Usted está aquí: domingo 24 de febrero de 2008 Opinión Imposición gubernamental sobre el pueblo wixarika

Juan Cosío Candelario*

Imposición gubernamental sobre el pueblo wixarika

Ampliar la imagen Wixarikas en lucha, en el paraje Ciénega de los Caballos, en Jalisco Wixarikas en lucha, en el paraje Ciénega de los Caballos, en Jalisco Foto: Arturo Campos

Nadie ha solicitado una carretera, al menos las autoridades que la promocionan no han enseñado el documento de solicitud de una obra que está dañando profundamente a la madre tierra, donde hay lugares, animales y plantas sagradas. Desde que la comunidad de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) supo que se construiría una carretera que pasaría por su territorio buscó información, ya que no se le pidió su aprobación para la construcción de ese proyecto carretero.

Por eso los malos gobiernos han insistido mucho en que los pueblos indígenas somos objetos y no sujetos de nuestro propio destino. El gobierno hace proyectos sin tomarse la molestia de recabar la opinión de los afectados directamente, argumentando “el bien y el progreso”, cuando en realidad lo que busca es desmembrar la organización interna y saquear las tierras, montes y aguas que existen en su territorio. Nosotros los wixaritari no queremos ese progreso, nosotros queremos una relación respetuosa con la madre tierra que está viva.

El 9 de septiembre de 2007 en una reunión extraordinaria para tratar temas de la cultura wixarika (huichol) en la localidad de Keuruwita (Las Latas), dentro de la comunidad de Tuapurie, se presentaron el secretario de Desarrollo Urbano en Jalisco (Sedeur), el delegado en la entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y los presidentes municipales de Bolaños y Huejuquilla el Alto, los dos de Jalisco. Les informaron a los asistentes que estaba en proceso la construcción de una carretera que cruzaría por las tierras comunales de Tuapurie, afectando 19 kilómetros aproximadamente y que traería “muchos beneficios”. Es importante señalar que esta visita de los funcionarios se hizo pasando apenas unos pocos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declarara que ese tramo carretero quedaba suspendido por presentar inconsistencias ambientales.

Los comuneros les contestamos que no fuimos consultados desde un principio, que no estábamos de acuerdo con ese proyecto y que no éramos mayoría en esa asamblea para tomar una decisión; acordamos discutirlo en la próxima asamblea ordinaria donde estuviera presente la mayoría y decidir si se aceptaba o rechazaba la carretera.

En la asamblea ordinaria de Tuapurie el 11 de noviembre del 2007 se supo que las autoridades agrarias fueron presionadas, perseguidas y hostigadas por los presidentes municipales de Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla, acompañados con gente de la CDI y policías municipales, para firmar documentos que daban la anuencia para que se construyera la carretera. La asamblea, que es la máxima autoridad en la comunidad, desconoció lo que firmaron las autoridades, ya que se obtuvieron de forma ilegal, y emitió un documento que exigía a las autoridades involucradas que informaran a la comunidad al respecto, que entregaran el estudio de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo. Se entregó al gobernador de Jalisco, al director de la Sedeur, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco y a la delegación de la Profepa.

Tres meses después, el 11 de febrero de 2008, la asamblea comunal decidió sesionar en el paraje denominado Ciénega de los Caballos, parando pacíficamente la maquinaria que estaba destruyendo la naturaleza para construir la carretera, y exigiendo se presentaran los funcionarios que la promovieron para decirles que cancelen la obra porque la comunidad, a través de su asamblea, no ha autorizado la carretera; hasta ahora los funcionarios titulares no han querido dar la cara a la comunidad.

Un documento que evidenció la forma como opera el gobierno para imponer sus proyectos a como dé lugar fue que elaboró una segunda convocatoria y su respectiva acta de asamblea apócrifas, es decir, falsificó esos documentos e indujo a las autoridades agrarias a firmarlas y sellarlas. Por estos hechos la comunidad demanda que sean investigados los responsables, destituidos de sus cargos y se les finquen responsabilidades.

Después de que la asamblea detuvo la carretera, el gobierno no ha hecho más que hostigar nuestro plantón con la visita constante de policías y el sobrevuelo de helicópteros militares; asimismo el presidente de Bolaños ha declarado que “quieran o no los huicholes, vamos a meter proyectos ecoturísticos”, mientras Emilio González Márquez asegura que no detendrá la carretera, que insistirá “hasta que convenza a los huicholes”

Las declaraciones y acciones del Estado mexicano son una amenaza de despojo, basadas en el desprecio a los pueblos originarios. A pesar de eso, hoy los pueblos indígenas seguimos vivos, despiertos, atentos y organizados, tejiendo redes y espacios como el Congreso Nacional Indígena.

*Vocero de Tuapurie y miembro de AJAGI

 
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