POLÍTICAS FORESTALES

DEVALUADA EN EL PRESUPUESTO
LA SILVICULTURA COMUNITARIA

• En cambio, se impulsan plantaciones comerciales
• Omite el PEF 2008 recursos para la conservación indígena de la biodiversidad

Octavio Klimek Alcaraz* y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

FOTO: Sergio Ávalos

En detrimento de instrumentos orientados a la conservación y manejo campesino e industrialización de bosques nativos, el presupuesto federal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de 2008 fortaleció significativamente las asignaciones de los programas para siembra de árboles y para las llamadas plantaciones forestales comerciales (PFC).

De esta forma, aunque el presupuesto forestal crece, se soslaya el hecho de que el propio Ejecutivo ha declarado a los bosques y selvas como asunto de seguridad nacional. Los recursos públicos disponibles apenas sirven para apoyar 13 por ciento de los 56 millones de hectáreas de bosques y selvas nativos del país.

Los programas de conservación, reforestación y manejo de los ecosistemas forestales deben fortalecerse para generar no sólo beneficios a las poblaciones de estas regiones, sino también para detener los altos índices de deforestación causados por los estímulos que desde el aparato público se dan a la agricultura y la ganadería.

Un análisis del PEF forestal. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008 implica para la Conafor un recurso récord de 6 mil 44.7 millones de pesos, 35.3 por ciento más que en 2007 en términos nominales.

El principal recurso de la Conafor se aplica al ProÁrbol (Bosques recuperados, protegidos y productivos), con 5 mil 549.2 millones de pesos este año. Allí están los principales programas de la dependencia, y destacan tres, que absorben 61.5 por ciento del recurso, y que son los que la política pública está fortaleciendo:

Se trata del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Procoref), que en 2007 tuvo la encomienda de sembrar 250 millones de árboles con un presupuesto de mil 410 millones de pesos, y que ahora se incrementa en 381.8 millones (27.1 por ciento) a mil 792 millones.

Este Procoref, que es seriamente cuestionado pues oficialmente se conoce que la sobrevivencia de los árboles plantados no rebasa 50 por ciento –y versiones de especialistas hablan de sólo 10 por ciento–, se complementa con el Programa de Manejo de Germoplasma y Producción de Planta, que contradictoriamente registra en 2008 una reducción de 3 por ciento en su asignación, de 737.9 millones de pesos. Por último, está el Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), que este año ejercerá 884.5 millones de pesos, 82.7 por ciento más que los 400.4 millones de 2007.

Prodefor, en declive. Dentro del ProÁrbol, el instrumento que se debilita, y cuya misión es mejorar las capacidades campesinas de manejo de los ecosistemas y la conservación de éstos, es el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el cual se reduce en 5 por ciento para sumar 656.2 millones de pesos este 2008. El Programa de la Producción y Productividad de los Ecosistemas Forestales de Manera Sustentable (Procymaf), que tiene esos mismos propósitos, registra en 2008 un incremento de 26.7 millones de pesos (39.4 por ciento) respecto del año anterior, para sumar un recurso limitado de 94.7 millones de pesos.

Movilizaciones de Red Mocaf ante la Semarnat, 31 de enero de 2008. FOTO: Red Mocaf

El PEF 2008 para la Conafor deja además sin asignación concreta al Programa de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas (Coinbio), un esquema exitoso financiado hasta 2007 por el Fondo Mundial Ambiental, en el que las comunidades asumen compromisos de conservación en áreas forestales. Se dice que probablemente este programa será integrado al Procymaf, aunque no existe información sobre los montos que ejercerá.

Gasto corriente al alza. Al analizar el presupuesto 2008 de la Conafor, destaca que dentro de su total, de 6 mil 44.7 millones de pesos, el mayor aumento ocurrió en el apartado de inversión física (que subió en 42.1 por ciento, a 4 mil 481 millones de pesos), si bien es cierto que el otro rubro, el de gasto corriente, el cual creció en 19.1 por ciento, a mil 563.7 millones de pesos, es tres veces más de lo que en ese renglón ejercerá la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o dos veces más de lo asignado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Resalta un importante aumento de 132.4 millones de pesos (219 por ciento) en los programas relacionados con la información y educación forestales, que sumarán 192.9 millones. También el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales aumenta, en 50.1 por ciento, al contar con 535 millones de pesos.

Destaca que la Conafor fortalecerá su Programa de Pago por Servicios Ambientales, pues el monto asignado, 483.4 millones de pesos, implica un aumento de 383.4 por ciento respeto de los 100 millones de pesos de 2007. En contraste, el Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales decrecerá en 29.6 por ciento, de 362.7 millones de pesos el año pasado a 255.3 millones.

Además, se debe señalar que en el artículo 50 del Decreto del PEF 2008, se orienta el ejercicio de 750 millones de pesos de ProÁrbol para la conservación y desarrollo forestal de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, para “recuperar el macizo boscoso en las zonas de mayor marginación de las entidades federativas del sur del país (...)”

Doctor en recursos silvícolas, Universidad Técnica de Dresden, Alemania

CORPORATIVISMO:

Apuesta de la Conafor en la Organización Campesina

• Busca complacencia ante políticas públicas ineficientes

Gustavo Sánchez

Con la creación de más de 250 organizaciones denominadas “asociaciones regionales de silvicultores” –que dependen para su funcionamiento de recursos federales proporcionados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor)–, el gobierno federal despliega una estrategia de corporativización en el ámbito forestal; busca generar una base social que sea acrítica a los graves problemas del sector y a los pocos resultados obtenidos; que apoye incondicionalmente las decisiones gubernamentales, y que de paso sirva a fines electorales.

Movilizaciones de Red Mocaf ante la Semarnat, 31 de enero de 2008. FOTO: Red Mocaf

A partir de 2005, la Conafor inició este proceso; por medio de sus gerencias regionales, constituyó las más de 250 organizaciones y creó también la Confederación Nacional de Silvicultores, con las que pretende tener una representación de los productores del sector que le sea cómoda y valide sin protestar una política gubernamental que no logra incidir en los problemas de fondo del manejo de recursos forestales.

Chantajes con el presupuesto. La Conafor ha advertido que quienes no se agremien a estas organizaciones (prácticamente paraestatales) no tendrán acceso a los recursos de los programas de apoyo al sector. La dependencia argumenta que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la faculta para impulsar la operación silvícola por medio de “unidades de manejo regional”.

Sin embargo, los procesos de organización impulsados autoritariamente –sin tomar en cuenta a las agrupaciones ya existentes, ni cuestiones culturales, ni las experiencias locales de asociación–, e imponiendo cacicazgos, ocasionan divisionismo en muchas regiones, confrontan a los productores y boicotean los esfuerzos de las organizaciones que durante muchos años han trabajado en las regiones forestales.

Esas asociaciones creadas por mandato gubernamental se mantienen en muchos casos sólo por el subsidio de 500 mil pesos anuales que la Conafor destina a cada una. Es previsible que la mayoría desaparezca en cuanto les falte el apoyo. Al igual que la decisión de convertirnos en el primer país reforestador del mundo (aunque sólo sea en los informes gubernamentales), la política de corporativización, además de onerosa, no incide en atacar los graves problemas del sector: caída de la producción forestal, incremento en el déficit comercial, pérdida acelerada de la cubierta forestal, creciente mercado ilegal de madera, falta de infraestructura de caminos, poca superficie bajo manejo y descapitalización de la industria, entre otros.

La apuesta parece ser comprar una representación del sector social que cierre los ojos ante la falta de resultados de una dependencia que paradójicamente maneja los recursos presupuestarios del sector forestal más altos de la historia.

Red Mocaf

Información forestal imprecisa oculta explotación y tala ilegal Ausencia de datos sobre autorizaciones, volumen y origen de madera que se corta Debe la Semarnat difundir estadística correcta para estimular la sustentabilidad Virgina Montes FOTO: Sergio Ávalos Si usted quisiera saber cuál es la superficie forestal que se encuentra bajo algún esquema de manejo y planificación, deberá conformarse con estimaciones extraoficiales, ya que las instituciones gubernamentales encargadas de generar información no contemplan este concepto. Las estimaciones dicen que los instrumentos de manejo y planificación están presentes sólo en 25 por ciento de los 67 millones de hectáreas de bosques y selvas del país (6.4 millones de hectáreas en Áreas Naturales Protegidas, 8.1 millones con aprovechamiento maderable y 2.5 millones de hectáreas en Unidades de Manejo para la Conservación de la vida Silvestre, Umas). Para realizar aprovechamientos forestales maderables en México se requieren autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cuales se expiden a favor de los dueños de los predios previa presentación de un programa de manejo, donde se planifican las actividades a realizar durante un ciclo de corte. Aunque la institución no informa al respecto, el Programa Estratégico Forestal señala que son unos 25 millones de metros cúbicos de madera los que se autorizan anualmente para ser cortados. ¿A quiénes se otorgan estas autorizaciones? La Semarnat tampoco informa, pero se estima que, en número, la mayoría corresponde a pequeñas propiedades, y en menor medida a ejidos y comunidades. Pero a estos últimos se les otorga el mayor volumen, debido a que poseen las mayores extensiones de bosques y selvas en nuestro país. Datos parciales. En cuanto a la producción forestal maderable, la Semarnat sí ofrece información en sus anuarios estadísticos, los cuales reportan exclusivamente los volúmenes comerciales documentados por los productores en las delegaciones estatales de la dependencia. Entre 2000 y 2006 esta producción disminuyó de 9.4 millones de metros cúbicos a 6.5 millones. Volúmenes muy lejanos de la demanda interna anual, estimada en más de 27 millones de metros cúbicos, y cuyo diferencial es cubierto por productos importados. Estas importaciones provocan un déficit en la balanza comercial sectorial de más de 5 mil millones de dólares, 10 veces más que el presupuesto gubernamental destinado al sector. Si bien la mayor parte de la producción maderable proviene de terrenos ejidales y comunales, no puede considerarse una producción comunitaria, pues un porcentaje significativo es de comunidades que rentan sus derechos a terceros. Enfrentar este fenómeno es tarea prioritaria de los responsables del sector forestal, pues las empresas rentistas ponen todo su esfuerzo en aumentar ganancias y nunca en el cuidado de los bosques. Desafortunadamente no se puede precisar cuántas comunidades manejan sus bosques y cuántas los rentan, ya que la Semarnat tampoco informa sobre este renglón. FOTO: Sergio Ávalos Indicadores ausentes. El volumen total y origen de la madera que se corta en México está muy lejos de conocerse, debido al insuficiente esfuerzo de la Dirección General Forestal por acopiar, sistematizar y difundir la información que es vital para la reactivación de un sector en crisis. Los indicadores de tenencia de la tierra, tipo de productor y de aprovechamiento (comercial, uso doméstico, tala ilegal) no son utilizados, de tal manera que la información forestal precisa no existe, lo que confirma que el sector importa muy poco a quienes toman las decisiones en nuestro país. Para tener una idea del volumen de madera cortada en México habría que sumar al dato oficial la madera no documentada, la de uso doméstico y la abandonada en el bosque, lo cual se estima en alrededor de 30 millones de metros cúbicos anuales, muy arriba de los 6.5 millones que reporta la Semarnat. Todo lo anterior hace evidente la necesidad de cambios en la Semarnat para que genere y difunda información precisa y oportuna que induzca al sector forestal a un manejo adecuado de los bosques y selvas, y que promueva su conocimiento, evaluación y monitoreo, así como el desarrollo económico de las comunidades rurales. El fomento PÚBLICO de la silvicultura comunitaria Salvador Anta F FOTO: Cortesía de CCMSS Cerca de 2 mil 400 ejidos y comunidades cuentan con permisos de aprovechamiento forestal, y se concentran principalmente en Durango, Michoacán, Chihuahua, México, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo. De estos núcleos agrarios, alrededor de 600 tienen empresas forestales comunitarias, que generan empleo, ingresos y recursos económicos para una parte importante de la población rural nacional. Una proporción relevante de esta población es indígena, de los grupos tepehuanos, purépechas, mixtecos, zapotecos, chinantecos, chontales, zoques, nahuas y mayas, principalmente. En nuestro país se tienen certificadas por su buen manejo forestal unas 800 mil hectáreas de bosques y selvas, de las cuales 90 por ciento son propiedad de comunidades y ejidos forestales. De esta manera, los bosques y las selvas representan un importante capital natural y económico para diversas poblaciones campesinas e indígenas, y un buen número de comunidades y ejidos realiza un aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, que es compatible con su conservación. Sin embargo, existen también muchos casos donde los recursos forestales de ejidos y comunidades no son valorados, y enfrentan diversos problemas de deterioro: cambio de uso de suelo para fines agropecuarios, incendios, extracción ilegal de productos del bosque, cacería furtiva, etcétera, y una parte importante de su población vive en condiciones de pobreza y marginación. Por ello, las políticas de gobierno comienzan a considerar estratégico el apoyar y fortalecer los procesos de silvicultura comunitaria, con los objetivos de hacer productivo el manejo de los recursos; generar ingresos y empleos a partir de la actividad forestal, y proteger y conservar las áreas forestales mediante su buen manejo y aprovechamiento. Con este nuevo gobierno federal comienzan a generarse oportunidades que apuntan hacia este fortalecimiento, entre las que se encuentran: • La ampliación del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (Procymaf) a los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Puebla y Veracruz, para establecer un modelo de atención enfocado a las principales comunidades y ejidos forestales del país. Actualmente el programa opera en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Durango y Quintana Roo. • La continuidad del proyecto de Conservación Comunitaria en Tierras Indígenas (Coinbio), ahora como parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que junto con los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, permitirá fortalecer los esquemas de conservación voluntaria en las comunidades de estos estados. • El continuo incremento al presupuesto del gobierno federal en materia forestal, que en 2008 representó 20 por ciento más que el año pasado. • La publicación de un decreto del Ejecutivo que obliga al gobierno federal a hacer compras de muebles de oficina fabricados con madera certificada, con lo cual se podrá beneficiar a las empresas forestales comunitarias, principales proveedoras de madera certificada. Éstos son algunos de los programas de desarrollo que las comunidades y ejidos forestales de México deben de aprovechar para continuar avanzando en su desarrollo social y económico, y con ello contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales y los servicios ambientales que nos proveen. Gerente regional de la Conafor Pacífi co Sur. Región V

PRODEPLAN: ¿fábrica de bosque?

Lourdes Edith Rudiño

FOTO: Iván Zúñiga

En 2007 México produjo entre 300 mil y 350 mil metros cúbicos de maderas provenientes de plantaciones forestales comerciales (PFP), las llamadas “fábricas de bosque”, que son sistemas establecidos sobre tierras ociosas o de baja productividad agrícola y ganadera y que, según pronósticos oficiales, para 2010 generarán 800 mil metros cúbicos y para 2025 llegarán a 10 millones de metros cúbicos, esto es, aportarán 70 por ciento de la cosecha nacional total de maderas.

Así, México se pondrá en línea con la situación de la región, pues en América Latina hoy 75 por ciento de la madera proviene de PFP, y el resto de bosques naturales.

Desde 1997 la política pública fomenta las PFP por medio del Prodeplan. Y en esta década, empresarios hoteleros, como el Grupo Qualton; de tiendas comerciales, como Chedraui y Liverpool; entidades educativas, como la Universidad Tecnológica (Unitec), y corporativos industriales como el Grupo KUO (antes Desc) han invertido y recibido subsidios para establecer PFC, y también lo han hecho capitalistas del propio sector, como Agros, Kimberly Klark y Sanfandila.

Las especies más comunes en la PFC son melina, eucalipto, teca, cedro rojo, caoba y pino. Hasta ahora las PFC se concentran en Campeche, Veracruz, Tabasco y norte de Chiapas, pero toda la franja del Golfo de México, el norte de Oaxaca y el de Chiapas, las tres huastecas, el norte de Puebla y regiones costeras del Pacífico tienen tierras potencialmente viables para las PFC.

Grupo KUO. El principal proyecto del país es el de Forestaciones Operativas de México, con 12 mil hectáreas de eucalipto en Veracruz y Tamaulipas, y planes de llegar a 24 mil. Pertenece a Rexcel, que tiene una fábrica de tableros de madera en Michoacán, y es parte de KUO, grupo que cuenta con negocios en ramos como el automotriz, restaurantero, agrícola y de la industria química.

Según fuentes extraoficiales, hay unas 85 mil hectáreas de PFC que reciben subsidios del Prodeplan, más otras 20 mil que no son apoyadas por no haber reunido requisitos de supervivencia y sanitarios, y 20 mil adicionales que fueron plantadas desde antes del Prodeplan. No todas han entrado en producción, pues hay especies que requieren 18 o 20 años para iniciar su cosecha.

Un factor que ha generado polémica frente a la PFC es la tenencia de la tierra. Las particularidades de ésta en México, con predominio de ejido y comunidad, dificultan el desarrollo de estas plantaciones a escala industrial. En otros países son muy comunes los proyectos de más de 50 mil hectáreas (en Brasil, Chile y Uruguay los medianos tienen entre 50 mil y 100 mil, y en China, entre 100 mil y 200 mil), y en México, de 3 mil proyectos existentes, 2 mil 800 son menores a 100 hectáreas.

Compra y renta de tierra. La integración de la tierra en los proyectos es muy variable: va desde compra de predios hasta renta simple o rentas por turno de corta (siete años en muchos casos); también están las modalidades de renta con participación de cosecha y asociación en participación. En el proyecto de Rexcel, la empresa adquirió 3 mil hectáreas a pequeños propietarios y el resto son terrenos rentados. Los recursos públicos para el Prodeplan han crecido sustancialmente. Durante el zedillismo, el programa aplicó 304 millones de pesos en subsidios, y el acumulado 2001-04 fue de mil 797 millones. En 2008 el presupuesto rebasa los 884 millones de pesos, 83 por ciento más que en 2007.