Usted está aquí: martes 11 de marzo de 2008 Economía México SA

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Carlos Fernández-Vega
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■ Juan Camilo inocente: no trafica influencias, sólo aprovecha el poder del cargo

El gusto le viene de cuando era crío, y con el correr del tiempo le agarró cariño a la práctica. Así, por lo visto, de niño Juan Camilo Mouriño coleccionaba estampitas, de joven empresas, hasta sumar 80 según su dicho, de adulto muchas gasolineras, billetes e influencia con los amigos prometedores, y de funcionario contratos públicos al por mayor, en beneficio de su propia hacienda. Coleccionar, pues, es su debilidad.

Y como le agarró gusto al gusto, ahora Iván el breve colecciona violaciones a cuando menos tres leyes que delimitan las responsabilidades de los servidores públicos, ilícitos consecuencia de su pasión por los jugosos contratos públicos (obtenidos vía democrática adjudicación directa) que alimentan sus otros deleites.

Resulta que no eran tres los contratos firmados por el empresario-funcionario con Pemex-Refinación (sin considerar las franquicias para sus 38 gasolineras en cinco estados de la República), sino siete, y contando. Además de los tres denunciados por Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de febrero, han salido a la luz pública otros cuatro: dos divulgados por el propio AMLO y otra parejita difundida por el partido Convergencia. La constante es que Mouriño firma como apoderado legal y accionista de la empresa Transportes Especializados Ivancar, al tiempo que ejercía, según la fecha, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y/o funcionario de la Secretaría Energía, en ambos casos de la mano de Felipe Calderón.

Para justificar su firma en los contratos públicos, al otrora niño coleccionista de estampitas no se le ocurrió mejor idea que pretextar que “lleva mucho tiempo hacer los trámites para dejar el cargo de apoderado legal de Ivancar”, pues “ya había renunciado a mis acciones”. Si las cosas se hacen como deben, en 15 días Juan Camilo legalmente habría cancelado su nombramiento como apoderado legal de Ivancar, según la Ley de Sociedades Mercantiles, pero como la de Iván es una mentira, simplemente la disfrazó de justificación.

El hecho es que con cada contrato ilegal que se hace público, y van siete, al calderonismo se le hace más difícil abonar a favor de la permanencia del niño feliz de la bella provincia mexicana, preocupado por la opinión de las amas de casa, en la Secretaría de Gobernación.

En resumen, si para ese tipo de negocios privados el inquilino de Los Pinos promueve su “reforma” energética, de nada sirve tener un “tesoro” si los piratas son los primeros en saber dónde está enterrado. Allá por 2005, cuando arrancaba su precampaña por la candidatura blanquiazul, Felipe Calderón se comprometía a “luchar por un México diferente y mejor” y “erradicar la corrupción y la impunidad; por eso estamos aquí”. Ahora se le presenta una ocasión dorada para demostrar que no mentía, aunque se trate de su delfín.

En este contexto, desde Campeche el colega Enrique Pastor Cruz Carranza ([email protected]) comenta que “todos aquellos envidiosos que blanden los contratos de adjudicación directa de 2002 y 2004 para el apoderado de Ivancar, seguramente también pretenderán manchar a otros personajes de la baja y ruin política nacional, como el ex candidato presidencial Roberto Madrazo Pintado, quien fuera beneficiado con las aportaciones de los Mouriño durante la campaña contra Francisco Labastida, mientras mezquinamente Carlos Mouriño Atanes y Juan Camilo colaboraban con Los Amigos de Fox, su hermano Carlos Mouriño Terrazo y Adalberto Enrique Füguermann y López no guardaron ningún pudor de apoyar a Madrazo Pintado y al coordinador general de la campaña, Oscar Rodríguez Cabrera (el mismo que le avaló documentos de presunta nacionalidad española en su Notaría, y virtuoso hijo del cacique Rafael Rodríguez Barrera, ex gobernador)”.

Por si fuera poco, Cruz Carranza, quien en carne propia ha sufrido los embates de los Mouriño, subraya que “hoy, por todos esos invaluables servicios a la creación de La Nueva Galicia, Adalberto Füguermann ha sido colocado por el siempre agradecido Camilo Terrazo en la Dirección de Administración e Inversión Turística de Fonatur, y gracias a ello el Grupo Español Mall, del empresario Julio Noval García, atendiendo la invitación de su aliado titular de Sectur en Campeche, Jorge Luis González Curi, están fincando el complejo turístico Campeche Playa. Golf, Marina & Spa Resort, donde danzan 650 millones de dólares, y se presume está determinada la sucesión gubernamental a favor del hermano del caballeroso y decente Antonio González Curi, primer ex gobernador ilegítimo de Campeche, con quien concertará Mouriño Atanes la sucesión a favor de Jorge Carlos Hurtado Valdez, un ex empleado de ambas partes: ¿Qué tiene de malo, indecente, vulgar o inescrupuloso universalizar los negocios con el aditamento del tráfico de influencias, si en alarde de picardía el entonces gobernador AGC le aplicó a la campaña promocional el lema: ‘Campeche, el tesoro escondido de México’. No le suena a nueva promoción transa?

“Una denuncia, perfectamente documentada, de AMLO y aceptada con natural y cínica gallardía que emocionó hasta el éxtasis a sus adeptos, no debe frenar las inversiones de nuevos astilleros para la construcción de barcos que tanto requiere la actividad petrolera, que en aras respetables y justas de conservar su esencia gallega, está destinado a los constructores y astilleros de Vigo, como si los mexicanos no pudieran hacerlo. Juan Camilo Mouriño Terrazo es talentoso y altamente productivo, y si no que le pregunten a la Constructora Escalante, que en un solo mes ha duplicado sus contratos con la SCT. ¿Es pecado hacer el bien al prójimo, amigo o papá-suegro, cuando la generosidad debe empezar en casa? Juan Camilo es inocente de todos los señalamientos certeros de que es víctima. No trafica influencias, sólo aprovecha el poder del cargo”.

Las rebanadas del pastel

Letras de oro y muro de honor para el excelente chiste que ayer contó Emilio Gamboa Patrón: “el PRI no será tapadera de nadie, creemos en la transparencia y en la rendición de cuentas”.

 
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