Usted está aquí: lunes 7 de abril de 2008 Política Impiden a diputados visitar en penal a miembro del ERPI

■ Autoridades del reclusorio de Chiconautla ya lo habían aprobado

Impiden a diputados visitar en penal a miembro del ERPI

Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)

Ecatepec, Méx., 6 de abril. Autoridades penitenciarias mexiquenses negaron el acceso al reclusorio de Chiconautla a integrantes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), entre ellos dos diputados federales perredistas, a quienes en días pasados se había autorizado visitar a Gloria Arenas Agis, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Los legisladores Aleida Álvarez Ruiz y José Antonio Almazán, así como 10 miembros del FNCR, acudieron al penal Sergio García Ramírez desde temprano.

Allí esperaron varias horas, con la intención de entrevistarse con Gloria Arenas, conocida como la coronela Aurora, detenida en octubre de 1999, a quien darían a conocer la iniciativa de ley de amnistía para los presos políticos del país, presentada en la Cámara de Diputados.

Los legisladores e integrantes del FNCR recibieron la semana pasada la autorización para la visita, pero, luego de que una comisión accedió a la aduana, el subdirector del penal les notificó que no podía permitirlles el acceso.

En un documento de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del estado de México se argumentó que “por reglamento” no se les podía permitir el ingreso, porque sólo están autorizados familiares y abogados de la reclusa, así como integrantes de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Antonio Almazán explicó que dicha iniciativa de ley, promovida por el Frente Nacional Contra la Represión, busca que se otorgue libertad inmediata y absolutoria a los “presos políticos”.

Los integrantes del frente entregaron una carta escrita a mano, y confiaron en que ésta será entregada a Gloria Arenas, en la cual le expresan su solidaridad y compromiso de obtener la libertad de todos los “presos políticos”.

Aleida Álvarez aseveró que hay más de 900 “presos políticos” en el país, por lo cual se busca que puedan ser beneficiados con dicha norma.

 
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