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Editorial

Economía: desatención de riesgos

La 71 Convención Nacional Bancaria, celebrada en el puerto de Acapulco, concluyó ayer con inocultables y preocupantes manifestaciones de incapacidad y falta de disposición por parte de las autoridades federales para atender factores de riesgo para la economía nacional.

El tema central de la reunión fue la educación económica y financiera, circunstancia paradójica si se toma en cuenta que, al día de hoy, son las propias instituciones bancarias las que incentivan en la población el mal manejo de los servicios financieros, al insertar a los usuarios, como lo advirtió ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en una dinámica de endeudamiento excesivo “que puede ser muy perversa”, por vía de la proliferación de las tarjetas de crédito con pagos mensuales cada vez menores, pero con tasas de interés elevadas que dificultan la liquidación total de la deuda y generan en el consumidor “una falsa sensación de solvencia financiera”.

La persistencia de tales prácticas constituye un elemento sintomático de que las instituciones bancarias, en su mayoría filiales de firmas extranjeras, han desvirtuado su función de posibilitar el acceso de la población a servicios bancarios confiables y eficientes en aras de la obtención de mayores beneficios económicos por medio del aumento de su base de clientes, y han encontrado en nuestro país un mercado libre de regulaciones oficiales, y mucho más ventajoso que los entornos de sus naciones de origen. Fuera del otorgamiento de crédito al consumo, el aporte de esas instituciones al desarrollo del país es ínfimo, y su contribución en el financiamiento de infraestructura, inversiones productivas y créditos inmobiliarios sigue estando muy por debajo de las necesidades nacionales.

Al respecto, las autoridades no han asumido tareas efectivas de regulación ante estas y otras prácticas igualmente nocivas de las instituciones bancarias –como el cobro de comisiones excesivamente altas por concepto de servicios financieros–, con lo que se ha dejado a los consumidores a merced de consorcios extranjeros y, por si eso fuera poco, se ha puesto en evidencia la fe del grupo gobernante en los principios de “dejar hacer” y “dejar pasar”, característicos de la doctrina económica neoliberal.

Por lo demás, la clausura de la convención bancaria fungió como marco de una nueva contradicción del grupo en el poder en torno al impacto que una eventual recesión económica en Estados Unidos pudiera implicar para nuestro país. Mientras que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, sostuvo que la crisis financiera en la nación vecina puede ser una “fuente de contagio” para la economía nacional, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, en concordancia con la línea seguida los últimos meses por el gobierno federal, desestimó esos riesgos y aludió a la solidez de la economía interna, que “ha podido contrarrestar la desaceleración proveniente del exterior”.

El contraste en la postura de ambos funcionarios evidencia, además de una falta de articulación para trabajar en torno a un tema de importancia nacional indiscutible, una profunda insensibilidad de las autoridades federales para reconocer, en primera instancia, el peligro que el entorno internacional plantea para la economía mexicana y, en segunda, para atender ese escenario mediante la aplicación de políticas que reduzcan la dependencia que acusa nuestro país con respecto a la nación vecina en materia económica.

 
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