Usted está aquí: lunes 11 de febrero de 2008 Estados Conflicto por tierras en Querétaro impide obras

Una mujer reclama la propiedad de 3 mil hectáreas

Conflicto por tierras en Querétaro impide obras

Mariana Chávez (Corresponsal)

Ampliar la imagen El subdelegado municipal de Atongo, Humberto Martínez Hernández, explicó que los terrenos en conflicto eran una hacienda, cuyos dueños dejaron los terrenos a los trabajadores, pero sin documentos que avalaran esta cesión El subdelegado municipal de Atongo, Humberto Martínez Hernández, explicó que los terrenos en conflicto eran una hacienda, cuyos dueños dejaron los terrenos a los trabajadores, pero sin documentos que avalaran esta cesión Foto: Demián Chávez

El Marqués, Qro., 10 de febrero. Unas 3 mil hectáreas de Atongo, poblado en el que habitan 3 mil 500 personas, tienen una propietaria que apareció 50 años después de que la comunidad se poblara y ahora impide que se realicen obras públicas.

Los habitantes de Atongo han solicitado sin éxito la intervención de las autoridades de las últimas cuatro administraciones municipales para regularizar la tenencia de la tierra, y temen que Silvia Manzo Farías, quien aparece como dueña de los terrenos, esté “muy bien respaldada por gente de altos niveles”, pues “el gobierno ya no quiere entrarle porque tiene conflictos con la señora”.

El subdelegado municipal de Atongo, Humberto Martínez Hernández, explicó que el lugar era una hacienda cuyos dueños cedieron terrenos a sus trabajadores para que los habitaran, pero sin un documento así lo avalara. “Todo fue de palabra”, dijo el funcionario.

Así surgió el poblado, en fecha no precisa, aunque se estima que fue hace más de 100 años, pues habitantes que tienen 90 años de edad relatan que sus padres ya vivían aquí.

En 1972, el extranjero Kenneth C. Robinson fue presuntamente despojado de las tierras y éstas pasaron a ser propiedad de Manzo Farías, quien “llegó como paracaidista, porque, según se dice, era trabajadora de los patrones, de los verdaderos dueños. Cuando hubo un conflicto con el señor Robinson, ella se fue quedando como dueña y fue adquiriendo la antigüedad posesionaria”, indicó José Concepción Rincón Hernández, comisario del ejido Rayas.

Los pobladores se enteraron de que las tierras tienen dueña cuando solicitaron obras públicas al ayuntamiento, el cual respondió que no podía proporcionar servicios como drenaje y pavimentación porque “la señora siempre demanda al municipio, pues supuestamente ella es la propietaria”.

“El pueblo fue primero que ella”

Cuando Antonio Calzada Urquiza fue gobernador de Querétaro (1973-1979), habitantes de Atongo gestionaron servicios de energía eléctrica y agua potable. Ellos mismos aportaron la mano de obra “a pico y pala”. En esa época Silvia Manzo no aparecía como dueña de las tierras.

“En 1972 la señora toma posesión, desconozco en qué forma. En 1984 le dieron sus papeles de título de propiedad, no sé si porque compró el terreno o se lo dieron”, acotó Martínez Hernández.

José Concepción Rincón indicó que nació en Atongo, al igual que sus abuelos, y no comprende por qué el gobierno municipal debe pedir permiso a Manzo Farías para realizar obras públicas en la comunidad, “siendo que el pueblo fue primero que ella”.

Rincón señaló que la demanda de regularización de los terrenos ha sido presentada. José Gómez Güémez, ex alcalde de El Marqués (2003-2006), ofreció a Silvia Manzo vender los predios a los pobladores de Atongo a un precio de 120 pesos el metro cuadrado, en abonos, pero no se llegó a un acuerdo.

El actual presidente municipal, Enrique Vega Carriles, indicó que hay un convenio con Manzo Farías para que acceda a regularizar los terrenos. Sin embargo, “no hemos visto nada, y nos preocupa”.

El conflicto empeoró a principios de enero, cuando Silvia Manzo recibió autorización del gobierno municipal para bardear el atrio de la iglesia, lo que impediría a los habitantes el paso al templo. “Ella dice que es su propiedad”, señaló el subdelegado municipal.

Los habitantes impidieron que se efectuara esta obra, pues ese predio es de “uso común; lo hemos reconocido como derecho de plaza de servidumbre”.

 
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