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Miguel Concha

Exigencia civil y social

Como un signo más de que los medios electrónicos ya no controlan a la opinión pública nacional, y como prueba de la madurez política alcanzada por la sociedad en pocos años, el pasado miércoles 47 organizaciones civiles y sociales independientes de radiodifusores, periodistas, cineastas, dramaturgos, actores, comunicólogos, defensoras y defensores de derechos humanos, escritores, obreros, estudiantes, campesinos e indígenas en toda la República dieron a conocer e iniciaron formalmente la conformación de un frente nacional, para exigir al Congreso una nueva y única ley de radio, televisión y telecomunicaciones en este periodo de sesiones.

Dicha ley debe garantizar a cabalidad los derechos indisociables a la información y a la libertad de expresión de todos los mexicanos, como elemento sustantivo de un Estado democrático y de derecho. Por ello avalan en todos sus términos la propuesta que el 7 de noviembre del año pasado presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información al grupo plural para la reforma de las leyes de radio y televisión y Telecomunicaciones del Senado, pues toma responsablemente en cuenta los preceptos constitucionales sobre la rectoría del Estado en la gestión de los bienes públicos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, así como las observaciones y recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos sobre la materia, así como las exigencias de la ciudadanía en contra de la concentración de medios y el sectarismo con el que actúa el gobierno en el otorgamiento de concesiones y permisos.

Con ello, estas organizaciones, cuyo número ha venido creciendo cada día, se hacen en efecto eco del reclamo de millones de ciudadanos, centenas de organizaciones y decenas de movimientos sociales en todo el país, que piden con urgencia una nueva y única ley de medios electrónicos y telecomunicaciones que combata los monopolios, regule el funcionamiento de los medios electrónicos como servicio público, garantice los derechos de las audiencias e incluya el otorgamiento de un sistema adecuado de concesiones de radio y televisión a las organizaciones civiles, sociales, e instituciones de educación y cultura.

Prueba de ello es que el pasado 31 de enero, durante la megamarcha del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Públicas, que reunió en el Zócalo de la ciudad de México a alrededor de 200 mil personas provenientes de todo el país, se expresó de manera contundente que la comunicación de la sociedad a través de los medios “es un derecho que no puede ponerse por abajo de los negocios”.

“Antes que los derechos de los monopolios –se dijo– están los derechos de las audiencias (...) Requerimos una nueva ley de medios electrónicos y telecomunicaciones, que sea garantía de las modernas libertades democráticas.”

Y las centenas de organizaciones campesinas, sindicales y ciudadanas que convocaron a esa marcha, más otras que en el trayecto se han venido asociando, firmarán el próximo lunes por la mañana un pacto político, en el que también se incluye una reforma estructural del funcionamiento de los medios electrónicos y las telecomunicaciones en el país. Por ello, el Frente Nacional por la Reforma de los Medios Electrónicos de Comunicación exige que en la nueva ley de medios –para el pueblo, de obvia e inmediata resolución– se garanticen al menos los siguientes aspectos: 1) los derechos de los ciudadanos a una comunicación democrática; 2) los derechos de las audiencias y el servicio público que deben prestar los medios electrónicos; 3) la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación; 4) el aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad; 5) una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital; 6) un órgano regulador de Estado con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas, que asegure eficientemente su autonomía frente a las intromisiones políticas del gobierno y los poderes fácticos; 7) acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales; 8) diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente; 9) libertad, pluralidad, responsabilidad, de acuerdo con estándares democráticos de libertad de expresión, así como diversidad en la operación de los medios de comunicación privada-comercial, pública-estatal y comunitaria-sin fines de lucro; 10) derecho de réplica; 11) integridad de los contenidos, que eviten la censura; 12) promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas, y 13) defensa de intereses nacionales y transparencia de la inversión extranjera en medios electrónicos.

Si por cálculos partidistas, que ya son inútiles y no vienen a cuento, los legisladores en su autoritarismo se niegan a atender estas sensibles demandas, allí está ya también la moderna sociedad mexicana y sus organizaciones para seguirlas exigiendo, castigando a sus representantes.

 
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