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Cuestiona el PRD allanamientos sin orden de la autoridad

Inminente, la aprobación de la reforma judicial

Roberto Garduño y Ciro Pérez Silva

La aprobación de la reforma judicial es inminente, porque en las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), razón por la cual prevalecerá la aplicación de allanamientos y cateos a domicilios, sin orden judicial.

Al realizarse la reunión, el PRD solicitó más tiempo para revisar el documento devuelto por el Senado, porque fue distribuido a discreción entre algunos legisladores de ambas comisiones. “¿Cómo podemos tener certeza, sin haber leído, de que en estas 26 cuartillas se expresa lo que se votó en la minuta? Lo que se deja ver es un trato distinto entre los que somos diputados de esta legislatura”, reclamó Andrés Lozano, coordinador de Seguridad y Procuración de Justicia del grupo perredista.

Enseguida, Aleida Alavez Ruiz, diputada del sol azteca, demandó que antes de que los integrantes de las comisiones votaran fueran distribuidas las cartas con observaciones que el alto comisionado de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional enviaron con respecto a la reforma judicial.

“Las cartas hacen alusión a cómo se trasgreden tratados internacionales y el artículo 133 constitucional con estas reformas. Yo no comparto esta percepción de los diputados de que (como) ya viene del Senado… nada más es de trámite, ya que es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expuso.

A esa posición se sumó Alfonso Suárez del Real, quien recordó que desde 1814 se prevé en México la inviolabilidad del domicilio particular, y “con la redacción del dictamen lo que se está facilitando es que quienes la ejecuten violen los derechos humanos, porque el problema es la policía, no confiamos en ella, y prueba de ello es que para la lucha contra el narcotráfico se utiliza al Ejército”.

La negativa perredista fue endurecida por Humberto Zazueta Aguilar, quien preguntó a los diputados priístas y panistas: “¿Vamos a dejar que decidan las policías –a las que se está desarmando hoy por el vínculo con el crimen organizado–, que sean ellas las que decidan cuando hay amenaza para entrar a las casas? Compañeros, están cometiendo un grave error, porque estamos dando marcha atrás a conquistas históricas de la sociedad en lo referente a las garantías individuales”.

Por el contrario, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, consideró lacónica e infundada la visión perredista en torno a los allanamientos. “Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, ya se hace; es una preocupación del PRD que respetamos, pero infundada. El jueves se le va a dar primera lectura y el martes ustedes estarán pendientes de lo que decida el pleno. Necesitamos dos terceras partes y si no se dan no vamos a lograrlo. Mi impresión es que la gran mayoría de los 500 diputados sí están de acuerdo con esta modificación al paquete de justicia”.

–¿Ya está la decisión tomada?

 –Ya. El grupo parlamentario del PRI, en su gran mayoría, apoyará esta iniciativa que se convertirá en ley.

En ese tono, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, justificó legalmente el tema. “El allanamiento o el ingreso a domicilio sin autorización judicial, sólo se puede dar cuando haya peligro inminente o actual, es decir, que está por ocurrir o está ocurriendo, que afecte la vida de una persona o su integridad física, o tratándose de una persecución de un delito flagrante, es decir, una persecución que desemboca en el ingreso de una persona perseguida a un domicilio particular e ingresar allí. La idea en el fondo es evitar la pérdida de eficacia, que esos minutos preciados que van desde el momento en que se tiene ese conocimiento y que se actúa, se pueden, insisto, perder, y podría ser fatal esa pérdida”.

No obstante, Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, emitió un criterio distinto. “Ellos lo llaman ingreso a los domicilios sobre la base de que hay una amenaza inminente o determinada; es un absurdo. La subjetividad de quién va a determinar la amenaza implica que si alguien pasa por tu casa y tiene agravio contigo, y le dice a un policía que cree que adentro hay un delito (sic) porque hay tres personas asociadas, y porque además en la definición de Palermo dicen que la delincuencia organizada es la asociación delictiva de dos o tres individuos que se unen para un fin ilegal. En ese sentido, estoy muy preocupado con el tema de los derechos humanos; los datos duros nos dicen que la segunda y tercera causas de las quejas en derechos humanos emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales; este asunto, en mi opinión, va a generar una espiral sin fondo de futuros agravios a la sociedad, porque ni las policías ni el Ministerio Público están preparados” para ello.

 
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