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Editorial

Educación: incluir a las universidades públicas

En un acto realizado ayer en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó a esa dependencia la transformación del bachillerato, al que llamó “cuello de botella” del sistema educativo del país. En el encuentro estuvieron presentes el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y diversos funcionarios de la administración federal, pero las universidades públicas del país estuvieron prácticamente ausentes, tanto en la reunión como en el discurso, a pesar del importante papel que estas instituciones desempeñan en el tramo de la educación media superior.

La reforma del bachillerato es, en principio, un propósito loable. Pero al criticar en su discurso la desvinculación que existe en ese ámbito entre ciclos, programas y organismos, el propio Calderón ilustró tal descoordinación, al formular el anuncio unilateral de una estrategia de mejoramiento para la educación media superior, adoptada por el gobierno federal, sin tomar en cuenta a las instituciones universitarias que operan un gran número de planteles de preparatoria.

Resulta particularmente inapropiada la omisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), porque ella realiza una función primordial en la normatividad, la investigación educativa y la formación misma de alumnos de bachillerato. Es improcedente que el diagnóstico, las propuestas de soluciones y las medidas específicas para dignificar la enseñanza media superior se realicen sin considerar la vasta experiencia educativa de la máxima casa de estudios y de las universidades estatales, autónomas en su mayoría, y por lo tanto libres de acatar, o no, los lineamientos emanados del Ejecutivo federal y de la SEP. A la postre, el anuncio de ayer deriva en un plan que desconoce la autonomía universitaria y que ignora los límites de las facultades presidenciales.

No está de más recordar que, de acuerdo con el inciso quinto del artículo tercero de la Carta Magna, “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior”, aunque el conjunto de las instituciones estatales no se agota en el ámbito del gobierno federal; por lo demás, las atribuciones exclusivas de éste, de acuerdo con el texto constitucional, se circunscriben a “determinar los planes y programas de estudio de la educación prescolar, primaria, secundaria y normal”, aunque para ello deberá “considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”.

En términos políticos, el gobierno que encabeza Felipe Calderón es particularmente vulnerable en el terreno educativo, no sólo por la situación de desastre y de corrupción en que su correligionario Vicente Fox dejó al sector, sino también por el oscuro papel desempeñado por la dirigencia charra que controla el sindicato magisterial en la impugnada victoria del ahora gobernante en las elecciones presidenciales de julio del año antepasado. Esta consideración debiera ser una razón adicional para que la presente administración se conduzca, en el ámbito educativo, con actitudes incluyentes y transparentes, propósitos de armonía institucional y pleno conocimiento de sus potestades y de sus límites.

 
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