■ PFP y la Patrulla Fronteriza buscan evitar fuga de narcotraficantes

Operativos conjuntos México-EU en zona límitrofe de Chihuahua

■ A disposición del MPF, 22 empleados estatales retenidos por el Ejército

Gustavo Castillo García

Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Patrulla Fronteriza pusieron en marcha recorridos de vigilancia paralelos a lo largo de toda la zona limítrofe que abarca el estado de Chihuahua con Nuevo México y Texas, Estados Unidos, para evitar la fuga de presuntos integrantes de los cárteles de Juárez, Sinaloa y del Golfo, que en los pasados meses se enfrascaron en una lucha por el control de las rutas de trasiego de droga, revelaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

En tanto, luego de horas de incomunicación en establecimientos militares, 22 empleados de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez.

Como parte de las acciones que ha emprendido el crimen organizado en dicha entidad, la SSP federal ordenó el despliegue de 500 elementos de la PFP, con el propósito principal de que realicen operaciones en coordinación con el Ejército, sobre todo en la capital del estado y en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios federales, los altos índices de violencia que se generaron desde 2007 en Chihuahua se deben a la disputa por el control de las rutas para el trasiego de droga hacia Estados Unidos y a la falta de control de la delincuencia por las autoridades locales.

Según reportes oficiales, suman 226 ejecutados en lo que va del año, lo que significa 45 por ciento más de muertes vinculadas a cuestiones de crimen organizado en comparación con las 150 de 2007.

Los funcionarios entrevistados señalaron que el Ejército se ha convertido en el principal auxiliar del Ministerio Público Federal, y es el que se encarga de cumplimentar la mayor parte de los mandamientos ministeriales y judiciales, y con base en ello, el pasado martes fueron detenidos 22 servidores públicos que supuestamente estarían relacionados con actos ilícitos.

En ese sentido, los informantes precisaron que los 22 detenidos fueron ingresados a instalaciones castrenses en Ciudad Juárez, donde permanecieron incomunicados y sujetos a interrogatorios, sin la presencia de ningún agente del Ministerio Público Federal, lo que constituye violaciones a las garantías individuales.

Es así que hasta ayer la PGR informó oficialmente que en el contexto de las acciones emprendidas por el gobierno federal, dentro del Operativo Conjunto Chihuahua, “elementos del Ejército Mexicano pusieron a disposición del Ministerio Público a 22 personas –en calidad de presentadas–, quienes son empleados de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales.

“Lo anterior, en cumplimiento a un oficio de localización y presentación girado a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional por la Agencia Sexta Investigadora de esta delegación estatal, donde se radicó la averiguación previa PGR/CHIH/CDJUA/0074/2008-VI”.

A pesar de que los 22 servidores públicos permanecieron detenidos en instalaciones castrenses sin la garantía de un abogado ni la presencia de un agente ministerial, la PGR no informó si abrió alguna investigación ante la posibilidad de que se haya cometido algún acto ilícito por los militares.