■ El monto supera recursos asignados a varias dependencias del GDF
En 16 meses, diputados gastaron $80 millones “para promover leyes”
■ Los legisladores no están obligados a presentar comprobantes o facturas
Durante los recientes año y cuatro meses de actividad, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han gastado cerca de 80 millones de pesos para promover el programa Ciudad de Leyes, que se ha caracterizado por una enorme opacidad, pues si bien existen lineamientos para su aplicación, no existe la obligación de presentar facturas o comprobantes de los gastos realizados, y todo se limita a informes por escrito basados en la palabra de los legisladores.
Ese monto de recursos hasta ahora gastado por los representantes populares supera el presupuesto total que este año se asignó a la Secretaría de Turismo (79.7 millones de pesos), al Instituto de la Juventud (64.1 millones), a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (75 millones), y casi cuadruplica el monto que tendrá este año el Fondo de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, instancias que sí tienen la obligación, por ley, de comprobar fehacientemente, peso por peso, el recurso que se les entregó, pues de lo contrario pueden enfrentar sanciones legales o económicas.
Según los lineamientos aprobados por la actual Comisión de Gobierno –donde están representados los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la ALDF–, cada uno de los 66 diputados locales recibe 75 mil pesos para difundir entre los capitalinos las leyes que han aprobado, luego de lo cual deben elaborar un informe que se presenta a las instancias administrativas de la Asamblea.
Sin embargo, esos informes están plagados, en la mayoría de los casos, de anomalías, según revelan los documentos entregados a La Jornada por la Oficina de Transparencia de la ALDF, a los que se anexaron los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría de la Asamblea al programa Ciudad de Leyes. A todos los grupos parlamentarios se les encontraron anomalías, como haberse reportado actividades organizadas por diputados distintas a lo fiscalizado, o se citan reuniones y entrevistas que tienen que ver con cuestiones totalmente ajenas a la difusión de leyes.
También se reporta que hubo diputados que imprimieron algunos documentos en los cuales es evidente el proselitismo a su favor o de su partido.
Ejemplos de las anomalías de los diputados sobran en el cedé entregado por la Oficina de Transparencia. Francisco Alvarado Villazón, de la Coalición Socialdemócrata, reporta que gastó 75 mil pesos en comidas con los delegados políticos. En su informe también está la copia textual de la invitación a un evento organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas.
Leonardo Álvarez, coordinador de la extinta fracción del PVEM, reportó como gasto algunas entrevistas banqueteras que le hicieron los reporteros, o bien las comparecencias que por ley tienen funcionarios del DF ante el pleno de la ALDF.
Elvira Murillo, del PAN, justificó gastos al citar reuniones con funcionarios capitalinos para “solicitar apoyo para las gestiones ciudadanas”, o bien el congreso de la Seduvi, realizado en Nuevo León. Miguel Errasti, de la misma fracción, reportó en sus cuentas el primer informe de gobierno del delegado en Benito Juárez, Germán de la Garza.