■ La Federación les deja la carga de atender a más de 500 mil mexicanos repatriados al año

Municipios fronterizos, solos frente al crimen organizado y la migración

■ Los operativos militares son para culpar a las autoridades locales por la delincuencia, señalan

Miroslava Breach Velducea y Rubén Villalpando (Corresponsales)

Ciudad Juárez, Chih., 16 de abril. Representantes de 32 municipios fronterizos del norte de México criticaron al gobierno federal por la falta de coordinación y apoyo oportuno a las autoridades locales para contener el tráfico de armas, drogas e indocumentados, entre otras variantes del crimen organizado que generan violencia en la región, y demandaron mayor efectividad en su combate.

Los 22 presidentes municipales y representantes de otros 10 ayuntamientos que participan en la segunda sesión plenaria de ciudades fronterizas del norte de México propusieron que, en respuesta a las críticas del gobierno estadunidense sobre la violencia en la región, también se certifique el creciente consumo de drogas del país vecino.

En el acto, que se desarrollará durante dos días en Ciudad Juárez, los alcaldes rechazaron los reclamos del gobierno federal en materia de seguridad pública y subrayaron que durante años la Federación no ha estado con la oportunidad ni la fuerza necesarias para hacer frente a la delincuencia organizada.

“Ahora llegan con el argumento de que vienen a poner orden y acusan a los mandos municipales de coludirse con delincuentes, pero en sus propias filas no vemos que tengan control suficiente”, señaló uno de los funcionarios en referencia a las detenciones de policías municipales y estatales ocurridas en recientes operaciones militares en localidades fronterizas, entre ellas Ciudad Juárez.

“El gobierno federal no combate de manera efectiva el crimen organizado y luego llegan el Ejército y la PFP (Policía Federal Preventiva) acusando a las autoridades municipales de ser responsables de toda esa delincuencia, sin aceptar su propia culpa”, destacó Marco Antonio Martínez Dabdoub, alcalde de Nogales.

Los alcaldes y representantes comentaron que el “descuido histórico” del gobierno federal ante la inseguridad fronteriza fomentó la delincuencia organizada, porque ni la Procuraduría General de la República ni el Ejército realizaron jamás funciones preventivas ni labor de inteligencia; mucho menos combatieron el tráfico de drogas ni atendieron las adicciones con resultados tangibles.

Como resultado, entre 80 y 90 por ciento de los delitos del orden común en las ciudades fronterizas están asociados a la comercialización y consumo de drogas, dijeron.

Aunque admitieron que los problemas de inseguridad y violencia son graves en la región, rechazaron las certificaciones y alertas del gobierno de Estados Unidos para que los ciudadanos de ese país no viajen a México.

José Reyes Freís, alcalde de Ciudad Juárez, demandó el restablecimiento de la Comisión Intersecretarial para Asuntos de la Frontera Norte, “diseñada en el sexenio anterior y que fue clausurada por las actuales autoridades federales”.

■ Demandan partida especial a través del INM

■ Subestima el gobierno a la población flotante

Miroslava Breach Velducea y Rubén Villalpando Corresponsales

Ciudad Juárez, Chih., 16 de abril. El gobierno federal dejó a los municipios de la frontera norte la carga presupuestal de atender a los más de 500 mil mexicanos que cada año son repatriados por autoridades de migración estadunidenses, señalaron alcaldes y funcionarios locales, quienes exigieron a la Federación que, a través del Instituto Nacional de Migración, destine fondos especiales para apoyar a los connacionales.

En la segunda sesión plenaria de ciudades fronterizas del norte de México, representantes del gobierno federal escucharon quejas por la falta de apoyos económicos para atender a los migrantes, la mayoría de los cuales son devueltos al país en situación de emergencia y, por tanto, requieren alojamiento, alimentación y pasajes para regresar a sus lugares de origen, gastos que corren por cuenta de los municipios o de organizaciones civiles.

“Nos dejan solos con los gastos de atención a un problema que es responsabilidad de la Federación. A Ciudad Juárez le cuesta 7 millones de pesos anuales y no recibimos ni un centavo”, reclamó Adriana Cruz, coordinadora del Programa de Apoyo a Migrantes de este municipio fronterizo.

Romero Monteverde Estrella, alcalde de Altar, Sonora, denunció que a su municipio llegan hasta 3 mil migrantes al día, lo que ha generado problemas de inseguridad y gastos que han dejado al ayuntamiento sin recursos para necesidades básicas de sus habitantes.

“Tenemos que atender una población flotante ciento por ciento superior al número oficial, con el consecuente incremento en la demanda de servicios públicos”, agregó.

“Al municipio de Altar lo conocen a nivel mundial por el tráfico de indocumentados, pero nadie quiere ver el otro lado de la moneda: las autoridades municipales necesitamos apoyos reales del gobierno federal”, reprochó.

Jorge Ramos, edil de Tijuana, propuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleve un control de los indocumentados que son deportados por la frontera y que tienen antecedentes penales, ya que muchos forman bandas y representan un peligro para las ciudades a las que llegan.

Juan Carlos Gallegos Alarcón, uno de los asesores de Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, admitió que en el presupuesto de este año no se destinaron fondos para atender a los repatriados, e informó que apenas en marzo se estableció el programa piloto de repatriación humanitaria que empezó en Tijuana, pero sin fondos nuevos, pues “trabajamos con lo que existe”.

Francisco Javier Reynoso, delegado del INM en Baja California, propuso que la Procuraduría General de la República “persiga a los coyotes y polleros protegidos por el crimen organizado, que se han vuelto altamente violentos”,