Usted está aquí: sábado 3 de mayo de 2008 Capital Comuneros de Xalatlaco solicitan anular acuerdos que resuelven conflicto limítrofe

■ Un pequeño grupo de agricultores busca desconocer al Comisariado de Bienes

Comuneros de Xalatlaco solicitan anular acuerdos que resuelven conflicto limítrofe

■ Tratan de recuperar un centro ceremonial que quedó en jurisdicción del Distrito Federal

Josefina Quintero M.

Ampliar la imagen Los comuneros de Xalatlaco se encuentran divididos por la posibilidad del arreglo sobre la posesión del predio Agua Grande Los comuneros de Xalatlaco se encuentran divididos por la posibilidad del arreglo sobre la posesión del predio Agua Grande Foto: Marco Peláez

Pese a que los gobiernos del Distrito Federal y estado de México anunciaron la resolución del conflicto agrario entre las comunidades de Xalatlaco y San Miguel y Santo Tomás Ajusco por el predio conocido como Agua Grande, un grupo de comuneros mexiquenses se inconformó ante la Procuraduría Agraria y solicitó anular todos las acciones realizadas por el Comisariado de Bienes Comunales de Xalatlaco posteriores al 10 de enero pasado, toda vez que carece de facultades porque en dicha fecha terminó su mandato.

Entre los acuerdos que piden anular está el convenio firmado el pasado 9 de abril, en donde las autoridades locales y federales dieron por terminado el conflicto que por 70 años mantuvieron ambas comunidades.

Asesorados por Rafael Ruanova Zárate y Miguel Ángel Becker Ramírez, abogados de la comunidad, el pasado 15 de abril presentaron el recurso de inconformidad relacionado con los expedientes 403/2004 y el 996/2006 en el que señalan que el 10 de enero de 2008 “precluyó automáticamente la legalidad y facultades para ostentar el cargo de los miembros titulares electos del Comisariado de Bienes Comunales”, por tanto, desconocen a Fernando Mejía, quien “hasta hoy se dice el representante de la comunidad”.

Además, argumentan que concluyó el plazo de 60 días, como lo marcan las leyes agrarias, para elegir representación y el Consejo de Vigilancia “se ha negado a emitir la convocatoria de ley”, por ello piden que mediante la dependencia se obligue al consejo a convocar a la elección de Comisariado.

En el punto número tres y en el cual los comuneros hacen énfasis, es que se emita un oficio para instar a las autoridades agrarias “para que se tenga como inválidas y nulas todas las actuaciones y trámites que han venido realizando los miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Xalatlaco desde el 10 de enero de 2008 y en especial se les reitere que dichos miembros desde esa fecha cesaron en su cargo y facultades, por lo que todas sus actuaciones y actos posteriores a la fecha de preclusión de su cargo y futuras no deben surtir efectos legales ni obligan a la comunidad de Xalatlaco”.

Por lo expuesto, el pequeño grupo de comuneros que firma el recurso manifiesta que el convenio entre las autoridades y la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco no es válido, pues fue hecho en fecha posterior a la señalada cuando Fernando Mejía “ya no tenía facultades”.

División entre comuneros

Los inconformes afirmaron que su intención es recuperar el centro ceremonial que se encuentra en dicho paraje y por el cual se desataron diversas confrontaciones entre las comunidades. En Xalatlaco los comuneros están divididos, poca respuesta han tenido las convocatorias para elegir una nueva representación. Apenas un pequeño grupo logró organizarse para defender la tierra, que actualmente por ley pasó a custodia de las autoridades capitalinas por ser una zona de reserva ecológica.

El pasado 13 de abril el Gobierno del Distrito Federal informó que entregó 45 millones de pesos del Fondo Metropolitano a 613 comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, como contraprestación por haber cedido 334 hectáreas a la comunidad de Xalatlaco, estado de México, mismas que formarán parte de un área natural protegida de mil 158 hectáreas.

Mediante el acuerdo las autoridades concluyeron con el conflicto que desató fuertes enfrentamientos entre las comunidades por la posesión de la tierra, para ello se tuvieron que definir los límites y se entregaron recursos que, aunque los quejosos aseguran no fue equitativo, sí aceptaron.

Actualmente los inconformes, incitados una vez más por Rafael Ruanova, quien en 2004 también aconsejó rechazar los acuerdos del Tribunal Agrario que reconocían la propiedad al Ajusco, intentan echar abajo la solución que puso fin al conflicto por Agua Grande y pese que hay pocas posibilidades, los alienta para que realicen la asamblea y se desconozca a Fernando Mejía y con ello, señalaron, “podremos recuperar nuestro centro ceremonial”.

 
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