.

El mandatario capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, recordó que en su primer Informe de Gobierno el pasado 17 de septiembre anunció que promovería una controversia constitucional contra la injustificada exclusión del Distrito Federal de los fondos para el desarrollo social y la nueva fórmula establecida en la reforma fiscal que reduce las participaciones federales a la ciudad.

Convocó incluso a los diputados de la Asamblea Legislativa a cerrar filas y promover de manera combinada la controversia.

Como adelantó a La Jornada (enero 5 de 2008), Bonifaz Alfonzo señaló que se hará notar a los ministros de la Corte que la afectación no se limita al ejercicio presupuestal de 2008, y si bien el efecto en este año no es tan grave, haciendo una proyección a los siguientes cinco años la afectación es de 22 mil 500 millones de pesos.

Explicó que esta es la principal diferencia de otras controversias que han presentado otras entidades de la República, donde la Corte lo ha tomado como una cuestión anual, dado que el paquete fiscal, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, entre otros, tienen una vigencia de un año, “pero en este caso por el cambio de la fórmula, haciendo la prospectiva, viene el daño”.

“Es una fórmula –precisó– que considera el criterio de población y no el producto interno bruto (PIB) que se genera. En consecuencia, hay una terrible desigualdad, porque en el Distrito Federal trabaja mucha gente que no vive aquí, tienen sus domicilios básicamente en el estado de México, entonces el perjuicio es muy grave porque la fórmula consideró sólo población”.

Recordó que el Distrito Federal es la entidad que genera más recursos por su PIB, que significa 23 por ciento a nivel nacional y si bien no se trata de recibir en la misma proporción en que da, porque no se trata de afectar el principio de solidaridad con el resto de las entidades federativas, hay un desequilibrio grave con lo que ahora está recibiendo.

Señaló entre los agravios reclamados la violación a los principios de legalidad y motivación, dado que no hubo una participación directa del DF y las entidades en esta decisión, porque nunca se convocó a la reunión de funcionarios fiscales del Sistema de Coordinación Fiscal, como lo establece la ley, para modificar las reglas de participación de los ingresos federales.

En tanto resuelve la SCJN, dijo que trabajarán con el Congreso para buscar posibles modificaciones, no sólo en la Ley de Coordinación Fiscal, sino a nivel constitucional sobre los mecanismos de distribución de las participaciones.

“Tenemos confianza en que el Congreso de la Unión, incluso antes de que la Corte resuelva, pudiera hacer ajustes, inclusive constitucionales, porque vimos que existe doctrina en donde se demuestra que el esquema de coordinación fiscal, su base constitucional, no sólo es endeble sino que tiene que revisarse porque ya los tiempos políticos son otros y el sistema de coordinación también tiene que ser diferente”, apuntó.

 
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