■ La SFP había fijado un plazo de tres años; quedará en sólo uno
Ordenan reducir tiempo para conocer la evolución del patrimonio foxista
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) reducir a un año la reserva de las investigaciones sobre la evolución patrimonial de Vicente Fox, y dejó sin efecto los tres años que había considerado la dependencia.
En entrevista, el comisionado Juan Pablo Guerrero dijo que el plazo de reserva fijado por la SFP era “excesivo” pues, de acuerdo con la experiencia del IFAI, una indagatoria administrativa de esa clase toma como “máximo un año”.
Guerrero precisó que si esa investigación concluye antes de un año, la información es pública. Pero si los resultados de la SFP dan pie al inicio de otra averiguación, entonces procedería la entrega de una versión pública, en la cual se den a conocer los fundamentos por los que tomó esa determinación. Conforme a los tiempos del IFAI, la SFP tendría que difundir la información a más tardar en julio de 2009.
En el expediente del recurso 211/08, cuya resolución corrió a cargo del comisionado Alonso Gómez Robledo, se añadió un considerando en el cual se establece que las declaraciones sobre la situación patrimonial de Fox, que anualmente rindió de 2000 a 2007, tienen carácter público, pues el ex mandatario autorizó su difusión y están en Internet.
Según la SFP, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial “aún no ha dictado una resolución conforme a derecho, pues continúa allegándose de los elementos necesarios para la integración del análisis de la evolución”.
Hay que precisar que la declaración patrimonial anual es distinta a la “evolución patrimonial”; en el caso de esta última, la SFP debe verificar si, efectivamente, lo declarado por el ex mandatario en cuanto a bienes inmuebles, cuentas bancarias, fondos de inversión, automóviles, joyas, menaje y otros corresponde al valor actual de su patrimonio.
Además, el IFAI confirmó por seis años la reserva relativa a las amenazas recibidas por Felipe Calderón y familia. Sobre ellas, el mandatario declaró en una entrevista con Reuters de marzo de 2007 haberlas recibido del crimen organizado.
El Estado Mayor Presidencial (EMP) arguyó que difundir esa información “pone en riesgo acciones destinadas a proteger la seguridad del titular del Ejecutivo federal, además que no se conforma como información del interés público (sic)”.