“Desaparecen” y matan al dirigente chatino Lauro Juárez

 Lauro Juárez, dirigente del pueblo chatino de Oaxaca, tenía cincuenta años cuando fue “desaparecido” por policías estatales y pistoleros del municipio Santos Reyes Nopala el pasado 31 de diciembre, tras el violento desalojo de una protesta en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. Durante los dos meses siguientes, las organizaciones sociales y de derechos humanos de la entidad demandaron su presentación con vida (aunque no fue formalmente detenido por la autoridad en ese estado sin ley). A principios de marzo, sus restos aparecieron mal enterrados en el paraje “El Potrillo”, en el municipio de San Juan Lachao Nuevo, distrito de Juquila.

Integrante de la Unión de Campesinos Pobres y el Frente Popular Revolucionario, miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo), padre de cinco hijos y vecino de su natal Santa María Temaxcaltepec en el distrito de Juquila, Lauro fue un reconocido luchador social por los derechos políticos y humanos, así como defensor de los recursos naturales de la región. El día de su desaparición participaba en un bloqueo junto con indígenas de Temaxcaltepec, San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala que demandaban respeto a los usos y costumbres en la elección de autoridades. Tras su desaparición, se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Hu­ma­­nos, que fueron otorgadas el pasado primero de febrero. Éstas tutelarían su integridad física y jurídica. De nada sirvieron. Los restos encontrados en “El Potrillo” prueban que fue torturado y asesinado poco después de su desaparición; consistían en un pedazo de pelvis, un cráneo, partes de la piel, la columna vertebral, el fémur y el cuero cabelludo, así como una cartera con su credencial de elector, un pantalón rasgado y una camisa, estos dos últimos manchados en su totalidad de sangre.

El crimen se da en un contexto de  grave violencia política en la región chatina. Se trata de “una ejecución extrajudicial de la cual el gobierno de Oaxaca tiene absoluta responsabilidad”, según expresaron la Asociación Nacional de Defensores de Derechos Humanos, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas.

Por su parte, la appo responsabiliza del crimen al ex presidente municipal de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar, y al ex secretario general de Gobierno y actual dirigente del pri estatal, Jorge Franco Vargas, conocidos porros en su juventud y hoy parte de la pandilla de delicuentes que rodea al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. (Ojarasca)