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■ Ebrard asume críticas y promete creación de políticas públicas para subsanarlas

Cuestiona informe capacidad del GDF para garantizar respeto a los derechos humanos

■ El reporte fue hecho por el gobierno capitalino, el Alto Comisionado de la ONU, la ALDF y la CDHDF

Ángel Bolaños y Agustín Salgado

El Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal que presentó ayer el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, y que fue elaborado conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), organizaciones civiles, instituciones académicas, la Asamblea Legislativa (ALDF) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), cuestiona el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno capitalino para garantizar el goce pleno de los derechos de los habitantes de la ciudad y de quienes transitan por ella en temas como agua, salud, medio ambiente, vivienda, trabajo, procuración de justicia y readaptación social, entre otros.

En el documento, de 895 páginas, se señala, por ejemplo, en el tema del agua que más de un millón de personas no tienen acceso a un suministro continuo y la asignación presupuestal es insuficiente para el uso de tecnologías de captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales.

En medio ambiente dice que las acciones implementadas desde la década de los 90 muestran una lenta tendencia a bajar los niveles de ozono y partículas suspendidas en el aire; reprocha la falta de voluntad política para aplicar la Ley de residuos sólidos y advierte que aún con las acciones emprendidas por el gobierno para garantizar la sustentabilidad de la ciudad, “siguen faltando capacidades financieras e institucionales para revertir la crisis ambiental que afecta al Distrito Federal” y en materia de salud, resalta un bajo desempeño en vigilancia epidemiológica y vacunación, prevención y control de la diabetes mellitus e hipertensión arterial, cáncer cérvico-uterino y VIH, además de una desigual distribución de las instalaciones médicas en perjuicio de la población de más bajos recursos que habita en la periferia, así como saturación de los servicios, falta de personal médico y desabasto de medicamentos.

Establece 16 recomendaciones generales entre las que destaca la elaboración del programa y de una ley de derechos humanos para la entidad; crear presupuestos con perspectiva de derechos humanos; promover reformas legislativas y llenar los vacíos que la ley contiene en esta materia y generar espacios efectivos de participación de la sociedad civil para la elaboración de las políticas públicas, así como la creación de una institución de información estadística.

En la presentación del documento, ante representantes de todas las instancias que participaron en su elaboración, Ebrard dijo que asume la crítica que contiene el documento porque a partir de ella es posible conocer en qué punto está la entidad en el tema de los derechos humanos y diseñar los programas y políticas públicas que permitan construir “la ciudad que todos queremos”.

El representante del OACNUDH, Amerigo Incalcaterra, reconoció la voluntad política del gobierno de la ciudad para llevar a cabo este ejercicio, el cual “no tiene precedentes en el país ni en el mundo”.

 
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