■ Advierte al gobierno sobre el aumento de secuestros y extorsiones ligados a ese fenómeno
La realidad migratoria en el país “aún es trágica y dolorosa”, asegura la Iglesia
■ Critica los operativos para capturar a quienes cruzan por el territorio en forma indocumentada
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La Iglesia envió a Gobernación un estudio en el que señala las violaciones a derechos de indocumentados
Foto: Notimex
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió al gobierno federal que se ha registrado un aumento en los casos de secuestro, extorsiones y crimen organizado generados en torno al fenómeno migratorio, “muchas veces bajo complicidad de autoridades, siendo los niños y las mujeres los más afectados por su grado de vulnerabilidad ante crímenes como la trata de personas, redes de pornografía, comercio sexual, abuso y maltrato.
En el editorial del semanario Desde la Fe, que edita la Arquidiócesis de México, se refiere que Cáritas, de la CEM, en su dimensión de Pastoral Migratoria, preparó un informe de la situación del sector en 2007, mismo que “ya fue entregado al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño”.
Se cita que los datos fríos son alarmantes: “más de 200 violaciones a los derechos humanos de los migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales en 98 por ciento de los casos”.
Se señala que en el apartado “Deportaciones y repatriados” la Iglesia también critica la irregularidad que se suscita durante las repatriaciones de Estados Unidos a México, así como las deportaciones inhumanas desde nuestro país hacia Centroamérica.
Reconoce la Iglesia a las cámaras de Diputados y Senadores por eliminar cargos penales a indocumentados que ingresen al país, con la aprobación, la semana pasada, de las reformas a la Ley General de Población.
A pesar de ese avance, apunta el semanario, “la realidad migratoria aún es dolorosa y trágica en nuestro país”. En el informe de 41 páginas que se entregó a Gobernación se refiere que la criminalización de los migrantes es evidente por la militarización de la frontera sur, en las detenciones y repatriaciones masivas, en el incremento del presupuesto del Instituto Nacional de Migración para contener el flujo migratorio y en el aumento de los recursos de la Iniciativa Mérida –mil 900 millones de pesos– “so pretexto de controlar la seguridad nacional y combatir el tráfico de drogas, armas, etcétera”.
También critica los operativos para capturar migrantes, pues, asevera, muchas veces, en complicidad con las autoridades ferroviarias, los agentes orillan a los indocumentados a huir entre los ferrocarriles, arriesgando su vida. De enero de 2006 a la fecha, 114 personas han sido atendidas por grupos de protección a migrantes tras haber sufrido alguna mutilación por accidente.
De igual forma, señala que los grupos de defensores de indocumentados “también revelaron al menos 12 decesos entre las fronteras de Estados Unidos, México, Guatemala y Belice”.