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José Blanco

Pemex y Pidiregas

Escribo como un ciudadano que carece de conocimientos técnicos específicos sobre la problemática petrolera y sobre la empresa pública Pemex, pero que entiende que tales conocimientos no son necesarios para fijar una posición sobre lo que debiera ser la reforma de esta empresa nacional.

Es inútil que algunos funcionarios nos digan lo que hacen otras empresas públicas petroleras de otras naciones. Nuestros problemas son nuestros y tienen que ver con una historia nacional.

México es un país subdesarrollado, por su nivel de PIB per cápita, por su bajísimo nivel educativo medio, por su pobre infraestructura productiva nacional, por la fragilidad inmensa de sus instituciones, por la baja calidad de sus líderes políticos, por la amplitud de la proporción de la pobreza y la pobreza extrema y, sobre todo, por el grado sin igual de su desigualdad social y económica.

Seguramente la mayoría de los mexicanos ven en Pemex la mayor fuente potencial de recursos para enfrentar las desdichas referidas. Sólo por esa razón, los mexicanos no entenderían una reforma que implicara compartir las reservas de crudo con los inversionistas privados ni mexicanos ni extranjeros. Y seguramente quieren una reforma que haga posible que los ingresos generados por Pemex sirvan al mismo tiempo –en los plazos necesarios– para recapitalizar la empresa, expandirla, no importar gasolinas, generar cada vez mayor número de productos de la petroquímica secundaria, así como el establecimiento de otras políticas que impactaran directamente en el desarrollo de la economía nacional.

Muy probablemente quienes están cerca de Pemex, ya dentro de la empresa, ya fuera de ella, vean un exceso desorbitado en la demanda que he formulado. Pero muchos mexicanos no cejarían en el empeño de que eso fuera posible. Informes recientes, de fuentes diversas, dan cuenta de una deuda de Pemex que, se diría, habla de una imposibilidad absoluta para ver en la empresa esa fuente de recursos para el desarrollo.

En diciembre de 1995, el Congreso reformó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la Ley General de Deuda Pública en sus artículos 30 y 18, respectivamente. Estas reformas posibilitaron una nueva forma de endeudamiento para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad: los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, conocidos como Pidiregas (ya sabe el lector que los financieros siempre quieren aparecer como poseedores de recónditos saberes que no están al alcance de los mortales; así, suponen, es más fácil hacer de las suyas).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los Pidiregas tienen el propósito de contar con un medio para realizar inversiones en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Una empresa nacional o extranjera realiza una obra de infraestructura para Pemex, a crédito, y se vuelve un pasivo para la empresa. Si el gobierno federal comete una exacción sin medida con ésta –como ha hecho históricamente– no tendrá con qué amortizar sus deudas y, una de dos: o cada año el Presupuesto de la Federación asigna recursos a Pemex, entre otras cosas para pagar esas deudas en los plazos establecidos, o la empresa tiene que renegociar sus deudas, alargar los plazos de amortización, por ejemplo, con el consecuente crecimiento del costo de esa deuda.

Cuando una empresa refleja en su balance un crecimiento de sus pasivos, porque los recursos así obtenidos sirvieron para obtener activos (obras de infraestructura, por ejemplo), la cifra del pasivo se debe mostrar igualmente en el activo. Pero cuando se nos dice que Pemex ha adquirido deudas en Pidiregas, por más de un billón 618 mil millones de pesos, que superan en 30 por ciento el valor actual de la propia empresa, algo está tan “podrido en Dinamarca” que nunca los ciudadanos hemos podido saber el negro fondo que debe tener esa realidad. Si el endeudamiento sirvió para financiar activos, entonces lo que eso quiere decir es que los pasivos de la empresa superan el patrimonio de Pemex. Es decir, que en los hechos los acreedores son “más propietarios” de la empresa (de sus activos) que la nación (propietaria del patrimonio de la misma). Si se tratara de una empresa privada, diríamos que los pasivos son mayores que su capital o, lo que es lo mismo en los hechos, los acreedores en conjunto son “más propietarios” de esa empresa que los accionistas dueños del capital de la misma.

La sociedad requiere que Pemex formule un estado de origen y destino de los recursos, año por año; segundo, la primera medida de saneamiento de la empresa es que su deuda en Pidiregas se convierta en deuda sans phrases del gobierno federal, y se transparente en todos sus términos el estado de las finanzas públicas.

Realizada esta limpieza financiera en Pemex, la reforma fiscal de la misma empezaría por cesar la exacción a que ha estado sometida, y es entonces cuando la empresa estaría en condiciones de comenzar a operar competitivamente a nivel internacional.

Por supuesto, aquí me he referido sólo a un rubro del maremágnum financiero de Pemex. Si el erario deja de recibir los cuantiosos recursos que quita a Pemex, no tiene más remedio que llevar a cabo esa reforma que el país pide a gritos hace medio siglo.

 
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