Usted está aquí: jueves 27 de marzo de 2008 Sociedad y Justicia Legalmente existente, la huelga de la mina en Sombrerete, declara la JFCA

■ Desconoce sindicato dichos de abogado contra Gómez Urrutia

Legalmente existente, la huelga de la mina en Sombrerete, declara la JFCA

C. Gómez y L. Ramos (Reportera y corresponsal)

Ampliar la imagen Con la de Sombrerete van tres huelgas mineras declaradas legales Con la de Sombrerete van tres huelgas mineras declaradas legales Foto: Fabrizio León

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) dio a conocer ayer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró legal la huelga estallada por el gremio en la Unidad San Martín, de Sombrerete, Zacatecas, sección 201.

Agregó que ésta es “una de las tres huelgas ya confirmadas como legalmente existentes que el sindicato estalló en 2007 contra la empresa Industrial Minera México, del Grupo México. Acotó que las otras dos son la de Cananea, Sonora (sección 65), y la de Taxco, Guerrero (sección 17).

Indica que la resolución de la JFCA, contenida en el expediente III-3670/2007, instruye para que se gire oficio del mismo asunto al juzgado tercero de distrito en materia de trabajo, en el amparo número 1306/07.

Asimismo, Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del sindicato, expresó la “extrañeza del gremio por las declaraciones vertidas a medios de comunicación por el abogado Agustín Acosta, quien dice representar a casi 6 mil trabajadores que supuestamente han demandado por mal manejo de fondos del fideicomiso minero.

“Es absurdo que Acosta afirme que Gómez Urrutia puede ser detenido en cualquier momento. El abogado muestra una lamentable ignorancia de la mecánica de la Interpol, cuando dice que la Procuraduría General puede solicitarle a esta agencia ‘que se boletine al líder minero para que sea extraditado a México’. Ignora que no está facultada para detener a nadie, ya que esto es parte del proceso de extradición entre dos países, si es que existe tratado y que requiere un juicio fundado.”

Impunidad en Pasta de Conchos

En tanto, en Ramos Arizpe, Coahuila, el gobernador, Humberto Moreira Valdés, consideró que la tragedia en la mina Pasta de Conchos, ocurrida hace más de dos años, permanecerá impune mientras el gobierno federal siga protegiendo a quien al momento del accidente, en el que murieron 65 trabajadores, se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, Pedro Isaac Camarillo Adame.

A juicio del mandatario priísta, Camarillo –cuyo paradero se desconoce– es el responsable de que la carbonera haya estallado, pues permitió que estuviera en operación pese a tener conocimiento de las condiciones de inseguridad en que estaba.

“Él tenía delegadas las funciones del secretario de Trabajo (Federal) –en ese entonces Francisco Javier Salazar Sáenz– y tenía también la facultad de clausurar la mina o de evitar que operara en condiciones irregulares, dijo al ser entrevistado antes de encabezar un acto en la ex hacienda Guadalupe, donde hace 95 años el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, firmó el Plan de Guadalupe que anticipó el derrocamiento de Victoriano Huerta.

Dijo que la decisión de la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar a funcionarios menores de la delegación de la STPS, por considerar que tuvieron faltas administrativas en torno al accidente en la mina, significa “una burla, una ofensa para los coahuilenses y para la gente de Pasta de Conchos, pues ahí se tiene que revisar qué pasó con el ex delegado”, anotó.

Dijo que al inhabilitar por un año del servicio público al ex director jurídico delegacional de la STPS, Raúl Sarmiento Villegas; al jefe de esa dependencia en la región carbonífera de Coahuila, Rogelio Aguirre Tovalín, y a los inspectores de seguridad Mario Fraga Zamarrón y Jesús Menchaca Medina, el gobierno federal pretende desviar la atención del caso, para evitar proceder en contra de Camarillo.

“Nos falta la sanción de la Procuraduría General de la República, porque la actual es una sanción administrativa, es un manazo nada más y nosotros lo que estamos esperando es el fallo de la PGR.

“Siempre le sacan la vuelta al tema del ex delegado, todo se canalizó para pegarle a la empresa, y la STPS en la pasada administración quedó fuera de cualquier cuestionamiento.

“Pareciera como si hubieran armado toda una estrategia para que a ellos no se les tocara, y luego cuando se presiona tantito vienen y le pegan a los que tienen la posición más modesta”, puntualizó.

 
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