Usted está aquí: jueves 24 de abril de 2008 Sociedad y Justicia Deterioro grave en 30% de las escuelas públicas

Deterioro grave en 30% de las escuelas públicas

Laura Poy Solano

El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), Eduardo Bravo Esqueda, reconoció que al menos 30 por ciento de las escuelas públicas de educación básica en el país presenta un deterioro que va de “grave a severo o irregular”, mientras que 40 por ciento de los planteles en zonas rurales se encuentra en esta situación.

En entrevista, luego de participar en la presentación de la Ley General de Infraestructura Física, promulgada el pasado 1º de febrero, afirmó que de las 110 mil 300 primarias y secundarias, que representan alrededor de 90 por ciento de los planteles en México, la tercera parte presenta deterioro grave en sus instalaciones.

Indicó que una de cada 10 escuelas de formación básica requiere atención “urgente” en su infraestructura, mientras que dos de cada 10 ameritan cuidados por daños considerados “medianos”.

En tanto, Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que según una encuesta entre padres y maestros, 54 por ciento de los primeros considera que es “fundamental la inversión pública en las escuelas”.

Agregó que 38 por ciento estima que una de las principales demandas es darles mayor mantenimiento, mientras que 42 considera que es la falta de equipamiento, y 17 “cree que los sanitarios están muy mal estado”.

Culpa de gobiernos locales

Por su parte, Bravo Esqueda insistió en que los responsables del estado físico de la infraestructura educativa son los gobiernos estatales, ya que la Federación les entrega recursos por medio del ramo 33, aunque reconoció que con la aplicación de la nueva ley, “se creará una red de institutos estatales que nos permitirá elaborar un diagnóstico para conocer con precisión dónde están las demandas y cuál es el monto presupuestal que se requiere”.

Afirmó que al momento sólo se ha creado uno de los 32 institutos estatales –en Sinaloa–, y que la normatividad establece un plazo máximo de 180 días hábiles para la creación de estos organismos en las entidades, por lo que “aún tenemos entre seis y siete meses para constituirlos”.

 
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