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■ Años después de que Bush se haya ido, EU seguirá siendo repudiado: Edward Kennedy

Dick Cheney, Condoleezza Rice y Colin Powell aprobaron técnicas de tortura

■ Oficiales de la CIA demostraban ante los reunidos en la Casa Blanca las tácticas de atrocidades

■ Exige la principal organización estadunidense de libertades civiles investigar a los funcionarios

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 11 abril. El vicepresidente Dick Cheney, la entonces asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, el ex secretario de Estado Colin Powell y otros altos funcionarios del gobierno de George W. Bush evaluaron y autorizaron personalmente el uso de técnicas de tortura entre 2002 y 2003.

Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban– durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa Blanca.

Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de ahogamiento o waterboarding, pero también el uso de golpes, bofetadas, privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia Ap.

Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente” a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.

Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.

Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto gentilmente”.

Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas reuniones.

“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su gobierno”.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales (incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más repugnantes de interrogatorios ilegales.

Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.

Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para levantar cargos contra estos funcionarios.

La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que llegar al fondo de estos informes”.

 
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