■ En reunión con organizaciones no gubernamentales recopila quejas sobre abusos
Recorrerá el país relator especial de la ONU para derechos de los migrantes
■ Jorge Bustamante se entrevistará con funcionarios de SRE, SG, CNDH, PFP y SSP
Al iniciar una visita de trabajo a México, que concluirá el próximo sábado 15, el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes, Jorge Bustamante, dijo:“fui invitado para conocer las acciones que el gobierno y la sociedad realizan en favor de la protección de los derechos de los migrantes”.
Ayer por la tarde declaró que “al gobierno mexicano la ONU le ha solicitado que respete las leyes nacionales y la normatividad internacional, que, como he escuchado esta tarde –en una reunión con varias organizaciones no gubernamentales (ONG)–, no lo está haciendo de manera muy completa”.
El relator de la ONU dijo que se entrevistará este lunes con la canciller, Patricia Espinosa; con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; con los ombudsman nacional y capitalino, José Luis Soberanes y Emilio Alvarez Icaza, respectivamente, además de autoridades de PFP y SSP.
Martes y miércoles, Bustamante realizará una visita a Tijuana, y jueves y viernes estará la frontera sur, en Tapachula. El sábado ofrecerá una conferencia de prensa para hacer una evaluación general de su visita.
Al reunirse ayer con las ONG, el relator de la ONU dijo que conoce las denuncias de los migrantes. En entrevista, refirió que el encuentro con las organizaciones civiles “es muy valioso, porque a través de ellas conozco los problemas, como los que me han comentado de manera abundante en esta reunión”.
La organización civil Sin Fronteras le expuso su preocupación por el Proyecto de normas de funcionamiento de las estaciones migratorias, ya que “mantiene una visión criminalizadora y discriminatoria de la población migrante, así como obstáculos normativos claramente dirigidos a evitar el principio de legalidad, el derecho de audiencia y de defensa, entre otras graves violaciones que constituyen una inobservancia al principio de progresividad de los derechos humanos”.
Sin Fronteras detalló al relator que el proyecto de normas de funcionamiento clasifica las estaciones migratorias según “la duración de la estancia de los migrantes. Ello conllevaría traslados entre una estación y otra sin que quede claro el procedimiento y puede dejar a las personas incomunicadas o afectar su proceso administrativo.”
De igual forma, la organización manifestó que con el proyecto referido se establecen excepciones que extienden de manera ilimitada el periodo de aseguramiento, entre otros.
La Clínica Legal de Interés Público, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expresó al relator que ofrece a los migrantes detenidos servicios gratuitos y representación legal, además de que observa las condiciones generales de aseguramiento; sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, le negó el acceso regular a la estación migratoria ubicada en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.
El argumento que esgrimió el INM es que “las estaciones migratorias son una instancia de seguridad nacional, y requieren de medidas extraordinarias de seguridad, por lo que no era viable permitir la entrada a personas externas”.
Otro argumento fue que “estudiantes y prestadores de servicios social, al no ser profesionales del derecho, no podrían asesorar a los migrantes”, y el tercero fue que “la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era suficiente”.
En el encuentro de las ONG, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez se refirió al caso de Concepción Moreno Arteaga, quien fue encarcelada y acusada de traficante de indocumentados por ayudar a los migrantes que pasan por su comunidad y solicitan ayuda.
El centro detalló que Moreno Arteaga es originaria de El Ahorcado, en Querétaro, comunidad ubicada en la ruta del ferrocarril. El 9 de marzo de 2005, “cuando se disponía a darles de comer a varios migrantes hondureños, llegaron a su casa agentes de la AFI y la detuvieron”.
Luego de un juicio caracterizado por diversas irregularidades “fue sentenciada a seis años de cárcel bajo cargos de tráfico de personas”. El Centro Prodh presentó un amparo, y el 31 de agosto de 2007 fue excarcelada y declarada inocente.