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Editorial

Agravio a la humanidad

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció ayer que solicitará la pena de muerte para seis prisioneros de la cárcel estadunidense de Guantánamo, Cuba, por los cargos de asesinato y conspiración. Entre los acusados figura Khalid Shaikh Mohammed, supuesto ex jefe de operaciones de la organización terrorista Al Qaeda y presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. Ésos serán los primeros de un total de 80 “juicios” que el Pentágono planea emprender contra reos de Guantánamo, los cuales se llevarán a cabo según la infame Ley de Comisiones Militares, aprobada por el Congreso estadunidense en 2006, normativa contraria a la legislación internacional en materia de derechos humanos porque, entre otras cosas, deja a los tribunales de ese país sin jurisdicción para revisar recursos de habeas corpus del extranjero que permanezca recluido en calidad de “combatiente enemigo”, ya sea en Guantánamo o en cualquier otro lugar.

En general, la pena capital es un castigo abominable e inhumano que no sólo pone en evidencia la ineficiencia y el fracaso de los aparatos de impartición de justicia en los países donde se practica, sino que atenta contra el derecho más fundamental de los seres humanos: el derecho a la vida, y se le considera, por ello, un asesinato de Estado. En el caso de los prisioneros de Guantánamo, una sentencia de esa naturaleza representaría una brutalidad aún mayor, habida cuenta de que su sola aprehensión, su traslado y reclusión en esa cárcel estadunidense constituyen ya un atropello, agravado además por la absoluta ilegalidad con la que han sido juzgados: en estado de incomunicación, en secreto, sin abogados defensores ni derecho a réplica, y sin tener ni siquiera la posibilidad de conocer los delitos que se les imputan.

Con este hecho, el gobierno de Estados Unidos se reafirma en el sitio de violador número uno de los derechos humanos en el mundo, como lo han señalado puntualmente las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y, en sentido estricto, en un grado de cinismo por demás notable, sus acciones se equiparan con las prácticas de la propia red terrorista Al Qaeda –a la que dice combatir– en lo que toca a la forma arbitraria, injustificable y cruel en que ejecuta a sus víctimas, y acaso sólo se distingan de ésta en que Washington se vale de inyecciones letales y no de sangrientas decapitaciones.

Por lo demás, la eventual condena de los presos referidos a la pena capital es la culminación de un conjunto de regresiones judiciales por medio de las cuales el régimen estadunidense ha legalizado la aplicación de tormentos “moderados” a ciudadanos de cualquier país que sean discrecionalmente considerados “combatientes enemigos”, cuyo reflejo más atroz es el trato infrahumano que reciben los prisioneros de guerra en cárceles como la propia Guantánamo y Abu Ghraib, según la opinión pública internacional ha podido constatar mediante la ominosa evidencia gráfica que han dado a conocer algunos medios internacionales y las denuncias presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos.

En suma, la población mundial debe repudiar la decisión anunciada ayer por el Pentágono y demandar que no se cometan unas ejecuciones que, de consumarse, representarían un severo derrumbe moral de la sociedad estadunidense e implicarían una degradación adicional no sólo para gobierno de ese país, sino también para la comunidad internacional, para la cual sería terrible asistir a la comisión de un nuevo crimen contra la humanidad en su conjunto.

 
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