■ La mayoría, adscritos a la lucha antinarco, dicen en la Judicatura
Militares de bajo rango tramitaron en el sexenio 40 demandas de amparo federal
En lo que va de la administración de Felipe Calderón, militares de bajo rango adscritos a tareas de seguridad pública en todo el país han tramitado al menos 40 demandas de amparo de la justicia federal, como parte de sus estrategias de defensa para enfrentar los cargos que les ha fincado la justicia militar, informó un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Refirió que en la mayoría de estos casos se trata de amparos indirectos que buscan impugnar supuestas irregularidades jurídicas en los juicios abiertos en el fuero militar –principalmente contra soldados rasos y cabos- acusados de homicidio, violación de mujeres y menores de edad, lesiones dolosas y abusos de autoridad.
La cifra contrasta con los 16 juicios de garantías tramitados entre 2005 y 2006, en lo que fueron los dos últimos años de gobierno de Vicente Fox, según informes proporcionados por la misma fuente.
“En los 12 meses recientes se han abierto unos 40 o 45 juicios de amparo indirecto para impugnar ante jueces federales actos de la autoridad militar; en su mayoría, los quejosos están señalando como responsables a la Presidencia de la República, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al procurador militar”, puntualizó la fuente consultada.
Cuando algún elemento del Ejército incurre en cierto acto ilícito derivado de sus labores oficiales, corresponde a la Procuraduría Militar revisar su actuación y, si es necesario, a esa instancia le compete iniciar un juicio ante tribunales del fuero castrense.
Aunque los elementos del Ejército son juzgados por jueces que también son militares, y se les aplica el Código de Justicia Militar para sancionar sus conductas delictivas, la ley de amparo les da la posibilidad de impugnar las resoluciones mediante la vía del juicio de garantías.
Desde el inicio del actual gobierno se ha utilizado a los militares como parte de la estrategia integral de combate al crimen organizado en todo el país, en lo que algunos funcionarios del área de seguridad nacional han calificado como una “guerra frontal al narcotráfico”.
En este contexto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, condenó el pasado miércoles el operativo castrense en Ciudad Juárez, Chihuahua, y denunció que se ha impedido el paso de visitadores a instalaciones de la Sedena.
“Se vive una situación preocupante por la actuación de militares en tareas de seguridad pública; se han convertido en secuestradores”, dijo el ombudsman nacional ante los medios de comunicación.
En septiembre pasado, la CNDH emitió cuatro recomendaciones a la Sedena por abusos de soldados que incluyen violación de mujeres y menores de edad, homicidio, detenciones arbitrarias, tortura e incomunicación ocurridos en los estados de Coahuila, Sinaloa y Michoacán.
Tres de las recomendaciones documentan transgresiones a las garantías fundamentales de civiles por militares que participan en los operativos de combate al crimen organizado.