■ Marchan miles para exigir que les permitan construir viviendas en predio de 40 hectáreas

Presionan antorchistas al ayuntamiento de Texcoco

■ Se instalará mesa de negociación en Toluca

■ Gresca con policías deja cuatro golpeados

Javier Salinas Cesáreo y René Ramón Alvarado (Corresponsales)

Texcoco, Méx., 2 de abril. Aproximadamente 10 mil integrantes de la organización priísta Antorcha Popular, provenientes de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec y Texcoco, entre otros municipios del oriente mexiquense, marcharon por la carretera federal México-Texcoco hasta el palacio municipal.

Los manifestantes exigieron a las autoridades locales que autoricen cambiar el uso de suelo de 40 hectáreas del rancho Santa Martha, donde pretenden vender predios a 2 mil familias de otros municipios y estados y construir un fraccionamiento.

El ayuntamiento mandó colocar vallas de acero de tres metros de alto, principalmente en las calles aledañas al palacio municipal. Detrás se apostaron 2 mil policías de la Agencia de Seguridad Estatal y mil agentes municipales de Texcoco, Tezoyuca, Los Reyes la Paz, Chicoloapan y Ecatepec. Este último ayuntamiento proporcionó uno de los dos helicópteros que sobrevolaron la zona. El otro fue de la policía estatal.

Unos 2 mil locatarios y 31 escuelas pararon actividades.

Los contingentes se congregaron en cinco puntos. El más numeroso partió a las diez de la mañana de la entrada principal de la Universidad Autónoma Chapingo, encabezado por el dirigente estatal antorchista, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Tras casi dos horas de marcha llegaron al centro de la ciudad y comenzaron a rodear la zona para tratar de llegar a la alcaldía, pero no lo lograron. Policías y funcionarios municipales se mantuvieron frente a los antorchistas, separados sólo por las mallas.

El ayuntamiento informó que el próximo martes instalarán una mesa de trabajo en Toluca, con representantes del gobierno mexiquense como mediadores.

El alcalde perredista Constanzo de la Vega Membrillo advirtió que no permitirá un crecimiento urbano desordenado y señaló que las exigencias de los antorchistas no responden a una necesidad de la población, sino que se trata de un negocio de la organización priísta.

Por la tarde, perredistas enviados por Adrián Manuel Galicia Salceda, alcalde de San Vicente Chicoloapan, se enfrentaron con los policías municipales, que los confundieron con antorchistas. La gresca dejó cuatro golpeados y un detenido, quien tras identificarse fue liberado.

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Javier Salinas Cesáreo y René Ramón Alvarado Corresponsales

Texcoco, Méx., 2 de abril. La intención de Antorcha Popular (AP) de crear un asentamiento urbano de 25 mil viviendas en 40 hectáreas del predio Rancho Santa Martha, en el poblado de Cuautlalpan, ha enfrentado a esa organización priísta con el gobierno municipal, encabezado por el perredista Constanzo de la Vega Membrillo.

El ayuntamiento ha negado los permisos para el fraccionamiento porque, argumenta, se trata de terrenos agrícolas y no puede otorgar servicios públicos a 100 mil nuevos habitantes; además, desde 2004 existe una veda a las construcciones de alto impacto.

Los antorchistas sostienen que el gobierno municipal carece de argumentos jurídicos y por ello ha recurrido a la represión y a desvirtuar las demandas de la organización priísta. El proyecto, explicó, consiste en crear 2 mil lotes de 120 metros cuadrados cada uno, que abarcarán 60 por ciento de las 40 hectáreas, y el resto se destinaría a calles y equipamiento urbano.

En septiembre de 2007 el gobierno municipal se enteró de que Antrorcha Popular pretende lotificar dicho predio, propiedad de María Olazábal Arreola. En 2004, en respuesta a compañías inmobiliarias que presionaban para urbanizar, la zona quedó “protegida” por el acuerdo 156 del cabildo, que decretó que el uso de suelo sólo podría cambiarse de agrícola a comercial.

Jesús Tolentino Román Bojórquez, dirigente estatal de AP, informó que el año pasado se firmó un convenio de compraventa del terreno por 90 millones de pesos, de los cuales ya dieron anticipo.

Durante meses, los antorchistas distribuyeron a la salida de las estaciones del Metro volantes en los que ofrecían lotes “baratos”.

En noviembre pasado el ayuntamiento presentó una denuncia penal que quedó asentada en el expediente AV/FEDF/TEX/115/2007 de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores de la Procuraduría de Justicia mexiquense, en contra de Gloria Brito Nájera, dirigente regional de Antorcha Popular, “quien ha encabezado la venta y lotificación de las 40 hectáreas”.

El alcalde De la Vega Membrillo dijo que en años recientes se han rechazado las solicitudes de 14 inmobiliarias que pretendían construir unas 45 mil viviendas en Texcoco, y tampoco piensa otorgar el cambio de uso de suelo a los antorchistas, por falta de infraestructura de servicios.

Durante un recorrido por la propiedad, Román Bojórquez dijo que junto al terreno existen todos los servicios básicos: energía eléctrica, agua potable y drenaje, y el paraje ya dejó ser una zona agrícola, pues a un costado se edificó la megaplaza comercial Puerta Texcoco y hay un campus de la Universidad Autónoma del estado de México.

Puerta Texcoco se construyó en 136 mil 258 metros cuadrados. En marzo de 2007 el ayuntamiento otorgó los permisos para su edificación, pero argumentó que se autorizó por ser de vocación comercial, no habitacional.

La negativa, asegura Román Bojórquez, es política. “(El alcalde) siente que un asentamiento de esta magnitud va a modificar la correlación de fuerzas en Texcoco, va a modificar el padrón electoral, y cree que ello pone en riesgo la presidencia municipal para 2009.”

El ayuntamiento ha organizado comités vecinales y consejos de participación en Texcoco para rechazar la “injerencia” de Antorcha Popular. Además, emprendió una campaña en defensa de las áreas agrícolas, a lo que la agrupación priísta ha respondido con manifestaciones, como la de hoy.

El ayuntamiento argumenta que Antorcha Popular ocupa terrenos para crear asentamientos irregulares y después presiona a las autoridades para obtener servicios; además, la responsabiliza de lucrar políticamente con el hacinamiento y la marginación que ella misma propicia al invadir predios.

Ambas partes han solicitado la intervención del gobierno estatal, que no ha fijado su postura.