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No tengo facultades para hacerlo, afirma la presidenta de la Cámara de Diputados

Fracasa intento del PRD por regresar a comisiones minuta de reforma judicial

Cuestionan legisladores que una fe de erratas enviada por el Senado no se discutió

El proyecto de decreto entra al pleno en primera lectura; se votará el próximo martes

Roberto Garduño y Enrique Méndez

A pesar de la oposición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, que reprochó el contenido de la minuta sobre la reforma judicial enviada por el Senado, la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta Salgado, dio entrada en primera lectura a la minuta enviada por el Senado, con el propósito de que sea aprobada el martes próximo.

En la última etapa de la sesión ordinaria celebrada ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Zavaleta anunció que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia le habían enviado el proyecto de decreto que reforma y adiciona varias disposiciones de la Constitución en materia de justicia penal, y por reglamento le correspondía dar entrada en primera lectura al documento, no obstante que ella también se opone al contenido del mismo.

De inmediato, Andrés Lozano, representante perredista, solicitó la palabra para denunciar que someter a primera lectura la minuta constituía un acto ilegal, porque adolece de formulación y de procedimiento: “estamos ante un escenario en el que en lo oscurito, en la chicana legislativa, PRI y PAN hacen reformas a un dictamen, que no fueron discutidas en las comisiones y fueron integradas directamente al texto… en lo oscurito, sin que nos diéramos cuenta, pretendían incluir artículos transitorios que ni siquiera el Senado había enviado. Y más luces se vieron cuando la presidenta de esta cámara, el día martes, habiendo pasado la discusión, dio entrada a las 13:45 horas a una fe de erratas a la que se refería esa minuta. ¡Es la realidad! Pretenden violar el procedimiento legislativo. No les importa que sea un dictamen desaseado”.

Con dureza, el legislador perredista emitió una serie de preguntas: ¿En qué parte de los antecedentes se refiere a esa supuesta corrección de la fe de erratas del dictamen? ¿En qué momento se informó a los diputados integrantes de las comisiones unidas que se estaba haciendo una fe de erratas, misma que no había llegado a la Cámara de Diputados? ¿Por qué, si es una fe de erratas, no se indicó en el momento de su discusión en comisiones? Por una simple y sencilla razón, insistió Lozano, porque saben que están fuera de procedimiento.

Para replicar a su compañero de bancada, Ruth Zavaleta sustentó su determinación en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso. Sostuvo que la minuta se recibió formalmente por parte del Senado. El 19 de febrero se recibió la fe de erratas, “dándose cuenta de la misma a todos y cada uno de las diputadas y diputados”, y el 20 de febrero se recibió el dictamen en la mesa directiva, señaló.

Aun así, Andrés Lozano insistió e intentó hacer entender al pleno que se cometía una ilegalidad, porque la objeción se centra en la naturaleza del dictamen, sobre todo en la fe de erratas del Senado, que entró cuatro horas después a la Cámara de Diputados.

Para secundar la postura de Lozano, su compañero Tonatiuh Bravo expuso que la queja no se trataba de una impugnación o un cuestionamiento al trámite otorgado por la presidencia a la minuta, sino para cuestionar la entrada tardía de la fe de erratas proveniente del Senado.

“La petición, muy respetuosa a la mesa directiva, es que haciendo uso de sus atribuciones regrese a las comisiones (la minuta), con el propósito de que ésta se pueda dictaminar con posteridad a cuando fue recibida la fe de erratas, que proviene del Senado, y no con anterioridad. De esa manera las comisiones pueden subsanar el caso y en la próxima sesión puede darse cuenta de la primera lectura del mismo.”

Zavaleta insistió en que no está en sus manos la atribución para regresar la minuta a comisiones, “toda vez que se recibió con todas las prebendas jurídicas”.

En esos momentos, diputados de la corriente Nueva Izquierda del PRD desplegaron dos mantas plastificadas, de excelente manufactura, para dejar en claro su postura sobre dos temas sustanciales en momentos del proceso interno de elección de dirigencia:

“Los diputados de Nueva Izquierda estamos en contra de la reforma judicial. No al allanamiento de morada; los diputados de Nueva Izquierda estamos en contra de la privatización de Pemex.”

Vanos fueron los esfuerzos de los diputados perredistas que en el pasado periodo ordinario de sesiones aprobaron el dictamen y, meses después, al percatarse de su error, trataron de corregir el rumbo.

Para despejar dudas de que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y parte de los legisladores de Alternativa conforman la mayoría de dos terceras partes que habrá de aprobar la reforma constitucional el martes próximo, se sometió a votación del pleno si la minuta se regresaba a comisiones. El resultado fue que 240 legisladores se pronunciaron en contra, por 126 en favor, del PRD, Convergencia y PT, así como seis abstenciones, entre ellas las de Marina Arvizu, Alfredo Ríos Camarena, José Murat, Mayra Peñuelos, Héctor Hugo Olivares Ventura y Lilia Merodio.

 
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