Usted está aquí: viernes 15 de febrero de 2008 Ciencias México carece de un proyecto serio de transición energética

Es inminente el cambio de modelo ante la reducción en las reservas de crudo

México carece de un proyecto serio de transición energética

Destaca foro universitario la urgente necesidad de fomentar fuentes alternativas

Europa busca producir para 2020 energía renovable por 20% de su consumo total

Emir Olivares Alonso

Las energías alternativas y renovables serán en el siglo XXI la base para el desarrollo de las naciones, coincidieron investigadores de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Afirmaron que para “sobrevivir como sociedad” en los próximos años es necesario emprender un plan urgente para el estudio y uso de energías como la solar, eólica, geotérmica, de biomasa, así como nuclear y de hidratos de metano.

José Valdés, director del Instituto de Geofísica, afirmó que ante la inminente pérdida que significará para México la disminución de las reservas petroleras, las autoridades nacionales carecen de un proyecto “serio” para enfrentar la transición energética.

“El petróleo se acaba y la transición mundial hacia un consumo energético distinto al modelo seguido el siglo pasado está en puerta. Los países desarrollados ya cuentan con planes concretos: en Europa se apuesta a la energía solar y la del viento, tanto así que se espera que para el año 2020 un 20 por ciento de la energía que se consuma en esas tierras provendrá de fuentes renovables”, expresa el documento Perspectivas energéticas para México en los próximos 10 años, que es la conclusión de un foro universitario sobre energéticos en el que participaron los centros de Investigación en Energía y de Ciencias de la Atmósfera, así como los institutos de Geofísica, Geología e Ingeniería de la máxima casa de estudios, redactado por Valdés.

El científico agregó que a diferencia de México, en Estados Unidos y otros países en desarrollo, como Brasil y Corea del Sur, ya cuentan con diversas estrategias energéticas para prepararse ante el fin de la era petrolera.

Peligran ingresos federales

Indicó que las repercusiones por la disminución del petróleo se harán sentir no sólo en el ramo energético, sino también, y de manera importante, en los ingresos federales lo que perjudicará la capacidad del Estado mexicano para atender rezagos sociales y para ordenar la economía, al ser la producción de crudo la principal fuente de ingresos nacionales.

Ante esta problemática “el Estado mexicano debería emprender una evaluación nacional que conozca en detalle la cantidad de radiación solar que se recibe a lo largo del año en las distintas regiones del país, analizar con rigor la potencialidad de los campos geotérmicos, determinar con precisión el patrón y potencia de los vientos, revisar la estructura de oleaje y mareas en nuestras costas, analizar cuántos y cuáles campos de cultivo pueden ser usados para producir bioenergéticos, sin sacrificar la producción alimentaria; explorar y cuantificar las reservas de uranio y de hidratos de metano a fin de explotar las energías renovables, y determinar cuáles serán los energéticos que moverán a la sociedad mexicana durante el siglo XXI”.

El análisis universitario resalta que al ser promotor y regulador del consumo de energía, el gobierno mexicano tiene un papel crucial; por ello en el plan nacional de desarrollo debería incluirse una política energética clara, “ausente hoy en la nación”.

Prueba legislativa

Para tener autosuficiencia en el ramo de política energética se debe contar con algunos elementos indispensables: un plan para la formación de recursos humanos altamente calificados, la creación de instituciones dedicadas a la investigación e innovación con financiamiento generoso, y metas a mediano y largo plazo claramente establecidas “a fin de evitar los errores que hoy nos tienen en la encrucijada”, dijo.

Señaló que ante la transición energética en puerta es urgente contar con una legislación que la propicie y regule de manera adecuada, misma que no sólo debe ser analizada por los actores políticos, sino que debe ser parte de un “amplio y responsable consenso entre gobierno, empresas públicas y privadas, investigadores e innovadores, organizaciones civiles, sociedades profesionales, comunidades y la sociedad civil en su conjunto”.

 
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