Editorial
Migración: paso adelante
La reforma a la Ley General de Población que despenaliza la inmigración indocumentada a nuestro país, y que permaneció congelada por el Senado durante cerca de un año, constituye un paso adelante en materia de derechos humanos que debe ser saludado. Los cambios reforman el artículo 18 de la citada ley y eliminan otros de sus pasajes que convertían en delito el ingreso de extranjeros a territorio nacional sin contar con los documentos migratorios correspondientes. Hasta ahora la ley ha castigado esa irregularidad hasta con 10 años de prisión, y con otros cinco a los connacionales y a los extranjeros que simularan un matrimonio para regularizar la estancia de los segundos. Con las modificaciones, tales acciones quedan reducidas a la condición de faltas administrativas, sin más sanción que multas equivalentes a entre 20 y 100 días de salario mínimo.
La tipificación de la migración como delito constituye un grave contrasentido ante una realidad global contemporánea que ha convertido los flujos migratorios de unos a otros países y de unas a otras regiones en la única salida para millones de personas. Las asimetrías económicas, la movilidad de las fuentes de trabajo y los conflictos internos que experimentan muchos países convierten en inexorable el tránsito de individuos, con o sin documentos, por fronteras nacionales que han sido atenuadas o borradas para mercancías y para capitales, pero no para seres humanos. En tales circunstancias, la economía mundial se ha vuelto una trampa para franjas enteras de población que se ven atrapadas entre la inhabitabilidad de sus entornos de origen y el acoso legal a que se ven expuestas en otros países.
En el caso de nuestro país, la persecución penal de los extranjeros indocumentados resultaba particularmente grotesca, no sólo porque chocaba frontalmente con la tradición de asilo, refugio y hospitalidad que ostenta nuestro país, sino porque millones de mexicanos padecen, en Estados Unidos, un trato gubernamental y social tan degradante como el que se ha dispensado aquí a los ciudadanos de terceros países que llegan al nuestro sin permiso de tránsito, visita o residencia. Castigarlos con cárcel ha socavado la autoridad moral de nuestro país para abogar por los mexicanos en suelo estadunidense.
La clasificación legal de los migrantes como delincuentes no evita ni disminuye la migración; simplemente multiplica las posibilidades de que los extranjeros sean maltratados, vejados, explotados, extorsionados y aun asesinados tanto por empleados públicos como por ciudadanos particulares. Eso ocurre en el sur de Estados Unidos con mexicanos y latinoamericanos que viajan a ese país en busca de trabajo, y otro tanto sucede en México a los centro y sudamericanos, tanto los que atraviesan el territorio nacional en su viaje a Estados Unidos como los que tratan de encontrar aquí condiciones de vida menos amargas que las que enfrentan en sus países de origen.
La abolición de la condición penal para los extranjeros indocumentados era, pues, un deber humanitario y de elemental congruencia cuyo cumplimiento estaba pendiente. En el contexto de un desempeño institucional decepcionante y exasperante, la aprobación por unanimidad de la reforma legal mencionada en la Cámara de Diputados constituye una buena noticia.