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Carlos Martínez García

Un cura contra las sectas

Es un cura celoso de la integridad de sus feligreses. Aunque para preservarlos de lo que considera el mal haya de recurrir a vulnerar los derechos de quienes no forman parte de su redil. Es un convencido de que es necesario suprimir opciones religiosas que pudiesen ser atractivas a sus fieles. La mejor manera que ha encontrado para evitar esa tentación es tratar de acabar con el objeto llamativo.

Según la Barra Nacional de Abogados Cristianos, organismo de raigambre protestante/evangélica, el presbítero Francisco Palacios, “administrador de una parroquia en Puerto Vallarta, se ha dedicado sistemáticamente a llevar a cabo acciones para evitar el crecimiento de las congregaciones no católicas. El mes pasado distribuyó una carta entre habitantes de la colonia Infonavit CTM, incitándolos a detener la construcción de un templo de la Iglesia Nazarena, sin fundamento legal alguno. El sacerdote encabezó además la invasión de un predio, propiedad de la Iglesia Asambleas de Dios, en el mismo municipio, al tiempo que ha incitado a sus congregantes a realizar otras acciones para evitar la proliferación de sectas”. Y mientras el celoso eclesiástico perpetra sus persecuciones, ¿qué hacen las autoridades jaliscienses?

Propios integrantes del Partido Acción Nacional en Jalisco han señalado al gobernador Emilio González Márquez como comprometido militante de El Yunque, esa sociedad secreta identificada con un catolicismo integrista y comprometido en infiltrar los gobiernos estatales y federales para hacer políticas públicas sus convicciones privadas.

González Márquez, muy cercano al arzobispo de Guadalajara (ese modelo de la intolerancia, Juan Sandoval Íñiguez), nació en plana zona cristera, en Lagos de Moreno, y ha demostrado en su carrera política (fue presidente municipal de la capital jalisciense) que uno de sus objetivos es adelgazar la separación entre el Estado y la Iglesia católica.

El especialista en el conservadurismo yunquista/panista Álvaro Delgado, en su libro El engaño: prédica y práctica del PAN (Editorial Grijalbo, 2007), documenta varios esfuerzos del gobernador Emilio González por sujetar sus responsabilidades políticas a las enseñanzas éticas católicas. Metido a tareas propias de un catequista, González Márquez convirtió, como bien demuestra el autor antes mencionado, “la residencia oficial en sede de un ‘curso’ para aplicar la visión cristiana (más bien católica, CMG) a la gestión pública. Los asistentes a la nueva catequesis son funcionarios del primer círculo del gobernador con sus esposas; el encargado de la coordinación con la universidad eclesial que imparte las clases es el secretario de Educación”.

La institución seleccionada para adoctrinar a los altos funcionarios, la Universidad del Valle de Atemajac, es controlada por el arzobispado. Un tópico que no aprendieron los asistentes al curso teológico, tal vez porque no estaba en los contenidos, fue el de la transparencia. Ni el gobernador ni sus funcionarios revelaron los costos de la capacitación, la cual fue pagada con fondos del erario. No extraña, por lo tanto, que si desde las oficinas del gobierno de Jalisco se hace ostentación de la estrecha unión que esas instancias tienen con la Iglesia católica, entonces un párroco de la misma confesión sienta que puede hacer y deshacer para combatir a los herejes.

El cura Francisco Palacios redacta epístolas prohibicionistas, en las que instruye a sus lectores en la intolerancia religiosa. Tal fue el caso de su misiva en la que arenga a los católicos para que detengan la construcción de un templo de la Iglesia del Nazareno, no obstante que ésta cuenta desde hace varios años con reconocimiento legal como asociación religiosa.

El párroco ha llevado sus acciones más allá de cartas que niegan el derecho a la pluralidad religiosa. Se ha puesto al frente de piquetes invasores, como en el caso de un terreno propiedad de la denominación pentecostal Asambleas de Dios, la más grande del país y de toda América Latina. Su objetivo fue evitar la “proliferación de sectas”. Lo escandaloso de sus acciones no es tanto que las realice, sino que las autoridades han evadido su obligación de preservar los derechos de los grupos atacados por Francisco Palacios y por quienes le han acompañado en sus operativos anti libertad de cultos.

Ante la pasividad de las autoridades locales, el dejar hacer de las estatales y la ceguera voluntaria de las federales, el presbítero Francisco Palacios sabe que tiene un vacío que él llena con sus agresivas tácticas. Es preocupante que las instancias gubernamentales responsables de hacer cumplir las leyes transgredidas por el párroco privilegien al atacante y desdeñen la laicidad de las instituciones que se comprometieron a proteger cuando juramentaron su cargo al frente de ellas. ¿Son feligreses, o funcionarios públicos?

 
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